http://www.libertaddigital.com/nacional ... 276413375/
Desde los que se llamó a los responsables
Ruz ordena identificar tres teléfonos de Interior vinculados con el chivatazo
El juez pide practicar nuevas pruebas solicitadas por las víctimas. Desde el Ministerio de Interior se habló con los presuntos responsables del soplo.
ÁNGELA MARTIALAY
En un auto hecho público este martes el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz considera "pertinente, necesario, útil y posible para los fines de la investigación" practicar ocho nuevas diligencias en el caso del chivatazo a la banda terrorista ETA. Algunas de estas pruebas fueron solicitadas por de la acusación popular –ejercida por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT)-; otras, por el Ministerio Fiscal –que tras cambiar de criterio pide ahora investigar los hechos- y, una última, por uno de los imputados en el soplo a la red extorsión, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies.
Entre todas ellas, quizá la más relevante por el calado político que conlleva es que el juez ordena identificar a los titulares de los tres números de teléfonos dependientes de la subsecretaría del Ministerio de Interior que en los momentos previos y posteriores a que se produjera el soplo en el bar Faisán de Irún mantuvieron constantes contactos con los presuntos responsables del delito.
Actualmente, en la causa están imputados el ex director general de Policía y dirigente del PSE en Álava Víctor García Hidalgo, un inspector de la Brigada de Información de Álava, José María Ballesteros y Pamies. Detrás del soplo, según el juez, podrían haberse cometido dos delitos: uno, de revelación de secretos por parte de un funcionario público y, otro de colaboración con banda armada. El primero de ellos está penado con hasta tres años de prisión, mientras que el segundo de ellos con un máximo de diez años de cárcel.
En la resolución judicial, Ruz accede este martes a que se identifique a los usuarios de los teléfonos dependientes del Ministerio que encabeza Alfredo Pérez Rubalcaba pero no a su citación en estos momentos, tal y como pedían las víctimas. Sin embargo, el magistrado no cierra la puerta a que los miembros de Interior sean citados cuando ya hayan sido identificados. "Una vez realizada dicha identificación se dictará por este instructor el pronunciamiento oportuno respecto de la solicitud interesada de declaración testifical por parte de quienes resultaran identificados como tales usuarios", subraya el juez en el auto.
Además, el magistrado que sustituye a Baltasar Garzón –quien tuvo paralizada la investigación de los hechos durante más de tres años- pide al equipo investigador del chivatazo, dirigido por Carlos G., un "informe ampliatorio" sobre el tráfico de llamadas que se produjo en torno al bar de Joseba Elosúa y reclama a sus miembros que las pongan en relación con su anterior informe, en el que no aparecían por carecer de "relevancia para la determinación de la autoría de los hechos investigados".
Testificales el próximo día 8
Asimismo, Pablo Ruz solicita a la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía que le explique si hay algún informe sobre la actuación llevada a cabo por los propios investigadores del escándalo que el juez califica como "hechos criminales graves" hasta en dos ocasiones en la citada resolución judicial.
Por otro lado, el juez también ordena la citación judicial en calidad de testigo del comisario jefe accidental de la Unidad Central de Inteligencia (UCI), que elaboró un informe en el que defendía que durante el 3 de mayo de 2006, el día anterior al chivatazo, Carlos G. "fue reticente en diversos momentos a la realización" de las detenciones contra el aparato de extorsión "argumentando que era una operación que conllevaba riesgos políticos, dado el momento de tregua de ETA, así como la presunta implicación de un miembro destacado del PNV, Gorka Aguirre". Este agente fue apartado posteriormente del caso por el Ministerio de Interior.
El instructor también acuerda citar a declarar el próximo lunes al jefe del Grupo VIII de la Brigada Provincial de San Sebastián, para que explique su participación en la operación policial contra el aparato de extorsión de ETA. Dos de sus subordinados declararon durante la instrucción que "conocía todas y cada una de las informaciones restringidas que se transmitieron" al propietario del bar 'Faisán'.
De la misma forma, Ruz solicita, a instancias de la AVT, que se cite ese mismo día al comisario provincial de San Sebastián, Fernando Amo García. Su nombre aparece en una conversación en la que el jefe superior de Policía en el País Vasco le indicaba al periodista de La Razón, Jesús María Zuloaga, que Amo le había pedido que le asignara unidades de intervención policial (UIP) porque, según decía, "los de Madrid iban a tirar, que será lo de Faisán".
Además, está previsto que el día 8 también comparezcan como testigos tanto Zuloaga como el inspector jefe de la Sección Operativa de la Brigada Provincial de Información de San Sebastián y la jefa de la Sección de Análisis de este cuerpo. Con estas dos últimas declaraciones, el juez pretende aclarar las "contradicciones apreciadas" en sus diversos testimonios.
