Este jueves, la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), que ejerce la acusación popular en la causa que investiga el chivatazo a Eta, ha solicitado, a través de un escrito de alegación al informe fiscal, al juez Garzón que no archive la causa sobre la supuesta filtración a la banda terrorista y que la Guardia Civil asuma la investigación.

Por su parte, la Unión de Oficiales (UO) de la Guardia Civil, asociación que reúne a mandos del instituto armado, anunciaba el pasado jueves que se personará en el "caso Faisán", ante la posibilidad de que sea archivado. Para la UO es "vergonzante" que miembros de un cuerpo policial sean "acusados" de ser los autores del chivatazo "así como que esta inadmisible actuación pueda estar motivada por razones de clientelismo político".

En su empeño para que el “caso Faisán” no caiga en el olvido, la portavoz popular, Soraya Sáenz de Santamaría, tenía preparada una pregunta sobre el asunto para que De la Vega la respondiese durante la sesión de control al Gobierno. Cual fue su sorpresa que la vicepresidenta se negó y rechazando la pregunta emplazó a la vuelta de Rubalcaba —de viaje oficial- para que diese cuenta en el Congreso del “chivatazo”.

Según ha explicado el portavoz de Interior del PP a EL IMPARCIAL, “no hay antecedente en democracia en el que un miembro del Gobierno se negase a responder una pregunta en el Congreso”. Ignacio Cosidó ha afirmado que esta actuación por parte del Gobierno responde a “una huída que da a entender que está ocultando de forma exagerada la trama financiera de Eta. Es injustificable e intolerable esta espantada por parte del Ejecutivo, que responde a un ataque de pánico de la vicepresidenta y del ministro del Interior”.

Desde el PP -ha comentado el portavoz popular- “se tiene la actitud de llegar hasta el final porque ni puede quedar una mancha así entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y por respeto a las víctimas del terrorismo”.

Por otro lado, “la voluntad del PP es conocer la verdad y exigir responsables políticos. Tengo la convicción de que este chivatazo no se pudo llevar a cabo sin una orden política y quien dio esa orden debe conocerse y asumir su responsabilidad”.

Para entender uno de los supuestos episodios más negros de la democracia es necesario acudir a los antecedentes. A cargo del supuesto “chivatazo”, del que cabe destacar que tenía lugar en medio la negociación de Zapatero con la banda terrorista, quedaba el juez de la Audiencia Nacional, Grande Marlaska, pues Baltasar Garzón se encontraba disfrutando de su excedencia en Nueva York.

Es entonces cuando el inspector jefe de policía Carlos G. se hace cargo del equipo de investigación policial que lleva este caso. El juez Marlaska también puso a trabajar en el presunto “chivatazo” a la Guardia Civil. Cuando vuelve Garzón y se hace cargo de la investigación aparta al grupo de la benemérita y es Carlos G. y su equipo desde ese momento los únicos que indagan en el caso.

Sin embargo, los dos grupos ya habían realizado sus informes en los que detallaban un tráfico telefónico sospechoso el día de la filtración. Se demostraba que hubo una llamada del por aquel entonces jefe de seguridad de la sede del PSOE, Fernando Mariscal, al jefe de la Brigada Operativa de San Sebastián, Manuel Risco, implicado en la operación contra la extorsión. Poco después el primero era relevado de su puesto.

Al final, todas las pesquisas apuntaban al ex director de la Policía Víctor García Hidalgo como autor de la filtración, que se serviría para llegar a los etarras de un jefe superior de policía y de un inspector jefe. Así, también se encuentran imputados un responsable policial del País Vasco y un inspector de la provincia de Álava.

El escrito en el que el Ministerio Fiscal pide el archivo de la causa no sólo resta importancia a las investigaciones realizadas por Carlos G., sino que también siembra dudas sobre el equipo y parece en ciertas frases llega a acusarles. Por ello, el inspector jefe rompía su silencio enviando a los medios de comunicación una carta firmada ante notario en la que desmiente que él tenga nada que ver con “chivatazo” y en la que acusa a la Fiscalía de ocultar datos.

El responsable policial asegura que en el momento de los hechos, el 4 de mayo de 2006, él se encontraba reunido con el juez Grande Marlaska, quien dirigía la operación.

En su declaración, Carlos G. apunta a dos policías como autores del “chivatazo”, por lo que parece tener claro quiénes fueron los culpables. “Sólo unos meses después de que se conformase el equipo hispano francés que investigaría el aparato de extorsión de Eta dos policías, de forma canallesca y servil, colaborarían con los terroristas para reventar una operación que se venía investigando desde 2004 por mi Sección y que iba a culminar ese día pillándoles con las manos en la masa después de tantos meses de esfuerzo y dedicación”.

Por último, acusa al fiscal encargado del caso de no haber reunido nunca al equipo investigador y de omitir en el informe en el que el Ministerio Público solicitó el archivo de la causa informaciones “relevantes”.


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