Caso Faisan

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EL AVISPERO DEL CASO FAISÁN

El Semanal Digital 21 de enero de 2010


Una destitución exprés pone en entredicho la defensa de Rubalcaba

El ministro ha repetido mil veces que él ni tiene ni tuvo conocimiento de que altos mandos policiales estuvieran tras el chivatazo, pero cada vez son más las pruebas en su contra.
Si Rubalcaba no sabía de la implicación de García Hidalgo, ¿por qué le sustituyó cuatro días después de que un informe policial le señalara?

Se ha hartado Alfredo Pérez Rubalcaba de decir que ni tiene ni nunca tuvo "ninguna información" que apunte a que mandos de la Policía Nacional conocieron el soplo a ETA investigado en el Caso Faisán. Una afirmación que este mismo miércoles ponía en tela de juicio la Unión de Oficiales Guardia Civil Profesional sosteniendo que "difícilmente" pudo haber mandos implicados sin el conocimiento del ministro del Interior.

Una de dos, decía la asociación: de tener conocimiento, Rubalcaba "estaría implicado directamente en el caso"; y, de no tenerlo, "quedaría evidenciada la falta de autoridad y desidia en la dirección del que ya era su Ministerio cuando tuvieron lugar los hechos".

Pero los datos que se van conociendo son cada vez más tozudos y apuntan una y otra vez en la primera dirección. Así, este jueves El Mundo revela que el ministro relevó al entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, después de leer un primer informe policial que le implicaba directamente en el chivatazo.

El 4 de septiembre de 2006 entró en el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, dirigido ya por Baltasar Garzón -durante su estancia en Nueva York se había hecho cargo Fernando Grande-Marlaska-, uno de los informes elaborados por el equipo policial dirigido por el inspector jefe Carlos G. En él ya se señalaban varios posibles responsables: el director general, el jefe superior de Policía del País Vasco, el comisario de la brigada de Francia, la inspectora jefa de San Sebastián y un inspector destinado entonces en Vitoria.

Casualmente, sólo cuatro días después (el 8 de septiembre), Rubalcaba sustituyó al frente de la Dirección General a Víctor García Hidalgo. De cara a la galería se vendió como una salida pactada, pero ésa no era la realidad.

Rubalcaba también decidió dar el relevo al que hasta ese momento era su comisario general de Información, Telesforo Rubio. En este caso, su nombre no figuraba en las investigaciones policiales. El ministro le ascendió a una Subdirección General. En sustitución designó al actual comisario general de Información, Miguel Valverde. En sus declaraciones, Rubalcaba defendió que el relevo de Rubio nada tenía que ver con el chivatazo y que, además, estaba muy satisfecho con su trabajo.

Cuando Grande-Marlaska estaba al frente de la investigación prohibió a los investigadores que informaran a sus superiores de sus avances sobre las pesquisas. Con la vuelta de Estados Unidos de Garzón parece ser que los procedimientos empezaron a cambiar.

Elsemanaldigital

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Secuencia de conversaciones telefónicas

La investigación del chivatazo incluye al 'número dos' de Interior

Fernando Lázaro | Madrid
Actualizado lunes 25/01/2010 05:52 horas

El número dos de Alfredo Pérez Rubalcaba en el Ministerio del Interior, el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, podría verse también incluido en el chivatazo a la banda terrorista ETA para evitar la inminente detención de parte de su aparato de extorsión durante la última tregua.Así se infiere de la investigación policial y de la secuencia temporal de las llamadas realizadas por los principales implicados en el llamado caso Faisán el 4 de mayo de 2006.

Como ha podido saber EL MUNDO, el entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, llamó dos veces al móvil que utilizaba Camacho inmediatamente después de la conversación en la que se supone planificó el soplo a la banda terrorista con el jefe superior de Policía del País Vasco.

Hasta ahora, la extensa investigación policial del chivatazo a ETA señalaba al director general de la Policía, al jefe superior del Cuerpo en el País Vasco, a un comisario, a una inspectora jefe de San Sebastián y a un inspector de Vitoria como principales responsables directos el soplo.

Sin embargo, la relación de llamadas entre algunos de ellos en los momentos previos al chivatazo introducen a una nueva persona en la relación de interlocutores, el secretario de Estado de Seguridad y hombre fuerte de Rubalcaba.

Fuente: Diario El Mundo

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El caso “Faisán” o el abuso de poder

24-01-2010

La brillante ejecutoria de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de lucha antiterrorista es un hecho. La detención de comandos de ETA, incautación de valiosa documentación y desmantelamiento de sus infraestructuras ha evitado sin duda la comisión de múltiples atentados. Hay, en cambio, una cuestión que —en interés de la profesionalidad e independencia de los cuerpos de seguridad- debe ser resuelta a la mayor brevedad posible: el chivatazo dado a un colaborador de la banda terrorista anunciándole una inminente intervención contra el bar que regentaba y que la banda terrorista utilizaba para sus manejos operativos. El llamado “caso Faisán” saltaba de nuevo a la palestra informativa esta pasada semana, cuando se conocía que el chivatazo en cuestión pudo haberse llevado a cabo por el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, hombre de confianza del entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Parece inútil resaltar la gravedad del caso.