Diligencias rechazadas
Pero no todas las pruebas solicitadas han sido aceptadas por el instructor. Por el contrario, Ruz rechaza que se realice "un informe ampliatorio sobre los teléfonos prepago que efectuaron o recibieron llamadas en los alrededores del 'Faisán'", al considerar que "en el presente estadio" no es pertinente porque esta misma diligencia ha sido solicitada al Cuerpo Nacional de Policía.
El magistrado de la Audiencia Nacional tampoco acepta, como pedía la AVT, que se "identifique si hubo algún funcionario policial" que desde el 29 de abril hasta el 2 de mayo de 2006 "accediera a la base de datos del DNI para realizar consulta alguna relativa a Joseba Elosua o al vehículo Ford Focus de su propiedad". El juez entiende que esta diligencia "ya fue practicada en el pasado, habiéndose agotado ya dicha línea de investigación".
Sin lugar a dudas, estas medidas adoptadas por el sustituto de Garzón suponen un impulso a la investigación del chivatazo a ETA. Aparte de las citadas diligencias, el magistrado ya ordenó el pasado día 24 practicar otras muchas. En tanto, Ruz mantiene secretos nueve folios de la comisión rogatoria enviada por la juez antiterrorista de Francia, Laurence Le Vert que, según sus pesquisas, son fundamentales para el "total esclarecimiento" del caso.
EL CASO FAISAN SIGUE VIVO
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peligro
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Re: EL CASO FAISAN SIGUE VIVO
http://www.europapress.es/nacional/noti ... 20646.html
Chivatazo
Uno de los teléfonos de Interior usados antes y después del soplo pertenece a Antonio Camacho
MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -
Uno de los tres teléfonos titularizados por la Subsecretaría del Ministerio del Interior, que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha ordenado identificar a sus usuarios por comunicar durante los días previos y posteriores al 'chivatazo' con dos de los imputados en la causa, pertenece al secretario de Estado de este Departamento, Antonio Camacho. Asimismo, un segundo teléfono de esos tres, en este caso un número fijo, corresponde a una centralita del Ministerio del Interior, confirmaron a Europa Press fuentes de la investigación que, sin embargo, no lograron identificar al usuario del otro teléfono móvil.
Los tres números de teléfono han sido facilitados en su integridad en el auto firmado por el juez Ruz. De esta forma, el número 6867XXXXX pertenece a Antonio Camacho y el 9153XXXXXX es el de la centralita del Ministerio del Interior. El usuario del tercer número, el 6294XXXXX, es el que las fuentes consultadas no han podido identificar.
El juez Pablo Ruz ha ordenado este martes que se identifique a los usuarios de tres teléfonos pertenecientes a la Subsecretaría del Ministerio del Interior que desde la noche anterior a la delación (que se habría producido el 4 de mayo de 2006) hasta septiembre de ese año intercambiaron llamadas con el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo y el jefe superior de la Policía en el País Vasco, imputados en la causa que investiga el chivatazo a la banda terrorista ETA.
El magistrado, que considera "preciso aclarar la real significancia de estas llamadas", responde así a la petición realizada por la acusación popular Dignidad y Justicia (DyJ), que solicitaba la identificación de las personas que utilizaron tres números "titularizados" por esta Subsecretaría durante "el periodo al menos comprendido entre el 1 de mayo y el 16 de septiembre de 2006", así como su "citación para que presten declaración en calidad de testigos".
En un auto hecho público este martes, el juez pide al equipo conjunto de investigación, dirigido por Carlos G., un "informe ampliatorio" sobre el tráfico de llamadas que se produjo en torno al bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa) y reclama a sus miembros que las pongan en relación con su anterior informe, en el que no aparecían por carecer de "relevancia para la determinación de la autoría de los hechos investigados".
Según defendía DyJ, el tráfico de llamadas pone de relieve que García Hidalgo estuvo en contacto con un número fijo y otro móvil de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, mientras que el jefe superior de Policía del País Vasco contactó con otro teléfono celular de este departamento. Todos ellos, según la asociación, eran números "de seguridad".
Chivatazo
Uno de los teléfonos de Interior usados antes y después del soplo pertenece a Antonio Camacho
MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -
Uno de los tres teléfonos titularizados por la Subsecretaría del Ministerio del Interior, que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha ordenado identificar a sus usuarios por comunicar durante los días previos y posteriores al 'chivatazo' con dos de los imputados en la causa, pertenece al secretario de Estado de este Departamento, Antonio Camacho. Asimismo, un segundo teléfono de esos tres, en este caso un número fijo, corresponde a una centralita del Ministerio del Interior, confirmaron a Europa Press fuentes de la investigación que, sin embargo, no lograron identificar al usuario del otro teléfono móvil.
