En verdad no se trata de valorar si había buena o mala voluntad a la hora de asignar los destinos, sino si se estaba cumpliendo o no el mandato del Legislador. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha sido contundente al sentenciar que se estaba incumpliendo lo que ordena la Ley.

Esto obliga a la Guardia Civil a “ponerse las pilas” y a desarrollar, como exige la Ley, el sistema de concurso de méritos y la clasificación, y justificación, en una Orden Ministerial de los puestos que pueden cubrirse por el sistema de libre designación.

Los grandes beneficiados de este cambio, además de los guardias civiles, serán los ciudadanos, porque la nueva normativa se basará en criterios objetivos frente a la subjetividad que permite el actual y excesivo sistema de libre designación.

Entendemos que la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia pueda haber creado una importante distorsión en la Guardia Civil, y que pueda acarrear perjuicios a algún miembros del Cuerpo, ya que ha provocado que se suspendan los concursos de asignación de destinos que están en trámite y que se retrasen los que estaban pendientes de anunciarse. Hay que recordar que el mandato del Legislador que se viene incumpliendo data de 1999 y que la Uniónde Oficiales (UO) lo viene denunciando desde hace años. Si hay algún responsable al que se debería exigir responsabilidades por esos perjuicios no es precisamente a esta asociación que, por el contrario, tiene el mérito de haber exigido el cumplimento de la Ley. Los responsables son aquellos que desde 1999 han dirigido la Guardia Civil y el Ministerio del Interior haciendo oídos sordos a lo que ordenaba la Ley. Pero no pasa ni pasará nada. Aquí solo se le exigen responsabilidades al que lleva los zapatos sucios; poco más.

Vienen a la cabeza las palabras de la Vicepresidenta del Gobierno en la rueda de prensa tras una reciente sesión del Consejo de Ministros. Dijo que el gobierno está para “cumplir y hacer cumplir la ley”. Pues eso mismo decimos nosotros. Los sucesivos gobiernos y responsables de la Dirección General de la Guardia Civil, a día de hoy, no han hecho lo que tenían que hacer. En este asunto no han cumplido la Ley, dejando cientos de perjudicados por el camino que presos de un sistema de provisión de destinos injusto e ilegal (como dicta el TSJ) tuvieron que hacer las maletas y trasladar su domicilio y sus familias.

Pero hay más. Hace pocos días, la Comisión de la Unión Europea ha “tirado de las orejas” a España por no terner regulada la jornada laborar para los miembros de la Guardia Civil.

Y más. El sistema de enseñanza de la Guardia Civil sigue expidiendo titulaciones de Diplomado Universitario, titulación que sabemos que ya no existe, pese a que desde 2007 la Ley 39/2007 ordena al gobierno presentar un proyecto de Ley que adapte el sistema de formación al sistema educativo general (título de grado) e integre las escalas de oficiales, algo que ya se ha hecho en todos los ámbitos civiles e incluso en las Fuerzas Armadas, SALVO EN LA GUARDIA CIVIL.

Será que no lo venimos denunciando hace años. Recordarán aquella multitudinaria manifestación a las puertas de la sede de la Dirección General de la Guardia Civil en las que se reclamaba por la regulación de la jornada laboral y la Ley de Personal. Será que no lo hemos dicho.

Parece que la Guardia Civil, o los gobiernos de turno son incapaces de modernizar esta benemérita Institución si no es a golpe de sentencia o imposiciones desde fuera de España.

Cómo nos gustaría solucionar los problemas y mejorar el Cuerpo desde dentro..., sin tener que acudir a los órganos judiciales o a las instituciones internacionales. Pero no nos dejan otro camino.