La juez María José González, que instruye el caso del incendio en el cuartel de la Guardia Civil de Valdemoro en el que murió un subteniente y salvaron la vida in extremis otros siete funcionarios, considera probado que la instalación no contaba con personal encargado de riesgos laborales. Hasta un año después de la catástrofe -ocurrida el 29 de junio de 2010- la Dirección General de la  Guardia Civil no envió a un técnico de nivel medio, asegura la instructora, que también subraya en su último auto que, al no haber personal, nadie hizo la evaluación de riesgos del edificio en el que se produjo la explosión.

González, sin embargo, da por buena la explicación de la Dirección General, que argumentó que no había técnicos en riesgos laborales en el momento del incendio por “el control presupuestario que impuso el Gobierno, que conllevó una reducción de la oferta de empleo público para 2010” y por la limitación en gastos de personal también decretada por el Ejecutivo. Estos recortes económicos provocaron, según el propio Ministerio del Interior confesó en respuesta a la instructora el 22 de mayo de 2012, que la dotación de expertos en riesgos laborales se llevara a cabo en todos los órganos de prevención “de forma progresiva”.

Esta paulatina dotación de técnicos, por lo tanto, llegó tarde en el caso del cuartel de Valdemoro, donde terminó muriendo el subteniente Francisco Morcillo Moya, considerado un héroe por algunos de los funcionarios que comparecieron durante la fase de instrucción. A punto estuvieron también de correr la misma suerte siete guardias civiles que estaban haciendo un curso y que se vieron atrapados por el fuego. Solo la valentía de compañeros suyos que trabajan en el Servicio de Retribuciones permitió que entre todos pudieran romper unos pequeños ventanucos por los que salieron los funcionarios, que ya estaban arrodillados preparándose para morir.

La magistrada también deja claro que en la fecha del siniestro tampoco había sistema de extinción de incendios. La Dirección General tenía firmado únicamente un contrato de detección de fuego, pero no de extinción, como confirmó la propia empresa que prestaba el servicio, Saima Seguridad. Sin embargo, para la juez también resulta suficiente el hecho de que en la práctica sí había extintores.

“Aun cuando no estaba contratado el mantenimiento de los sistemas de extinción de incendios, el edificio contaba con extintores y BIES (bocas de incendios), habiendo cogido precisamente el subteniente fallecido el día de autos un extintor con el que tratar de sofocar el fuego, lo que demuestra la existencia de sistemas de extinción aun cuando su mantenimiento no estuviera atribuido a ninguna entidad”, arguye la juez en su auto del pasado marzo en el que declara el archivo de la causa.

La magistrada, que también admite que “no funcionaron las mangueras ni las bocas de incendio”, considera acreditado que se produjeron “irregularidades y deficiencias en materia de seguridad y salud en el trabajo” en las dependencias del instituto armado durante el día de autos y los anteriores. Sin embargo, considera que ninguna de estas infracciones tiene relevancia penal, “máxime al no poder atribuirlas a persona alguna”.

El desastre de los sistemas de riesgos laborales admitido por la juez y por la Audiencia Provincial deMadrid, que indicó incluso que la alarma sonaba cuando no pasaba nada y que "ya no se le hacía caso"  era conocido antes de la catástrofe. De hecho, el capitán Antonio Serrano Orta, destinado en las instalaciones de Valdemoro, alertó hasta en tres ocasiones a la Dirección General de que no funcionaba el sistema antiincendios.