La Generalitat de Cataluña, en su empeño de que los Mossos asuman todas las competencias en detrimento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha aprobado el Decreto 57/2023, 21 de marzo, de reestructuración de la Dirección General de la Policía, cuyo art. 64 establece:

“Corresponden al Área Marítima las siguientes funciones: f) Desarrollar funciones de seguridad ciudadana, vigilancia de la navegación, vigilancia de acontecimientos que se realicen en el mar, vigilancia de las zonas marítimas protegidas, y de las infraestructuras portuarias e instalaciones acuáticas”

Dicha norma supone una clara invasión de las competencias del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y la asignación a los Mossos d’Esquadra de las que la Ley, incluida la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o el propio Estatut d’Autonomia, no les otorgan, ya que las propias de los Mossos d’Esquadra (y exclusivamente en aguas interiores), son administrativas y se refieren a la pesca, la acuicultura y el marisqueo.

Ya en el mes de marzo de 2019 la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial tuvo que pronunciarse ante los reiterados intentos de los Mossos d’Esquadra de asumir dichas competencias, declarando que “la competencia en materia de policía judicial en los espacios marítimos recae exclusivamente en la Guardia Civil” y que “las Policías Autonómicas solo tienen competencia como policía administrativa sobre aguas marítimas interiores”.

Pese a eso, la Comunidad Autónoma ha continuado con su plan, empleando el dinero de los presupuestos en adquirir embarcaciones para las nuevas Unidades Marítimas de los Mosos d’Esquadra, duplicando el gasto del contribuyente, pues ese servicio ya lo viene prestando la Guardia Civil.

Y esto no es casual, pues todo sucede a un año escaso de la celebración de la Copa América de Vela en las aguas de la costa de Barcelona, un escaparate internacional para Cataluña, foco del que la Generalitat parece querer alejar todo aquello que, como la Guardia Civil, representa a España.

Ni el Gobierno de España, ni grupos políticos han levantado la voz o tomado alguna medida contra este atropello de las competencias de la Guardia Civil. Ante este silencio nos preguntamos si estamos ante una situación de consenso entre el Gobierno de España y las autoridades catalanas para desmantelar el servicio marítimo, como se ha hecho con los grupos de Rescate en Montaña o como se está haciendo con Tráfico en Navarra.

La Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) quiere denunciar públicamente la situación de abandono y desprotección política en la que se encuentra la Guardia Civil, por lo que, ante tal situación, se estudiarán y se adoptarán, como se hizo con el traspaso de competencias de Tráfico en Navarra, las medidas que estén a su alcance para defender las competencias que la Ley otorga a la Guardia Civil en garantía de la seguridad de todos los españoles.

Madrid, 26 de junio de 2023

UNIÓN DE OFICIALES GUARDIA CIVIL PROFESIONAL