Militar "a la carta"
Publicado: 15 May 2014, 17:18
Pues resulta que los que más han renegado del caracter militar y la Justicia Militar, ahora ¡¡ piden que se les aplique !!
Ojo, no seré yo quien defienda que se nos aplique el código militar, pero...
«cosas veredes, que farán fablar las piedras»
[offtopic]http://www.elmundo.es/andalucia/2014/05 ... b4571.html
Código Penal 'a la carta' para la asociación de guardias civiles
Su líder sindical fracasa en su intento de ser juzgado por jueces castrenses
Alberto Moya Acedo, secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados como imputado por presuntas injurias dirigidas contra un teniente coronel jefe a través de la página web corporativa El Faro Verde. Y lo va a tener que hacer en los juzgados ordinarios de Córdoba y no ante un tribunal castrense como, paradójicamente, ha pretendido el líder de una asociación crítica con que en pleno siglo XXI se les siga aplicando la ley militar a los agentes de la Benemérita.
La Audiencia cordobesa ha confirmado la decisión del titular del Juzgado de Instrucción 6 de la capital, Armando García Carrasco, de mandar a juicio oral a Alberto Moya junto a J.C.V. (guardia civil retirado) y A.T.G., los dos presuntos autores materiales de las injurias continuadas contra el mando. Hay un cuarto imputado, J.F.H.B., agente en la reserva y administrador de El Faro Verde.
Se desestima así la petición expresada en su recurso por el secretario general de la AUGC (a la que se adhirió la organización parasindical) para que se le juzgue con el Código Penal Militar, lo que le permitiría eludir cualquier responsabilidad, ya que la ley criminal castrense no reconoce responsabilidad ni personalidad jurídica a la asociación. En paralelo, y ante el anteproyecto de reforma del ministro Pedro Morenés, Moya intensificaba estos últimos meses la campaña para exigir que no se les vuelva a aplicar a los guardias civiles el código castrense, salvo en caso de cumplimiento de misiones militares.
Hay «abundante prueba documental» para justificar las imputaciones, destacan los jueces. J.C.V. y A.T.G. habían coincidido con el teniente coronel jefe de la Comandancia de Córdoba, J.I.C.G-l, cuando éste era capitán en el destacamento de Huelva. A principios de 2008, y a raíz de un nombramiento discrecional dentro de la Brigada de Información, se habría desatado una «cascada de opiniones» en la web El Faro Verde, destacando algunos comentarios (la mayoría irreproducibles, por denigratorios) proferidos por estos dos imputados.
«Torturador de guardias civiles», «fascista» o «animal de bellota» son sólo algunos de los epítetos dedicados al alto mando de la Guardia Civil en la página gestionada por la AUGC. La Audiencia resalta en su auto la «reacción desmedida» de los acusados, mientras que el Juzgado de Instrucción 6 habla de «expresiones claramente injuriosas» cuya gravedad ni siquiera ha sido discutida por A.T.G., experto informático residente en Ibiza que no ha llegado a recurrir su imputación tras reconocer que es el titular del correo electrónico desde el que se comunicaba con la web.
Alberto Moya Acedo, secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados como imputado por presuntas injurias dirigidas contra un teniente coronel jefe a través de la página web corporativa El Faro Verde. Y lo va a tener que hacer en los juzgados ordinarios de Córdoba y no ante un tribunal castrense como, paradójicamente, ha pretendido el líder de una asociación crítica con que en pleno siglo XXI se les siga aplicando la ley militar a los agentes de la Benemérita.
La Audiencia cordobesa ha confirmado la decisión del titular del Juzgado de Instrucción 6 de la capital, Armando García Carrasco, de mandar a juicio oral a Alberto Moya junto a J.C.V. (guardia civil retirado) y A.T.G., los dos presuntos autores materiales de las injurias continuadas contra el mando. Hay un cuarto imputado, J.F.H.B., agente en la reserva y administrador de El Faro Verde.
Se desestima así la petición expresada en su recurso por el secretario general de la AUGC (a la que se adhirió la organización parasindical) para que se le juzgue con el Código Penal Militar, lo que le permitiría eludir cualquier responsabilidad, ya que la ley criminal castrense no reconoce responsabilidad ni personalidad jurídica a la asociación. En paralelo, y ante el anteproyecto de reforma del ministro Pedro Morenés, Moya intensificaba estos últimos meses la campaña para exigir que no se les vuelva a aplicar a los guardias civiles el código castrense, salvo en caso de cumplimiento de misiones militares.
Hay «abundante prueba documental» para justificar las imputaciones, destacan los jueces. J.C.V. y A.T.G. habían coincidido con el teniente coronel jefe de la Comandancia de Córdoba, J.I.C.G-l, cuando éste era capitán en el destacamento de Huelva. A principios de 2008, y a raíz de un nombramiento discrecional dentro de la Brigada de Información, se habría desatado una «cascada de opiniones» en la web El Faro Verde, destacando algunos comentarios (la mayoría irreproducibles, por denigratorios) proferidos por estos dos imputados.