Los tres números de teléfono han sido facilitados en su integridad en el auto firmado por el juez Ruz. De esta forma, el número 6867XXXXX pertenece a Antonio Camacho y el 9153XXXXXX es el de la centralita del Ministerio del Interior. El usuario del tercer número, el 6294XXXXX, es el que las fuentes consultadas no han podido identificar.
El juez Pablo Ruz ha ordenado este martes que se identifique a los usuarios de tres teléfonos pertenecientes a la Subsecretaría del Ministerio del Interior que desde la noche anterior a la delación (que se habría producido el 4 de mayo de 2006) hasta septiembre de ese año intercambiaron llamadas con el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo y el jefe superior de la Policía en el País Vasco, imputados en la causa que investiga el chivatazo a la banda terrorista ETA.
El magistrado, que considera "preciso aclarar la real significancia de estas llamadas", responde así a la petición realizada por la acusación popular Dignidad y Justicia (DyJ), que solicitaba la identificación de las personas que utilizaron tres números "titularizados" por esta Subsecretaría durante "el periodo al menos comprendido entre el 1 de mayo y el 16 de septiembre de 2006", así como su "citación para que presten declaración en calidad de testigos".
En un auto hecho público este martes, el juez pide al equipo conjunto de investigación, dirigido por Carlos G., un "informe ampliatorio" sobre el tráfico de llamadas que se produjo en torno al bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa) y reclama a sus miembros que las pongan en relación con su anterior informe, en el que no aparecían por carecer de "relevancia para la determinación de la autoría de los hechos investigados".
Según defendía DyJ, el tráfico de llamadas pone de relieve que García Hidalgo estuvo en contacto con un número fijo y otro móvil de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, mientras que el jefe superior de Policía del País Vasco contactó con otro teléfono celular de este departamento. Todos ellos, según la asociación, eran números "de seguridad".
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sieteleguas
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Re: EL CASO FAISAN SIGUE VIVO
Apuesto que al final no pagará el verdadero culpable, que todos sabemos quien es (R...lka.v)
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Re: EL CASO FAISAN SIGUE VIVO
[quote user="sieteleguas" post="89457"]Apuesto que al final no pagará el verdadero culpable, que todos sabemos quien es (R...lka.v)[/quote]
No se si al final pagará el verdadero culpable o no, pero lo que está claro desde hace tiempo es que el Secretario de Estado de Interior está metido hasta las cejas.
Hace menos de un año Antonio Camacho tuvo unas reuniones muy "significativas" con el SuperJuez Garzón, .......... que casualmente no movió un dedo para hacer avanzar la investigación del Caso Faisán. Más bien parece que hizo todo lo contrario y trató de que todo quedara enterrado en el fondo de un cajón de su despacho.
Para el que le interese saber a que reuniones me refiero ......... aquí dejo el enlace a la noticia.
http://www.elconfidencialdigital.com/Ar ... jeto=24091
.
No se si al final pagará el verdadero culpable o no, pero lo que está claro desde hace tiempo es que el Secretario de Estado de Interior está metido hasta las cejas.
Hace menos de un año Antonio Camacho tuvo unas reuniones muy "significativas" con el SuperJuez Garzón, .......... que casualmente no movió un dedo para hacer avanzar la investigación del Caso Faisán. Más bien parece que hizo todo lo contrario y trató de que todo quedara enterrado en el fondo de un cajón de su despacho.
Para el que le interese saber a que reuniones me refiero ......... aquí dejo el enlace a la noticia.
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Re: EL CASO FAISAN SIGUE VIVO
Oficiales de la Guardia Civil creen que el chivatazo va 'camino' de aclararse
* La Unión de Oficiales dice que 'es el momento de dejar que actúe la justicia'
* El SUP ve más responsabilidades políticas que penales en el caso
Servimedia | Madrid
Actualizado miércoles 02/02/2011 11:26 horas
La Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) considera que la investigación sobre el chivatazo a ETA del bar Faisán va por el "mejor camino" para aclararse, en referencia a que se sepa quién ordenó dar este soplo a la banda terrorista.
Francisco García, presidente de la UO, valora así que el juez Pablo Ruz haya pedido identificar quiénes usan tres teléfonos del Ministerio del Interior que contactaron con los policías procesados por el 'caso Faisán'.