Una de las ventajas de la separación de poderes es que el Judicial ha de cumplir con su cometido, la administración de Justicia, con independencia absoluta del Ejecutivo. O lo que es lo mismo, si el Gobierno decide emprender un vergonzante proceso negociador con una banda de asesinos, ello no obsta para que los jueces sigan haciendo su trabajo, cual es detener a quien delinque. Cualquier intromisión en esta labor supone un ataque flagrante contra la independencia del poder judicial y, por ende, contra la esencia misma del Estado de Derecho. Al abortar una operación policial de máximo nivel contra el entramado terrorista poniendo sobre aviso al principal sospechoso, sus responsables cometieron un hecho gravísimo, a lo que hay que añadir que en su comisión primasen además espurias motivaciones políticas: es una prueba de que el Gobierno negociaba políticamente con ETA y, al parecer, estaba dispuesto a hacer lo que fuese para que nada ni nadie interfiriera.

Demasiadas son las dudas -o mejor dicho, las evidencias- que se ciernen sobre las actividades y decisiones de las más altas autoridades políticas, en la medida que resulta difícil de creer que el director general de la policía tomara decisiones de esa naturaleza sin el conocimiento y aquiescencia, por no decir la instrucción, de las máximas instancias políticas. No sólo en este caso, sino en muchos otros más en los que ha quedado patente la utilización de medios públicos al servicio de un interés partidista: grabaciones indiscriminadas con SITEL o el exceso de celo oficial mostrado en Baleares con personas allegadas al PP y vinculadas con presuntos casos de corrupción. Por no hablar del empeño que ciertos magistrados con más ego que ética ponen en unos asuntos -léase “Gürtel”- en detrimento de otros -“Faisán”-.

En este periódico no hemos estado lentos ni cortos a la hora de denunciar la corrupción de la primera de las tramas. Por la misma regla de tres, es preciso advertir que el abuso de poder que supone la utilización partidista de medios públicos es un hecho de una gravedad de enormes proporciones. En cualquier otro país de nuestro entorno, indicios semejantes serían constitutivos de una comisión parlamentaria y de la apertura de diligencias judiciales inmediatas con el fin de esclarecer los hechos. No así en la España de Zapatero, donde desde Moncloa se pretende pasar página en un asunto que puede sacar a la luz verdades sumamente incómodas. Pero guste o no, la verdad ha de aflorar siempre. Y más si lo que hay en juego es la credibilidad del Gobierno en un asunto tan delicado como la lucha antiterrorista.

Fuente: elimparcial.es

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Un puesto a cambio de silencio


Lunes , 25-01-10

LA preocupación del Gobierno por la evolución del sumario sobre el «caso Faisán» -las últimas revelaciones periodísticas de ABC colocan al Ejecutivo socialista en una situación cada vez más incómoda- es la causa más probable de la proposición que ha recibido el magistrado de la sala Segunda del Tribunal Supremo Luciano Varela para ser miembro del Tribunal Constitucional. El juez Varela es el instructor del procedimiento penal contra Baltasar Garzón por la presunta prevaricación cometida por éste al incoar el sumario por los desaparecidos del franquismo, pese a ser evidente que no tenía competencia para esta investigación. La información que hoy publica este diario sobre las presiones al juez Varela revela una injerencia en la independencia judicial de tal magnitud que debe ser objeto de explicaciones inmediatas por parte del Gobierno. No es admisible en un Estado de Derecho que el Ejecutivo ande trapicheando puestos en las más altas instituciones para cerrar procesos que le incomodan y «apaciguar» a los jueces que le quitan el sueño. No hay que confundirse. El problema del Gobierno no se llama Garzón. Se llama «Faisán», y si su preocupación no fuera creciendo por días, no se explicaría la osada iniciativa de tentar a un magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo con un trueque de cargo por silencio. Además, aun en el caso hipotético de que se archivara la causa contra Garzón, las acusaciones personadas siempre podrían recurrir ante la Sala Segunda. En el Constitucional no hay plazas para tantos.
Las aguas están turbias en estos procedimientos. Llevan demasiado tiempo empantanados. Garzón mantiene el sumario del «caso Faisán» con una actividad mínima, a la espera de acontecimientos y sin resolver sobre las pruebas que le han pedido las acusaciones ni sobre la petición de archivo que ha presentado el Ministerio Fiscal. El caso contra Garzón está en la misma llamativa inactividad, pese a tratarse de un proceso en el que se investiga un posible delito de prevaricación, el cual, por su propia naturaleza, requiere una investigación muy limitada. Cualquiera que sea la razón de estas dilaciones judiciales, hay mecanismos internos para corregirlas. Lo que no es tan fácil de evitar -y, por esto mismo, es un hecho muy grave- es la intromisión desestabilizadora del Ejecutivo en la Justicia, al que no basta con tener una Fiscalía siempre presta a sacarle de los apuros, y que ya necesita llegar al límite de ofrecer prebendas a los jueces.

Fuente: Diario ABC