«Torturador de guardias civiles», «fascista» o «animal de bellota» son sólo algunos de los epítetos dedicados al alto mando de la Guardia Civil en la página gestionada por la AUGC. La Audiencia resalta en su auto la «reacción desmedida» de los acusados, mientras que el Juzgado de Instrucción 6 habla de «expresiones claramente injuriosas» cuya gravedad ni siquiera ha sido discutida por A.T.G., experto informático residente en Ibiza que no ha llegado a recurrir su imputación tras reconocer que es el titular del correo electrónico desde el que se comunicaba con la web.
Orden directa
El secretario general de AUGC, Alberto Moya, se acabará sentando en el banquillo de los acusados no ya sólo por la «posición de garante» que le obligaba a «tener el control o dominio de lo que en dicha página se publicaba», sino porque «existen indicios de que en el mantenimiento de las opiniones ofensivas medió una instrucción expresa de este imputado», según subraya la Audiencia Provincial, aludiendo a lo declarado ya por el administrador del El Faro Verde, J.F.H.B., quien aseguró ante el juez que Moya le dio la orden directa de no retirar las acusaciones de la web pese a la gravedad de su tenor, por lo que han permanecido colgadas durante más de cuatro años.
Hay que tener en cuenta también que el titular y el administrador de la página habrían reclamado a la empresa que les facilitaba los servicios de internet que no aportase los datos de sus servidores para imposibilitar la identificación del resto de los autores de los centenares de mensajes presuntamente delictivos, algunos de los cuales contienen amenazas físicas al teniente coronel. Tampoco se ha facilitado la identidad de los moderadores de los foros de El Faro Verde.
Moya apenas si ha querido dar la cara hasta ahora ante la jurisdicción ordinaria. Primero dilató el proceso desoyendo las citaciones judiciales. Cuando por fin compareció en Instrucción 6, se negó a declarar alegando indefensión por desconocimiento de los cargos que se le imputan. Luego llegó a cuestionar que él fuera secretario general de la asociación. Por último, argumentó que no tenía responsabilidad alguna sobre lo publicado en El Faro Verde e intentó ser juzgado por un tribunal castrense. Durante la instrucción cambió una vez de abogado.
EL MUNDO ha ofrecido al secretario general la posibilidad de dar su versión sobre los hechos pendientes de enjuiciar, pero Moya ha declinado el ofrecimiento. Por su parte, y respecto al paradójico recurso desechado por la Audiencia de Córdoba, fuentes de la AUGC se limitaban ayer a recordar que el Código Penal Militar «está vigente».[/offtopic]
Queda claro, cada uno se manifiesta o se defiende como más le interesa ,según el momento
Ojo, no seré yo quien defienda que se nos aplique el código militar, pero...
«cosas veredes, que farán fablar las piedras»
[offtopic]http://www.elmundo.es/andalucia/2014/05 ... b4571.html
Código Penal 'a la carta' para la asociación de guardias civiles
Su líder sindical fracasa en su intento de ser juzgado por jueces castrenses
Alberto Moya Acedo, secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados como imputado por presuntas injurias dirigidas contra un teniente coronel jefe a través de la página web corporativa El Faro Verde. Y lo va a tener que hacer en los juzgados ordinarios de Córdoba y no ante un tribunal castrense como, paradójicamente, ha pretendido el líder de una asociación crítica con que en pleno siglo XXI se les siga aplicando la ley militar a los agentes de la Benemérita.
La Audiencia cordobesa ha confirmado la decisión del titular del Juzgado de Instrucción 6 de la capital, Armando García Carrasco, de mandar a juicio oral a Alberto Moya junto a J.C.V. (guardia civil retirado) y A.T.G., los dos presuntos autores materiales de las injurias continuadas contra el mando. Hay un cuarto imputado, J.F.H.B., agente en la reserva y administrador de El Faro Verde.
Se desestima así la petición expresada en su recurso por el secretario general de la AUGC (a la que se adhirió la organización parasindical) para que se le juzgue con el Código Penal Militar, lo que le permitiría eludir cualquier responsabilidad, ya que la ley criminal castrense no reconoce responsabilidad ni personalidad jurídica a la asociación. En paralelo, y ante el anteproyecto de reforma del ministro Pedro Morenés, Moya intensificaba estos últimos meses la campaña para exigir que no se les vuelva a aplicar a los guardias civiles el código castrense, salvo en caso de cumplimiento de misiones militares.
Hay «abundante prueba documental» para justificar las imputaciones, destacan los jueces. J.C.V. y A.T.G. habían coincidido con el teniente coronel jefe de la Comandancia de Córdoba, J.I.C.G-l, cuando éste era capitán en el destacamento de Huelva. A principios de 2008, y a raíz de un nombramiento discrecional dentro de la Brigada de Información, se habría desatado una «cascada de opiniones» en la web El Faro Verde, destacando algunos comentarios (la mayoría irreproducibles, por denigratorios) proferidos por estos dos imputados.
