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Tienen razón los guardias civiles que se manifestaron el pasado día 20 de enero en Madrid? Pues no lo sé, pero pretendo meditar en estas líneas sobre ello, pues el problema del régimen de ese cuerpo, que reverbera desde el inicio de la transición, amenaza con enrarecer seriamente la vida nacional.

En España hay cerca de 80.000 guardias civiles, encargados de importantísimas tareas, muchísimos de los cuales apoyan las reivindicaciones de sus representantes más conocidos o relevantes.Mi curiosidad ha aumentado cuando hace pocos días oí un coloquio radiofónico que versaba sobre la aludida manifestación, coloquio que fue seguido de un pequeño debate con un representante de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

La mayor parte de los contertulios afirmaba que, dado el carácter militar del cuerpo, lo sucedido el citado día 20 constituía sedición y que, fueran cuales fuesen los problemas, no era de recibo actuar como se había actuado. Hubo quien, reforzando dicha posición crítica, aducía que quienes previamente habían optado por ingresar en ese cuerpo sabían a qué atenerse y que no tenían después por qué quejarse, siendo perfectamente razonable que, dada su condición militar, sus derechos fundamentales se vieran restringidos. A ello respondió el representante del cuerpo que estaban hartos de no encontrar cauces ni respuestas y que la decisión de manifestarse con uniforme era un intento más de provocar la atención del Gobierno sobre unos problemas permanentemente desatendidos, fundamentalmente nacidos de la naturaleza militar del instituto, cuyas tareas, estrictamente policiales en su abrumadora mayoría, no resultan compatibles con dicha naturaleza, advirtiendo además que unas hipotéticas sanciones recibirían una respuesta contundente y que lamentaba que el Gobierno no hubiera cumplido sus promesas electorales.Mi sentimiento, al finalizar el programa, fue de frustración, por advertir que así sería imposible resolver el problema, dado que jamás se entró en el punto clave.

En efecto, los contertulios críticos antes mencionados, preocupados por aliviar las tensiones del Gobierno, afirmaban algo en general correcto, esto es, que unos militares infringen ciertas normas jurídicas si realizan determinadas conductas, siendo explicable consecuencia de ellas la imposición de unas sanciones. Menos encomiable era el argumento de que quien entra en una concreta entidad debe atenerse inflexiblemente a las normas que la regulan en ese momento, pues utilizando dicho criterio ninguna agrupación podría transformarse desde dentro y quedaría cada persona vinculada de por vida a su pasado, impidiéndose su evolución, lo que es incompatible con la protección constitucional del desarrollo de la personalidad. Aplicando aquella máxima, la misma transición española habría sido imposible.Por otro lado, los argumentos de la AUGC parecen correctos: no hay, al parecer, razones para mantener el estatus vigente. Ante ello, sorprende que nadie se plantee explícitamente la cuestión crucial: es cierto que, si los guardias civiles son militares, deben someterse a un concreto régimen, pero previamente hay que preguntarse qué argumentos aducen los partidarios de que la Guardia Civil continúe siendo militar; no olvidemos que esos partidarios han provocado que el Gobierno tenga dificultades para atender sus promesas, luego se trata de agentes sociales muy poderosos.

Tratémosles con absoluto respeto y carentes de prejuicios: si sus argumentos son serios y consistentes, debemos sostener que la Guardia Civil (como sucede, por ejemplo, con los Carabinieri) siga siendo militar con las pertinentes consecuencias; a lo mejor los hay (relativos al control del territorio, al armamento, etc.), pero el hecho de guardar silencio sobre ellos desprovee al Gobierno y a los mencionados agentes sociales de una autoridad moral que ya hoy necesitan: quien motiva sus órdenes no pierde autoridad, sino que provoca que ésta merezca ese nombre y no otro. No deben bastar alusiones a un pasado que se remonta a mayo de 1844: la Historia explica, pero, por sí sola, no justifica. Por cierto, en marzo de 1844 el instituto se concibió como civil, de ahí su nombre: al sustituir Narváez a González Bravo en la jefatura de Gobierno y encargar aquél al Duque de Ahumada la organización del cuerpo, se decidió el cambio.Es muy probable que, sea cual sea la respuesta a mi pregunta, la solución, a corto plazo, consista en imitar a los habilísimos políticos británicos: manténganse la Corona y la Cámara de los Lores, pero vaya trasvasándose paulatinamente el poder hacia la Cámara de los Comunes y al Consejo de Ministros. ¿Me explico?