• Diversos guardias civiles sindicalistas han comenzado a criticar las conversaciones con ETA. De trasfondo, el descontento de las asociaciones del Cuerpo por el incumplimiento de las promesas que les hizo el gobierno. Los sindicatos de la guardia civil se encuentra por tanto a la expectativa.
Reportaje por: Juan José Fernández
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03/07/06
“Nos duele profundamente cómo se está llevando el proceso de negociación con ETA”, dijo Fernando Carrillo, secretario general de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), ante la asamblea que celebró ese sindicato en Madrid el pasado viernes. “Zapatero puede negociar con unos criminales, pero no es capaz de sentarse a negociar sus derechos con unos guardias civiles”, añadió. Este puñetazo de la AUGC al punto sensible del proceso de paz responde a su descontento con el Gobierno. Se sienten engañados: ha pasado el ecuador de la legislatura, dos directores generales (Gómez Arruche y Mesquida) se han sentado al frente del Instituto bajo dos ministros (Alonso y Pérez Rubalcaba), y no se ha materializado aún ninguna de las promesas de impulso a la civilización del Cuerpo, legalización de sindicatos, equiparación salarial con otras policías, mejora de condiciones laborales... La AUGC planea movilizaciones para septiembre, mientras observa atenta la negociación con ETA. “Habrá tiempo de tomar medidas”, anuncia un portavoz. Otros grupos concretan más radicalmente: planean para días próximos ruedas de prensa de guardias civiles encapuchados en todas las autonomías denunciando su situación y atacando también a las conversaciones Gobierno-ETA.
El otro sindicato mayoritario del Cuerpo, la Asociación Independiente de la Guardia Civil (ASIGC), se mantiene a la expectativa, pero más moderadamente. “Es cierto que a día de hoy no se ha cumplido lo prometido a principio de legislatura –dice Joaquín Parra, su presidente–, pero tenemos la promesa pública de Rubalcaba de que este verano habría cambios”. En cuanto al proceso de paz, opina: “Debe continuar, pero dejando claro a ETA que la ley debe cumplirse, y la Constitución, ser respetada. Y, desde luego, no valen las rebajas que afecten a las víctimas”.
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