«Torturador de guardias civiles», «fascista» o «animal de bellota» son sólo algunos de los epítetos dedicados al alto mando de la Guardia Civil en la página gestionada por la AUGC. La Audiencia resalta en su auto la «reacción desmedida» de los acusados, mientras que el Juzgado de Instrucción 6 habla de «expresiones claramente injuriosas» cuya gravedad ni siquiera ha sido discutida por A.T.G., experto informático residente en Ibiza que no ha llegado a recurrir su imputación tras reconocer que es el titular del correo electrónico desde el que se comunicaba con la web.
Alberto Moya Acedo, secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados como imputado por presuntas injurias dirigidas contra un teniente coronel jefe a través de la página web corporativa El Faro Verde. Y lo va a tener que hacer en los juzgados ordinarios de Córdoba y no ante un tribunal castrense como, paradójicamente, ha pretendido el líder de una asociación crítica con que en pleno siglo XXI se les siga aplicando la ley militar a los agentes de la Benemérita.
La Audiencia cordobesa ha confirmado la decisión del titular del Juzgado de Instrucción 6 de la capital, Armando García Carrasco, de mandar a juicio oral a Alberto Moya junto a J.C.V. (guardia civil retirado) y A.T.G., los dos presuntos autores materiales de las injurias continuadas contra el mando. Hay un cuarto imputado, J.F.H.B., agente en la reserva y administrador de El Faro Verde.
Se desestima así la petición expresada en su recurso por el secretario general de la AUGC (a la que se adhirió la organización parasindical) para que se le juzgue con el Código Penal Militar, lo que le permitiría eludir cualquier responsabilidad, ya que la ley criminal castrense no reconoce responsabilidad ni personalidad jurídica a la asociación. En paralelo, y ante el anteproyecto de reforma del ministro Pedro Morenés, Moya intensificaba estos últimos meses la campaña para exigir que no se les vuelva a aplicar a los guardias civiles el código castrense, salvo en caso de cumplimiento de misiones militares.
Hay «abundante prueba documental» para justificar las imputaciones, destacan los jueces. J.C.V. y A.T.G. habían coincidido con el teniente coronel jefe de la Comandancia de Córdoba, J.I.C.G-l, cuando éste era capitán en el destacamento de Huelva. A principios de 2008, y a raíz de un nombramiento discrecional dentro de la Brigada de Información, se habría desatado una «cascada de opiniones» en la web El Faro Verde, destacando algunos comentarios (la mayoría irreproducibles, por denigratorios) proferidos por estos dos imputados.
«Torturador de guardias civiles», «fascista» o «animal de bellota» son sólo algunos de los epítetos dedicados al alto mando de la Guardia Civil en la página gestionada por la AUGC. La Audiencia resalta en su auto la «reacción desmedida» de los acusados, mientras que el Juzgado de Instrucción 6 habla de «expresiones claramente injuriosas» cuya gravedad ni siquiera ha sido discutida por A.T.G., experto informático residente en Ibiza que no ha llegado a recurrir su imputación tras reconocer que es el titular del correo electrónico desde el que se comunicaba con la web.
Orden directa
El secretario general de AUGC, Alberto Moya, se acabará sentando en el banquillo de los acusados no ya sólo por la «posición de garante» que le obligaba a «tener el control o dominio de lo que en dicha página se publicaba», sino porque «existen indicios de que en el mantenimiento de las opiniones ofensivas medió una instrucción expresa de este imputado», según subraya la Audiencia Provincial, aludiendo a lo declarado ya por el administrador del El Faro Verde, J.F.H.B., quien aseguró ante el juez que Moya le dio la orden directa de no retirar las acusaciones de la web pese a la gravedad de su tenor, por lo que han permanecido colgadas durante más de cuatro años.
Hay que tener en cuenta también que el titular y el administrador de la página habrían reclamado a la empresa que les facilitaba los servicios de internet que no aportase los datos de sus servidores para imposibilitar la identificación del resto de los autores de los centenares de mensajes presuntamente delictivos, algunos de los cuales contienen amenazas físicas al teniente coronel. Tampoco se ha facilitado la identidad de los moderadores de los foros de El Faro Verde.
Moya apenas si ha querido dar la cara hasta ahora ante la jurisdicción ordinaria. Primero dilató el proceso desoyendo las citaciones judiciales. Cuando por fin compareció en Instrucción 6, se negó a declarar alegando indefensión por desconocimiento de los cargos que se le imputan. Luego llegó a cuestionar que él fuera secretario general de la asociación. Por último, argumentó que no tenía responsabilidad alguna sobre lo publicado en El Faro Verde e intentó ser juzgado por un tribunal castrense. Durante la instrucción cambió una vez de abogado.
EL MUNDO ha ofrecido al secretario general la posibilidad de dar su versión sobre los hechos pendientes de enjuiciar, pero Moya ha declinado el ofrecimiento. Por su parte, y respecto al paradójico recurso desechado por la Audiencia de Córdoba, fuentes de la AUGC se limitaban ayer a recordar que el Código Penal Militar «está vigente».[/offtopic]
Queda claro, cada uno se manifiesta o se defiende como más le interesa ,según el momento