Uno de estos números de teléfono parece que era usado por el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho. Según el presidente de la UO, "es el momento de dejar que actúe la Justicia", algo que dijo venían reclamando asociaciones como la suya, que piden que se sepa quién fue el "verdadero responsable" de este chivatazo a ETA.
Respecto a que uno de los señalados pueda ser el secretario de Estado de Seguridad, García indicó que la hipotética implicación de Camacho va en la línea de que este episodio pudo ser una "actuación política" tendente a no "entorpecer" los contactos que entonces existían entre el Gobierno y los terroristas.
El SUP ve responsabilidades políticas
Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ve más responsabilidades políticas que penales en el 'caso Faisán' y en el hecho de que haya teléfonos del Ministerio del Interior desde los que se llamó a policías imputados por el chivatazo a ETA.
José María Benito, portavoz del SUP, sostiene que "si se demuestra que, al final, los teléfonos son los que se está diciendo, desde el punto de vista político que duda cabe que alguna responsabilidad habrá que exigir".
A su juicio, estas responsabilidades deberían exigirlas los partidos políticos, aunque destacó que "sin conocer el contenido de esas llamadas es muy difícil que alguien resulte condenado por estos hechos".
Diario El Mundo
* La Unión de Oficiales dice que 'es el momento de dejar que actúe la justicia'
* El SUP ve más responsabilidades políticas que penales en el caso
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Actualizado miércoles 02/02/2011 11:26 horas
La Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) considera que la investigación sobre el chivatazo a ETA del bar Faisán va por el "mejor camino" para aclararse, en referencia a que se sepa quién ordenó dar este soplo a la banda terrorista.
Francisco García, presidente de la UO, valora así que el juez Pablo Ruz haya pedido identificar quiénes usan tres teléfonos del Ministerio del Interior que contactaron con los policías procesados por el 'caso Faisán'.
Uno de estos números de teléfono parece que era usado por el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho. Según el presidente de la UO, "es el momento de dejar que actúe la Justicia", algo que dijo venían reclamando asociaciones como la suya, que piden que se sepa quién fue el "verdadero responsable" de este chivatazo a ETA.
Respecto a que uno de los señalados pueda ser el secretario de Estado de Seguridad, García indicó que la hipotética implicación de Camacho va en la línea de que este episodio pudo ser una "actuación política" tendente a no "entorpecer" los contactos que entonces existían entre el Gobierno y los terroristas.
El SUP ve responsabilidades políticas
Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ve más responsabilidades políticas que penales en el 'caso Faisán' y en el hecho de que haya teléfonos del Ministerio del Interior desde los que se llamó a policías imputados por el chivatazo a ETA.
José María Benito, portavoz del SUP, sostiene que "si se demuestra que, al final, los teléfonos son los que se está diciendo, desde el punto de vista político que duda cabe que alguna responsabilidad habrá que exigir".
A su juicio, estas responsabilidades deberían exigirlas los partidos políticos, aunque destacó que "sin conocer el contenido de esas llamadas es muy difícil que alguien resulte condenado por estos hechos".
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Re: EL CASO FAISAN SIGUE VIVO
EL "CASO FAISÁN", AL ROJO VIVO
Mutismo del Gobierno mientras TVE corta a Pons y la prensa ataca a ZP
El Semanaldigital
Las reacciones a la implicación del número dos de Interior en el chivatazo no se han hecho esperar. Rajoy acusa al ministro de mentir y la Guardia Civil habla.
2 de febrero de 2011
"El Faisán vuela bajo sobre el Gobierno", editorializa "La Razón" tras saberse que uno de los números investigados pertenece a Antonio Camacho.
Uno de los teléfonos requeridos pertenece al secretario de Estado de Interior
El juez del Caso Faisán pide identificar tres teléfonos adscritos a Interior
El 686749913. Ése es el número de móvil que ha estrechado el cerco al Gobierno. Las reacciones a la noticia de que uno de los tres teléfonos investigados por el juez Ruz en el Caso Faisán pertenece al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, no se han hecho esperar.
La primera fue la de Mariano Rajoy, al que la revelación le pilló en el plató de Veo7. "El señor Rubalcaba ha negado la existencia del Caso Faisán y ahora vemos que se piden teléfonos del Ministerio del Interior (...). Tenemos la impresión de que ha mentido", señaló. Y a renglón seguido el líder de los populares aseguró que seguirá preguntando a Alfredo Pérez Rubalcaba en el Congreso por el chivatazo sin descanso.
