La negativa de Montoro ha generado tensión entre los populares del Congreso de los Diputados, encabezados por Conrado Escobar, y los responsables del Ministerio de Hacienda. De hecho, los primeros ya han solicitado dos prórrogas para la presentación de enmiendas, algo que no suele ser habitual que lo haga el partido que sostiene al Gobierno, que es del que parte la iniciativa legislativa.

Pero no es al Grupo Popular al único al que ha molestado la decisión de Montoro. La oposición del ministro también ha provocado el enfado generalizado de los más de 2.000 jefes de la Guardia Civil a los que afecta la Ley de Personal, muchos de los cuales ven cómo llueve sobre mojado, ya que no es la primera vez en la tramitación de esta normativa que Hacienda actúa contra sus intereses.

En concreto, el departamento de Montoro ya se opuso a que los alféreces –primera categoría de la escala de oficiales– cobraran en arreglo a su categoría profesional. Un primer borrador del proyecto de Ley de Personal propuesto por el Gobierno, que no llegó al Consejo de Ministros, reconocía que, como oficiales, estos profesionales deberían pertenecer al grupo A1 de funcionarios, con lo que les correspondería un aumento de sueldo, ya que actualmente no se les considera dentro de este nivel.

Tras conocer ese texto previo, el Ministerio de Hacienda se opuso a que los alféreces fueran incluidos en ese grupo A1. El departamento de Montoro argumentó que no había presupuesto y volvió a pasar a los oficiales afectados al grupo A2 de la Administración del Estado, de donde nunca han salido.

El presidente de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, Francisco García, llegó a calificar de “vergonzoso” el hecho de que estos funcionarios sufran esta discriminación. “Son oficiales, trabajan como tales y ejercen las funciones propias de los oficiales; sin embargo, no tienen el mismo sueldo”, criticó.

De hecho, el propio director general del instituto armado, Arsenio Fernández de Mesa, admitió que la situación era injusta durante una sesión del Consejo de la Guardia Civil celebrada el 17 de diciembre, tres meses antes de la aprobación del proyecto de ley. “Hay que luchar porque se mantenga el empleo de alférez y que se atienda como requiere el primer empleo de la escala de oficiales”, señaló en el citado foro Fernández de Mesa, quien añadió que la Ley de Personal podría ser un buen momento para arreglar el problema.

El texto elevado a Las Cortes por el Consejo de Ministros el pasado 21 de marzo, sin embargo, no contenía la propuesta de los alféreces. Tampoco la de la partida reservada a las escalas destinadas a extinguirse. Aunque este último punto está actualmente en plena discusión entre Grupo Popular y Ministerio de Hacienda. La duda de si finalmente la ley dota de plantilla (y por lo tanto de presupuesto) a las citadas escalas se resolverá previsiblemente mañana, que es cuando termina la segunda prórroga de presentación de enmiendas solicitada por los populares.

La Unión de Oficiales de la Guardia Civil ha reivindicado en las reuniones mantenidas con el Grupo Popular y el resto de partidos del arco parlamentario que no tiene sentido condenar a cientos de mandos del instituto armado a los que les quedan aún 20 o 30 años de carrera profesional. La asociación ha llevado a cabo una campaña a través de las redes sociales con el fin de reclamar al Gobierno y al PP una reflexión.

La Ley de Personal unifica las cuatro escalas de oficiales en una sola, aunque impone condiciones para integrarse en ella a todas menos a la que agrupa a los mandos que salen de la Academia General Militar de Zaragoza y que actualmente ocupan todos los puestos de la cúpula de la Dirección General de la Guardia Civil. Estos últimos representan un tercio del total de mandos del instituto armado y son unos mil oficiales. El resto son mandos que ascienden por promoción interna.

Los primeros, por supuesto, no se han quejado de los requisitos que impone la ley, ya que ellos se integran directamente en la nueva y única escala de oficiales resultante. Los demás han mostrado públicamente su enfado tanto en las citadas redes sociales como a través de las asociaciones de la Guardia Civil, especialmente por medio de la Unión de Oficiales y de la Asociación Unificada de Guardias Civiles.

Los mandos de promoción interna están obligados, según el nuevo texto –aún en trámite parlamentario–, a realizar un curso de un año y a ascender a capitán si quieren integrarse. Actualmente hay más de mil oficiales por debajo de la categoría de capitán (800 tenientes y 350 alféreces) que no saben qué va a ser de su futuro, ya que sus posibilidades profesionales se verán seriamente mermadas en el caso de que se vean abocados (bien porque no hagan el curso bien porque no asciendan) a permanecer en una escala a extinguir. Así lo ha denunciado, de hecho, la Unión de Oficiales, que llegó a amenazar con llevar a cabo medidas de protesta presenciales a través de un comunicado.

Tanto las presiones realizadas por esta asociación sobre el Grupo Popular como el rumor de que el PSOE estaría dispuesto a hacer concesiones a algunas de las demandas del colectivo (entre ellas, permitir que la integración en la nueva escala tenga lugar desde el empleo de teniente) han provocado la reacción del equipo de Conrado Escobar, que esta pasada semana negociaba con el Gobierno (ministerios de Hacienda e Interior) el contenido de las enmiendas.

http://www.seguridadytribunales.es/guardia-civil/montoro-se-opone-a-los-cambios-que-quiere-hacer-el-pp-en-la-guardia-civil/4732