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En nuestro ordenamiento jurídico siempre hay que hacer interpretaciones "pro-derechos fundamentales" de las personas en todas aquellas disposiciones y normas que lo permitan, como parece ser el caso. Me parece que en este tema concreto se hace referencia, dentro de un procedimiento administrativo-sancionador, al derecho/principio de tutela judicial efectiva, donde se integran otros sub-principios como el de "pro-actione", el cual significa que siempre hay que potenciar, promover, facilitar, favorecer, etc. el acceso a "la acción" (ya sea demanda, querella, denuncia, recurso, solicitud, ....), y más desde / en los poderes públicos.
En consecuencia, debe extenderse lo máximo posible el plazo fijado legalmente (si la norma dice de 10 a 15 días, debe darse 15 días) a la hora de presentar alegaciones, recurso, etc. De lo contrario se puede caer en una inconstitucionalidad objeto de amparo.