Toda la prensa se hace eco de una información que le complica la escapatoria al Ejecutivo socialista. El Faisán vuela bajo sobre el Gobierno, titula La Razón su editorial. "El Faisán aletea en las barbas del Gobierno", añade. ABC también editorializa sobre el asunto en Sombras sobre Interior: "Ante la Justicia no valen los regates de las sesiones de control del Congreso ni las acusaciones a la oposición. Hay imputaciones a ex altos cargos y funcionarios por colaborar con ETA. El colmo de la perversión. Lo mejor para la democracia sería que el Gobierno diera a conocer lo que sabe", exige el diario de Vocento. Y El Mundo titula en su portada: El juez ordena investigar al jefe político del chivatazo.
En cambio, El País y Público pasan de puntillas sobre el peliagudo tema y prefieren centrarse en el acuerdo de las pensiones y en las revueltas egipcias. Este último identifica a Camacho no como el dueño del número de teléfono, sino como usuario: "El secretario de Estado de Seguridad ha utilizado uno de los dos teléfonos móviles cuya titularidad ha ordenado investigar el juez Pablo Ruz", sostiene.
Si a los socialistas no les interesa hablar del chivatazo, a los populares sí. De hecho, Esteban González Pons lo intentó este miércoles en Los desayunos de TVE, pero en balde. Relata Libertad Digital que, en los compases finales de la entrevista, el vicesecretario de Comunicación del PP afirmó: "No hemos hablado del Faisán", pero fue cortado en seco por Ana Pastor: "Gracias señor Pons por introducir los temas de nuestra tertulia", dijo con ironía.
Por su parte, Antonio Basagoiti señaló que "el lío" del Caso Faisán está "cada vez más cerca" del Ministerio del Interior y que, por este motivo, "ahora toca emplumar a alguien". En un desayuno informativo organizado por el PP de Madrid, el líder de los populares vascos remarcó que "lo grave, grave, grave" del caso Faisán es la "posible implicación" Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Basagoiti definió el chivatazo como "repugnante" y "uno de los casos más escandalosos de la democracia", por lo que volvió a exigir explicaciones a Rubalcaba. "Tiene que avanzar la investigación, judicial y políticamente".
Desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también se han producido ya las primeras reacciones. La Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) consideró que la investigación sobre el chivatazo a ETA del bar Faisán va por el "mejor camino" para aclararse. Según su presidente, Francisco García, "es el momento de dejar que actúe la Justicia", algo que dijo venían reclamando asociaciones como la suya, que piden que se sepa quién fue el "verdadero responsable" de este chivatazo a ETA.
El semanal digital
Mutismo del Gobierno mientras TVE corta a Pons y la prensa ataca a ZP
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Las reacciones a la implicación del número dos de Interior en el chivatazo no se han hecho esperar. Rajoy acusa al ministro de mentir y la Guardia Civil habla.
2 de febrero de 2011
"El Faisán vuela bajo sobre el Gobierno", editorializa "La Razón" tras saberse que uno de los números investigados pertenece a Antonio Camacho.
Uno de los teléfonos requeridos pertenece al secretario de Estado de Interior
El juez del Caso Faisán pide identificar tres teléfonos adscritos a Interior
El 686749913. Ése es el número de móvil que ha estrechado el cerco al Gobierno. Las reacciones a la noticia de que uno de los tres teléfonos investigados por el juez Ruz en el Caso Faisán pertenece al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, no se han hecho esperar.
La primera fue la de Mariano Rajoy, al que la revelación le pilló en el plató de Veo7. "El señor Rubalcaba ha negado la existencia del Caso Faisán y ahora vemos que se piden teléfonos del Ministerio del Interior (...). Tenemos la impresión de que ha mentido", señaló. Y a renglón seguido el líder de los populares aseguró que seguirá preguntando a Alfredo Pérez Rubalcaba en el Congreso por el chivatazo sin descanso.
Toda la prensa se hace eco de una información que le complica la escapatoria al Ejecutivo socialista. El Faisán vuela bajo sobre el Gobierno, titula La Razón su editorial. "El Faisán aletea en las barbas del Gobierno", añade. ABC también editorializa sobre el asunto en Sombras sobre Interior: "Ante la Justicia no valen los regates de las sesiones de control del Congreso ni las acusaciones a la oposición. Hay imputaciones a ex altos cargos y funcionarios por colaborar con ETA. El colmo de la perversión. Lo mejor para la democracia sería que el Gobierno diera a conocer lo que sabe", exige el diario de Vocento. Y El Mundo titula en su portada: El juez ordena investigar al jefe político del chivatazo.
En cambio, El País y Público pasan de puntillas sobre el peliagudo tema y prefieren centrarse en el acuerdo de las pensiones y en las revueltas egipcias. Este último identifica a Camacho no como el dueño del número de teléfono, sino como usuario: "El secretario de Estado de Seguridad ha utilizado uno de los dos teléfonos móviles cuya titularidad ha ordenado investigar el juez Pablo Ruz", sostiene.
