Mientras el último barómetro del CIS, correspondiente al mes de abril, señala a la Guardia Civil como institución más valorada por los ciudadanos, el Gobierno evidencia con hechos un trato discriminatorio y casi marginal hacia el Cuerpo.

75 céntimos por cada guardia, 4 euros por cada policía, y 92 euros por cada juez. Así son las subvenciones que reciben las organizaciones profesionales. 

 Hace poco denunciábamos la polémica Orden Ministerial aprobada el 1 de mayo por la que se establecía la convalidación de título universitario de grado para los subinspectores de policía y de máster para los inspectores, lo que suponía una flagrante discriminación hacia los suboficiales y oficiales de la Guardia Civil.

Dicha Orden venía a echar combustible al fuego que provocan las continuas vejaciones y desprecios a los que los Guardias Civiles se ven continuamente sometidos por parte del Gobierno.

Recordamos que durante la tramitación de la recientemente aprobada Ley de Personal se negó, entre otras reivindicaciones por parte de las asociaciones profesionales, la contratación de un seguro de responsabilidad civil o el ascenso con carácter honorífico al empleo superior a los afectados por la Ley 28/1994 alegando motivos presupuestarios. Sin embargo, estas medidas sí que fueron aprobadas sin trabas para el Cuerpo Nacional de Policía y para las FAS respectivamente.

Otra clara evidencia de este trato discriminatorio la tenemos con el reparto de subvenciones a las asociaciones profesionales de Guardias Civiles. La Ley de Presupuestos Generales del Estado establece, con cargo a los gastos del Ministerio del Interior, una cuantía de 60.000 euros para subvencionar la organización, funcionamiento y actividad de las asociaciones profesionales de guardias civiles.

Ahora bien, esta cantidad resulta ridícula si la comparamos, por ejemplo, con la recibida por los sindicatos del CNP, que la cuadruplican (260.520€), o las asociaciones profesionales de Jueces, que la multiplican por ocho (483.070€).

Todavía más revelador es el análisis de estas cifras atendiendo al número total de componentes de cada colectivo. Así, teniendo en cuenta que hay 79.000 guardias civiles, 65.000 policías y 5.200 jueces, obtenemos que el Gobierno destina a subvenciones 0,75€ por cada Guardia Civil, 4€ por policía y 92,89€ por juez.

Es decir, si consideramos que la función de las asociaciones profesionales y sindicatos es la defensa y promoción de los derechos e intereses profesionales, económicos y sociales de los colectivos a los que representan se refleja como al Gobierno le preocupan bien poco las necesidades de los Guardias Civiles.

Por otro lado, esta devaluación de la defensa profesional de los miembros del Cuerpo responde, sin duda, al intento de menguar el potencial de crecimiento y organización de las asociaciones en el seno de la Guardia Civil, tratando de abocarlas al papel de meras comparsas y seguir manteniendo un cuerpo policial low cost, una marca blanca de la seguridad del Estado que responda a cualquier circunstancia bajo la premisa presupuestaria del TODO A UN EURO.

Estas situaciones están provocando que cada vez sean más voces las que se levantan contra el carácter militar del Cuerpo, al que se le acusa de ser la causa que permite estas discriminaciones.

Madrid, 18 de mayo de 2015
UNION DE OFICIALES GUARDIA CIVIL