En subasta

El Gobierno ya ha embargado una de las viviendas -que está a punto de ser subastada- y ha enviado a los otros 122 propietarios el documento acreditativo en el que se informa de la deuda de 471.042 euros más recargos, 600.000 euros en total. Según la abogada de éstos, en las escrituras consta que las casas están libres de cargas y con todos los impuestos liquidados en forma.
Los afectados mantuvieron posteriormente una reunión con representantes del Ejecutivo regional, donde fueron informados de que los embargos continuarán de inmediato sobre el resto de las viviendas hasta cubrir la deuda, ya que si existe impago por parte de la junta gestora el cobro puede ser exigido a los propietarios de las viviendas de forma solidaria o individual.

Aumento de precio

La cooperativa se creó en 1999 con el objetivo de comprar viviendas unifamiliares en Boo de Piélagos. Ese mismo año se contrató a la empresa Inmuebles y Servicios Cántabros para gestionar la construcción, y se le otorgaron poderes a su representante.
Según el testimonio de los afectados, la cooperativa adquirió un terreno junto al cementerio de Boo para construir las viviendas, y el Consejo Rector presentó a los miembros un informe en el que se hacía constar que el precio de cada una era de 120.202 euros. Con la promotora encargada de la ejecución de las obras se estableció un precio cerrado de 12,1 millones de euros.
Posteriormente, siempre según los denunciantes, los directivos presentaron a los cooperativistas un contrato de adjudicación de vivienda y parcela, que se firmó por éstos en el mes de junio de 2002. El precio final por cada casa se fijó en 145.000 euros, con variaciones dependiendo de la vivienda elegida y de los metros de la parcela.
En enero de 2005, una vez finalizada la construcción de la urbanización, llegó el momento de escriturar las viviendas. Los cooperativistas se encontraron con que el precio final había ascendido hasta los 214.000 euros. Varios socios, al verse obligados a firmar las escrituras de compraventa en unas condiciones distintas, lo pusieron de manifiesto en la correspondiente acta notarial.
Varios meses después, algunos miembros de la cooperativa requirieron judicialmente la entrega de la documentación de la sociedad, que fue entregada a un economista contratado por ellos.
Según se puede leer en el informe de dicho especialista, la documentación entregada por el representante de la cooperativa no le permitió examinar la contabilidad, ya que faltaban varios documentos, como los libros de registro diario, inventarios y balances y el libro de registro de aportaciones al capital social, entre otros. Al parecer, sólo se remitieron unos balances de sumas y saldos mensuales y acumulados desde el ejercicio 2000 al 2004, así como ciertas cuentas de mayo y un libro de facturas recibidas desde el 1 de enero de 2000 al 20 de noviembre de 2005, «todos ellos sin diligenciar ni legalizar», según los denunciantes.

En quiebra

A la empresa encargada de ejecutar las obras se le abonaron, hasta el mes de abril de 2003, 8 millones de euros, por lo que aún faltaban por entregarle 4,1 millones de euros. Sin embargo Adproin entró en quiebra y la directiva de la sociedad formalizó un contrato con Emilio Bolado S.L. para finalizar la obra, con un precio cerrado de 4,9 millones de euros. Se incrementaba así la cantidad previamente establecida en 800.000 euros.
En junio de 2004, seis meses después de cumplirse el plazo de entrega de las viviendas, la dirección de la cooperativa firma con la empresa Emilio Bolado un contrato de aumento de precios unitarios por importe de un millón de euros, y un incremento de precios contradictorios por unidades de obra por importe de 335.706 euros. Cada socio vio como su vivienda se encarecía casi un 30% más, según los datos manejados por los demandantes.

Cuentas anuales

La sociedad Duque de Ahumada, según la versión dada por los denunciantes, solamente presentó a tiempo las cuentas anuales de 2002 en el Registro de Cooperativas del Gobierno de Cantabria. Los ejercicios de los años 2003 y 2004 se presentaron extemporáneamente el 24 de marzo de 2006, sólo 18 días después del requerimiento de un cooperativista ante la Dirección General de Trabajo. Las cuentas anuales de los ejercicios 1999, 2000 y 2001 no consta que hayan sido formuladas y depositadas en el Registro de Cooperativas, tal y como preceptúa la Ley. Los afectados valoran en nueve millones de euros el dinero estafado por estas cinco personas.

http://www.eldiariomontanes.es/2009...s-20090704.html