1 de Septiembre 2018  

En el día de hoy, el grupo de trabajo constituido por sindicatos de Policía Nacional, Asociaciones profesionales de Guardia Civil, y colectivos de víctimas de terrorismo el pasado mes de julio, ha celebrado en Vitoria su primera reunión con el fin de compartir las iniciativas puestas en marcha hasta el día de la fecha contra la retirada del citado Recurso de Inconstitucionalidad por parte del Gobierno de España, previo acuerdo con el PNV.

Puestos en común los pormenores de los recursos y escritos registrados ante la Administración de Justicia, el Defensor del Pueblo, y la Delegación del Gobierno en el País Vasco desde los portavoces y responsables jurídicos de cada una de las organizaciones, las intervenciones se han centrado en desglosar y diseñar la hoja de ruta que en tanto en el plano legal como en el mediático tiene por delante el grupo de trabajo, consensuando de forma unánime por parte de todos los presentes, la neutralidad y la ausencia de vinculación política de las iniciativas que se lleven a cabo.

La medida legal adoptada más inmediata será, la adhesión del resto de organizaciones al recurso presentado por el SUP ante el TSJ del País Vasco al que se sumó una vez fue admitido a trámite, el colectivo de víctimas ACFSE. Para la preparación de dicho recurso, la pasada semana APROGC requirió a la Delegación del Gobierno en el País Vasco, al amparo de la Ley de Transparencia, el acceso a los informes emitidos por la Abogacía del Estado en la CAV en los que se razonaba la ilegalidad de la Ley vasca de “abusos policiales” y el Decreto vasco de 2012 que le precede.

Concretado estos extremos, los responsables jurídicos han expuesto la gravedad de la redacción del texto de la Ley vasca, ya que su ámbito de aplicación no se limita a los funcionarios públicos miembros de las FFCCS, sino que afectaría también al resto de funcionarios públicos como podrían ser Jueces, Fiscales, Forenses, Funcionarios de Prisiones, cuya labor se hubiese desarrollado en el ámbito de la lucha antiterrorista desde los años 60. En atención a ello el objetivo del grupo de trabajo se centrará en las próximas fechas en involucrar en las acciones emprendidas, a otros colectivos profesionales potencialmente afectados por la citada Ley.

De forma unánime, se ha decidido agotar todas las acciones legales que resulten procedentes, al alcance del grupo de trabajo, incluido la interposición de una querella por prevaricación administrativa, una vez se concluya el estudio de toda la documentación que se está recabando, si los servicios jurídicos representados lo estiman procedente.

En el mismo orden, los representantes del grupo de trabajo han acordado iniciar durante las próximas semanas movilizaciones –manifestaciones y concentraciones- en el ámbito social, con el fin de visualizar su trabajo en defensa de los intereses de miembros de las FFCCS, destacando entre ellas la de dar traslado a Europa de las irregularidades detectadas y de la adulteración del relato promovida desde el Gobierno Vasco, de las cuales se informará puntual y oportunamente.