Si a los socialistas no les interesa hablar del chivatazo, a los populares sí. De hecho, Esteban González Pons lo intentó este miércoles en Los desayunos de TVE, pero en balde. Relata Libertad Digital que, en los compases finales de la entrevista, el vicesecretario de Comunicación del PP afirmó: "No hemos hablado del Faisán", pero fue cortado en seco por Ana Pastor: "Gracias señor Pons por introducir los temas de nuestra tertulia", dijo con ironía.
Por su parte, Antonio Basagoiti señaló que "el lío" del Caso Faisán está "cada vez más cerca" del Ministerio del Interior y que, por este motivo, "ahora toca emplumar a alguien". En un desayuno informativo organizado por el PP de Madrid, el líder de los populares vascos remarcó que "lo grave, grave, grave" del caso Faisán es la "posible implicación" Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Basagoiti definió el chivatazo como "repugnante" y "uno de los casos más escandalosos de la democracia", por lo que volvió a exigir explicaciones a Rubalcaba. "Tiene que avanzar la investigación, judicial y políticamente".
Desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también se han producido ya las primeras reacciones. La Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) consideró que la investigación sobre el chivatazo a ETA del bar Faisán va por el "mejor camino" para aclararse. Según su presidente, Francisco García, "es el momento de dejar que actúe la Justicia", algo que dijo venían reclamando asociaciones como la suya, que piden que se sepa quién fue el "verdadero responsable" de este chivatazo a ETA.
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Re: EL CASO FAISAN SIGUE VIVO
Este señor de pelo cada vez mas canoso es aquel al que la asociacion en una reunion le dio un dossier de nuestras inquietudes como Oficiales y no nos ha hecho ni caso? dientes....
Escala unica respetando antiguedad en la escala oficiales
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Re: EL CASO FAISAN SIGUE VIVO
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los cortes no son "accidentales"
La Guardia Civil dice que los vídeos del chivatazo fueron manipulados
Según el Instituto Armado, las cintas que grabaron el soplo el 4 de mayo de 2006 fueron manipuladas por el grupo de investigadores.
Nuevamente, el equipo investigador del soplo policial que se produjo al aparato de extorsión de ETA en el bar Faisán de Irún el 4 de mayo de 2006 vuelve a estar en el punto de mira. El motivo es que la respuesta que la Guardia Civil ha dado al juez Pablo Ruz sobre las grabaciones en torno al bar de Joseba Elosúa concluyen que los pasajes en negro de los vídeos no fueron "accidentales".
Según el informe pericial de la Benemérita aportado a la causa, los cortes de las cintas se produjeron en el momento en que se estaba realizando la grabación, que corrió a cargo del equipo de investigación que dirigía el entonces inspector Carlos G., informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Ruz encargó este examen para contrastarlo con el realizado el 23 de noviembre de 2009 por la Sección de Tecnología de la Imagen de la Comisaría General de Policía Científica, que sostenía que los cortes podrían haberse producido "por agentes externos, accidentalmente o por deterioro". Hasta ahora, no se le había pedido a la Guardia Civil que contrastara este dato.
Sin embargo, la conclusión a la que llegar ahora la Benemérita es distinta y contradice la tesis de la Policía. El Instituto Armado señala que la manipulación de la grabación del soplo a la red de extorsión de ETA fue realizada en el mismo momento en que se produjo la filtración, lo que apuntaría a que fue realizada por algún miembro del equipo conjunto de investigación. Este dato iría en consonancia con el testimonio que el jefe de la UCI cuando se produjo el chivatazo, José Cabanillas, manifestó al instructor Ruz señalando a Carlos G. como responsable del soploa los cobradores de la banda criminal.
Lo cierto es que el bar Faisán tenía "dos entradas" y, según fuentes fiscales, la cámara policial "sólo enfocaba la entrada principal". Este extremo también lo quiere contrastar por el magistrado Ruz que quiere asegurarse de quién fue la persona que le pasó el teléfono con la llamada que le avisó del soplo a Elosúa.
Para conseguir esto, Ruz pidió el pasado día 24 a la Policía que determinase la hora exacta en la que se produjo la salida del bar de este individuo y que le informase de si existía sistema de vigilancia sobre la puerta por la que esta persona habría abandonado el establecimiento. Además, el magistrado solicitó que se hiciera un estudio pericial fisonómico donde se contraste las principales características físicas de uno de los imputados en el caso.
