LA UO MUESTRA SU INQUIETUD ANTE LOS NUEVOS INDICIOS DE IMPLICACION POLITICA EN EL CASO FAISAN
Sobre el conocido Caso Faisán hemos podido leer en los medios de comunicación que el Gobierno, presuntamente, intentó sobornar al Magistrado Grande-Marlaska para que dejara la causa del Chivatazo en manos del Juez Baltasar Garzón, cuya notoria afinidad política con el Gobierno le ha valido, recientemente, la reprobación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
De ser cierta esta presunta maniobra de instrumentalización judicial, se vendría a confirmar uno de los peores temores de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, que no es otro que la motivación política del conocido chivatazo a ETA.
Esta dimensión política, implicaría que, aquellos que, en teoría, deben velar por nuestra seguridad, se habrían encargado de utilizar recursos del estado en auxilio de los asesinos de compañeros y conciudadanos, lo que vendría a ser un comportamiento absolutamente indigno de cualquier responsable político o policial.
La Unión de Oficiales considera que no existe razón política o de estado que legitime esta deplorable actitud por lo que está esperando una inmediata y contundente respuesta del Gobierno en este sentido.
Sin embargo, hasta la fecha, nuestro Gobierno no ha efectuado ninguna declaración al respecto y su silencio cómplice solo contribuye a ensombrecer, injustificadamente, nuestro estado de derecho y la sacrificada labor de la lucha antiterrorista.
Además, la posibilidad de que no se admita la personación de la UO en el caso, actualmente recurrida, no contribuye, precisamente, a aliviar el clima de duda generado respecto a la verdadera voluntad del Gobierno por esclarecer el caso.
Por tanto, si el Gobierno no desmiente categóricamente esta noticia y exige las oportunas responsabilidades, entenderemos que está admitiendo tácitamente la noticia, aumentando la lógica inquietud y profunda desmoralización ya existente entre los miembros de las fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Madrid, 08 de Enero de 2010
JUNTA DIRECTIVA UNION DE OFICIALES GUARDIA CIVIL PROFESIONAL
El análisis de 2.000 llamadas apunta que la cúpula policial ordenó el 'chivatazo' a ETA
Un informe en poder de Garzón señala que la Policía avisó en plena tregua al aparato de extorsión terrorista de que iba a ser detenido
19.01.10 - 02:47 -
MELCHOR SÁIZ-PARDO | | MADRID.
El atestado policial clave sobre el 'chivatazo' a ETA empieza a ver la luz. El documento, todavía secreto por orden de Baltasar Garzón, sólo contempla una hipótesis: el soplo que avisó a la banda de la redada contra su aparato de recaudación el 4 mayo de 2006 fue obra de la cúpula de la Policía Nacional. Los cinco investigadores dirigidos por el inspector jefe Carlos G., en un informe de 70 páginas y preñado de datos, incluyen los nombres de los tres mandos del Cuerpo -entre ellos el del ex director de la Policía Víctor García Hidalgo- y de los dos funcionarios que supuestamente intervinieron en la delación, por orden de sus superiores.
Según revela el atestado 376/07 en poder de la Audiencia Nacional, los investigadores avalan sus conclusiones en el análisis pormenorizado de cerca de 2.000 llamadas en la zona del bar Faisán de Irún -la presunta sede del aparato de recaudación- el día de la delación. Se trata de un trabajo ingente hasta reducir las comunicaciones sospechosas a sólo 70 y que, en contra de lo que sostiene la Fiscalía, sí que sirvió para individualizar la llamada del 'chivatazo': fue a las 11.23 horas del 4 de mayo y se la realizó un inspector de Vitoria al jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés.
El inspector, dedicado a la lucha contra el terrorismo de Al-Qaida, en ese momento se encontraba acompañado de Joseba Elosúa (el supuesto jefe del aparato de recaudación de ETA), al que había encontrado en su bar de Irún, tras intentar sin éxito localizarle poco antes en su casa. El policía le habría pasado su propio teléfono a Elosúa para que Pamiés le contara la inminente operación antiterrorista, según apunta el atestado policial. La llamada duró exactamente 491 segundos.
Orden política
Los investigadores infieren que Víctor García Hidalgo es quien da la orden política del 'chivatazo' porque, segundos después de que Pamiés termine la supuesta llamada a Elosúa, el jefe superior llama en dos ocasiones al director general de la Policía, a quien no logra localizar. García Hidalgo está en ese preciso instante en una toma de posesión en Madrid y no es el momento para hablar de una situación tan delicada. El informe no hace una sola mención a si el director recibe llamadas o instrucciones de instancias superiores.
El atestado apunta a que el 'chivatazo' comenzó a gestarse el 3 de mayo por la noche en una conversación telefónica entre el director y Pamiés. El grupo dedicado a la investigación señala sin ambages en sus informes que el objetivo era evitar la detención en ese operativo del ex dirigente del PNV (ya fallecido) Gorka Aguirre, tal y como posteriores 'pinchazos' -estos sí desvelando el contenido de las conversaciones- apuntan.
La intervención más esclarecedora es aquella en la que Pamiés confiesa, en agosto de 2006, a un veterano periodista de la lucha antiterrorista de Madrid que el objetivo del 'chivatazo' era salvar a Aguirre. El nombre de este político, de hecho, aparece en la relación de más de una docena de personas que debían de ser detenidas en la 'operación Urogallo' contra el impuesto revolucionario de ETA.
El fiscal del caso, Carlos Miguel Bautista, que ha reclamado a Garzón que dé carpetazo al 'chivatazo' por falta de autor conocido del delito de colaboración con banda armada, sostiene sin embargo que este informe es sólo una «hipótesis policial» y que las «imputaciones» que hace «se apoyan de forma exclusiva en la concatenación de llamadas» entre los policías y el político bajo sospecha.
Nerviosismo
La Fiscalía, a la vista de los atestados remitidos a la Audiencia Nacional, no es la única que duda del trabajo de los cinco policías a los que se ordenó investigar la delación. Los documentos revelan el nerviosismo en el Cuerpo a cuenta de este demoledor informe 367/07, hasta el punto de que hay otro contra-informe elaborado 'ex profeso' por los servicios de Información intentado desacreditar las conclusiones del equipo de Carlos G., sin aportar ninguna prueba.
Ese contra-informe fue mandado hacer por los mandos policiales a los que el juez Fernando Grande-Marlaska, sustituto de Garzón durante su estancia en Estados Unidos, apartó del caso por su falta de colaboración. Se da la circunstancia de que esos papeles también revelan que Carlos G. y sus cuatro funcionarios llegaron a chequear las llamadas de dos de los más altos cargos de la Comisaría General de Información -los marginados por Grande-Marlaska- para ver si estaban relacionados con el soplo. Hipótesis que los agentes descartaron, ya que ambos jefes carecían en ese momento de la información operativa, pues sus enlaces con la 'operación Urogallo' se encontraban en ese momento fuera de España.
Los documentos policiales en poder de la Audiencia Nacional también señalan los problemas que el soplo a ETA causó en la investigación paralela que se estaba realizando en Francia, hasta el punto de que los responsables policiales españoles al otro lado de la frontera habrían paralizado el operativo en marcha.
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