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Ha sido el propio Gobierno el que ha propiciado esta situación al generar expectativas de cambio real en el Cuerpo tras sus promesas electorales que ahora se ve incapaz de cumplir. Una prueba evidente de su falta de capacidad de gestión en un sector, el de la seguridad ciudadana, que hace aguas por los cuatro costados y que necesita reformas urgentes.


Ninguno de los responsables de Interior y Defensa quiere la patata caliente en sus manos y la pasa de uno a otro sin rubor. Primero fue Rubalcaba quien dijo, tras la concentración de miles de guardias civiles el sábado en Madrid, que todo ciudadano tiene derecho a manifestarse. Luego el Ministro de Defensa, quien afirmo la legalidad del acto, soltándola poco después al sentir quemarse sus manos escudándose en un malentendido. Tras interpretar Alonso sus palabras cae en manos de Mesquida que la pasa a los servicios jurídicos para informe, cuando la norma es clara y transparente y no requiere interpretación alguna. El Señor Mesquida trata de ganar tiempo para deshacer el entuerto. Entre todos ellos el Consejo Superior de los generales de la Guardia Civil que, sin necesidad de informe jurídico alguno, reclaman el cumplimiento de la legalidad vigente y se apliquen las sanciones con el máximo rigor al ver peligrar su hegemonía. Ha sido el propio Gobierno el que ha propiciado esta situación al generar expectativas de cambio real en el Cuerpo tras sus promesas electorales que ahora se ve incapaz de cumplir. Una prueba evidente de su falta de capacidad de gestión en un sector, el de la seguridad ciudadana, que hace aguas por los cuatro costados y que necesita reformas urgentes. La Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil lamenta que el Gobierno, ante una situación que ha fomentado él mismo, no encuentre otra salida que sancionar a los guardias civiles que reclamaron el cumplimiento de una promesa a quien la hizo y tiene la posibilidad y la obligación de cumplir a través de la iniciativa parlamentaria para cambiar la norma, sino que no la hubieran hecho. La situación en la Guardia Civil es de crisis y el Presidente del Gobierno debe comparecer para explicar porque no cumple lo que prometió su partido y porque los responsables de Interior y Defensa desconocen por completo el régimen jurídico aplicable a la Guardia Civil que por otra parte se comprometieron a modificar en esta legislatura. La Guardia Civil se siente defraudada y engañada. El espectáculo que se está dado es lamentable y desconcertante. La sanción como única respuesta no convence ya a nadie salvo a los generales. La Guardia Civil no se merece esto.