Según fuentes de la causa consultadas por Europa Press, el vídeo del grabación del soplo a ETA, que está grabado en formato VHS, fue visionado en presencia del juez Baltasar Garzón en la última semana de octubre de 2009 y su primera reproducción se produjo a cámara rápida. Entonces, el funcionario policial que lo custodiaba aseguró que la cinta no había sufrido ningún deterioro tras la grabación, tal y como ahora ha confirmado la Guardia Civil.
En concreto, el vídeo de vigilancia del bar 'Faisán' presenta dos cortes de tres minutos y 16 segundos, respectivamente, que afectarían, según la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), que ejerce la acusación popular en la causa, a un momento "clave" de la investigación.
El primero correspondería, teniendo el cuenta el desfase horario de tres minutos que tenía el reloj de la cámara, a la grabación que se realizó entre las 10.52 y 10.55 horas del 4 de mayo de 2006, día en que se iba a desarrollar la operación contra el aparato de extorsión de ETA. El segundo, de 16 segundos, comprendería entre las 11.11.12 horas hasta las 11.11.28. Según la Fiscalía, la "filtración" pudo producirse entre las 11.10 y las 12.00 horas de ese día.
En la causa están imputados por los delitos de revelación de secretos por parte de autoridad o funcionario público (penado con hasta tres años de cárcel) y colaboración con organización terrorista (castigada con un máximo de diez) el ex director general de Policía y dirigente del PSE Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco y un inspector de la Brigada de Información de Álava. De momento, el juez no ha imputado al investigador del caso, Carlos G.
los cortes no son "accidentales"
La Guardia Civil dice que los vídeos del chivatazo fueron manipulados
Según el Instituto Armado, las cintas que grabaron el soplo el 4 de mayo de 2006 fueron manipuladas por el grupo de investigadores.
Nuevamente, el equipo investigador del soplo policial que se produjo al aparato de extorsión de ETA en el bar Faisán de Irún el 4 de mayo de 2006 vuelve a estar en el punto de mira. El motivo es que la respuesta que la Guardia Civil ha dado al juez Pablo Ruz sobre las grabaciones en torno al bar de Joseba Elosúa concluyen que los pasajes en negro de los vídeos no fueron "accidentales".
Según el informe pericial de la Benemérita aportado a la causa, los cortes de las cintas se produjeron en el momento en que se estaba realizando la grabación, que corrió a cargo del equipo de investigación que dirigía el entonces inspector Carlos G., informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Ruz encargó este examen para contrastarlo con el realizado el 23 de noviembre de 2009 por la Sección de Tecnología de la Imagen de la Comisaría General de Policía Científica, que sostenía que los cortes podrían haberse producido "por agentes externos, accidentalmente o por deterioro". Hasta ahora, no se le había pedido a la Guardia Civil que contrastara este dato.
Sin embargo, la conclusión a la que llegar ahora la Benemérita es distinta y contradice la tesis de la Policía. El Instituto Armado señala que la manipulación de la grabación del soplo a la red de extorsión de ETA fue realizada en el mismo momento en que se produjo la filtración, lo que apuntaría a que fue realizada por algún miembro del equipo conjunto de investigación. Este dato iría en consonancia con el testimonio que el jefe de la UCI cuando se produjo el chivatazo, José Cabanillas, manifestó al instructor Ruz señalando a Carlos G. como responsable del soploa los cobradores de la banda criminal.
Lo cierto es que el bar Faisán tenía "dos entradas" y, según fuentes fiscales, la cámara policial "sólo enfocaba la entrada principal". Este extremo también lo quiere contrastar por el magistrado Ruz que quiere asegurarse de quién fue la persona que le pasó el teléfono con la llamada que le avisó del soplo a Elosúa.
Para conseguir esto, Ruz pidió el pasado día 24 a la Policía que determinase la hora exacta en la que se produjo la salida del bar de este individuo y que le informase de si existía sistema de vigilancia sobre la puerta por la que esta persona habría abandonado el establecimiento. Además, el magistrado solicitó que se hiciera un estudio pericial fisonómico donde se contraste las principales características físicas de uno de los imputados en el caso.
Según fuentes de la causa consultadas por Europa Press, el vídeo del grabación del soplo a ETA, que está grabado en formato VHS, fue visionado en presencia del juez Baltasar Garzón en la última semana de octubre de 2009 y su primera reproducción se produjo a cámara rápida. Entonces, el funcionario policial que lo custodiaba aseguró que la cinta no había sufrido ningún deterioro tras la grabación, tal y como ahora ha confirmado la Guardia Civil.
En concreto, el vídeo de vigilancia del bar 'Faisán' presenta dos cortes de tres minutos y 16 segundos, respectivamente, que afectarían, según la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), que ejerce la acusación popular en la causa, a un momento "clave" de la investigación.
El primero correspondería, teniendo el cuenta el desfase horario de tres minutos que tenía el reloj de la cámara, a la grabación que se realizó entre las 10.52 y 10.55 horas del 4 de mayo de 2006, día en que se iba a desarrollar la operación contra el aparato de extorsión de ETA. El segundo, de 16 segundos, comprendería entre las 11.11.12 horas hasta las 11.11.28. Según la Fiscalía, la "filtración" pudo producirse entre las 11.10 y las 12.00 horas de ese día.
En la causa están imputados por los delitos de revelación de secretos por parte de autoridad o funcionario público (penado con hasta tres años de cárcel) y colaboración con organización terrorista (castigada con un máximo de diez) el ex director general de Policía y dirigente del PSE Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco y un inspector de la Brigada de Información de Álava. De momento, el juez no ha imputado al investigador del caso, Carlos G.
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Re: EL CASO FAISAN SIGUE VIVO
Los guardias civiles piden separarse del PP en la acusación del 'caso Faisán'
Servimedia | Madrid
Actualizado martes 08/03/2011 19:17 horas
La Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) ha pedido en la Audiencia Nacional separarse del PP respecto a la acusación del 'caso Faisán', donde, hasta el momento, esta asociación de guardias civiles y los 'populares' deben decidir conjuntamente las acciones que plantean en la investigación del chivatazo a ETA.
Fuentes de la UO informaron de que han pedido al instructor del caso, el juez Pablo Ruz, que les permita actuar por separado en este caso, de manera que no tengan que consensuar con el PP cada paso que dan en este caso. Las fuentes consultadas explicaron que esta personación conjunta ha impedido, por ejemplo, que el abogado de estos guardias civiles haya podido consultar por su cuenta el sumario del 'caso Faisán'.
Desde la UO se destacó que la personación conjunta fue acordada por el anterior instructor del caso, el juez Baltasar Garzón, que argumentó que esta asociación de guardias civiles y los 'populares' tenían intereses comunes en esta causa.
Esto es rechazado por estos guardias civiles, quienes aseguran que el objetivo de su asociación en el 'caso Faisán' es depurar el buen nombre de las Fuerzas de Seguridad del Estado, ya que alguno de sus miembros está siendo investigado por el presunto chivatazo a la banda etarra.
La intención de este colectivo de guardias civiles es solicitar nuevas diligencias una vez que Pablo Ruz decida darles vía libre en la investigación de este caso, que se ha reactivado tras la salida del juzgado del magistrado Garzón.
Fuente: El mundo
Servimedia | Madrid
Actualizado martes 08/03/2011 19:17 horas
La Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) ha pedido en la Audiencia Nacional separarse del PP respecto a la acusación del 'caso Faisán', donde, hasta el momento, esta asociación de guardias civiles y los 'populares' deben decidir conjuntamente las acciones que plantean en la investigación del chivatazo a ETA.
Fuentes de la UO informaron de que han pedido al instructor del caso, el juez Pablo Ruz, que les permita actuar por separado en este caso, de manera que no tengan que consensuar con el PP cada paso que dan en este caso. Las fuentes consultadas explicaron que esta personación conjunta ha impedido, por ejemplo, que el abogado de estos guardias civiles haya podido consultar por su cuenta el sumario del 'caso Faisán'.
Desde la UO se destacó que la personación conjunta fue acordada por el anterior instructor del caso, el juez Baltasar Garzón, que argumentó que esta asociación de guardias civiles y los 'populares' tenían intereses comunes en esta causa.
Esto es rechazado por estos guardias civiles, quienes aseguran que el objetivo de su asociación en el 'caso Faisán' es depurar el buen nombre de las Fuerzas de Seguridad del Estado, ya que alguno de sus miembros está siendo investigado por el presunto chivatazo a la banda etarra.
La intención de este colectivo de guardias civiles es solicitar nuevas diligencias una vez que Pablo Ruz decida darles vía libre en la investigación de este caso, que se ha reactivado tras la salida del juzgado del magistrado Garzón.
Fuente: El mundo
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Teléfono de contacto:672036030
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Re: EL CASO FAISAN SIGUE VIVO
Qué curiooosoooooo. Anda!! Justito justito al día siguiente de ver al nuevo titular jurando o prometiendo... procesan a los maderos de Faisán, con la aquiescencia del fiscal que dice que todo va bien sin nadie más. Y que las llamadas no tienen contenido significativo, ni siquiera por el simple hecho que aparecieran entre los que interactuaban con los malos.
