EL PAN DE LOS NUESTROS.
Publicado: 24 Nov 2008, 14:21
El Ministerio del Interior adeuda en torno a un millón de euros a los guardias civiles de las misiones humanitarias de Senegal, Mauritania, Cabo Verde y Malta diseñadas para frenar la inmigración irregular. La deuda es en concepto de indemnizaciones, a raíz de una orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado el 22 de mayo del año pasado que determina el dinero a percibir «por el personal que participe o coopere en asistencia técnica policial, operaciones de mantenimiento de la paz y seguridad, humanitarias o de evacuación de personas en el extranjero».
Los extras que supone esta resolución son unos porcentajes -en torno al 80 por ciento- aplicados sobre el complemento de destino y el complemento específico, que para cada agente es distinto. No obstante, según fuentes del Instituto Armado, a cada guardia de esas misiones le corresponderían a la baja unos mil euros mensuales. La orden de mayo englobaba las misiones de Bosnia, Serbia, Montenegro, Macedonia. Haití, Timor, Afganistán, Sudán e Israel (misión UE policía palestina).
La orden disponía que los pagos se aplicarán desde el 1 de agosto de 2005, es decir, recoge el carácter retroactivo de las misiones. No obstante, el 30 de noviembre del año pasado, seis meses después de aprobarse la orden, se publica una resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad en la que se amplían esas indemnizaciones para labores de cooperación y humanitarias a más países.
La resolución firmada por Antonio Camacho incluye Congo, Sierra Leona, Mauritania, Senegal, Cabo Verde, Malta e Italia y justifica esa ampliación de dinero en que desde que se dio luz verde a la orden ministerial «se han producido nuevas necesidades en el ámbito de la cooperación policial internacional que han dado lugar a nuevas misiones».
Las indemnizaciones se aplican a las misiones de Mauritania, Congo, Senegal, Malta, Cabo Verde y Sierra Leona
Estas misiones para frenar la inmigración irregular comenzaron en mayo de 2006 en Mauritania tras la primera crisis de los cayucos y se fueron ampliando poco a poco (desplegando más patrulleras y helicópteros), hasta convertirse en insignia del Departamento y del propio Gobierno.
La media de guardias civiles que han participado en cada una de las fases es de 13 en Mauritania y unos 17 en Senegal (de tres a nueve meses) a los que hay que sumar los agentes embarcados en los dos buques de altura del Cuerpo, el «Río Miño» y el «Britannia», la misión puntual desarrollada en Malta con otra patrullera y las colaboraciones con Cabo Verde donde también se han desplazado. Según estos cálculos, Interior adeuda unos 442.000 euros a los funcionarios desplazados a Dakar y otros 390.000 a los que han trabajado y siguen en Mauritania. Dado el tiempo transcurrido, algunos de los guardias civiles han enviado ya sus instancias reclamando a la Dirección General de la Guardia Civil el dinero que se les debe.
A la espera de otra orden
ABC ha tenido acceso a algunas de estas instancias. La respuesta recibida es cuanto menos sorprendente: «Se está a la espera de que sea aprobada la correspondiente orden a que se refiere la resolución y una vez calculado el importe total de los devengos que le correspondan al interesado, se procederá a la oportuna liquidación, de todo el periodo de vigencia de la comisión de servicio en cuestión». En resumen, un año después de publicarse la resolución no se sabe aún cómo ni cuándo se pagará (esta respuesta tiene fecha de hace un mes). La Dirección podría enfrentarse a otro centenar de recursos por impago.
http://www.abc.es/20081124/nacional-nac ... 81124.html
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Los extras que supone esta resolución son unos porcentajes -en torno al 80 por ciento- aplicados sobre el complemento de destino y el complemento específico, que para cada agente es distinto. No obstante, según fuentes del Instituto Armado, a cada guardia de esas misiones le corresponderían a la baja unos mil euros mensuales. La orden de mayo englobaba las misiones de Bosnia, Serbia, Montenegro, Macedonia. Haití, Timor, Afganistán, Sudán e Israel (misión UE policía palestina).
La orden disponía que los pagos se aplicarán desde el 1 de agosto de 2005, es decir, recoge el carácter retroactivo de las misiones. No obstante, el 30 de noviembre del año pasado, seis meses después de aprobarse la orden, se publica una resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad en la que se amplían esas indemnizaciones para labores de cooperación y humanitarias a más países.
La resolución firmada por Antonio Camacho incluye Congo, Sierra Leona, Mauritania, Senegal, Cabo Verde, Malta e Italia y justifica esa ampliación de dinero en que desde que se dio luz verde a la orden ministerial «se han producido nuevas necesidades en el ámbito de la cooperación policial internacional que han dado lugar a nuevas misiones».
Las indemnizaciones se aplican a las misiones de Mauritania, Congo, Senegal, Malta, Cabo Verde y Sierra Leona
Estas misiones para frenar la inmigración irregular comenzaron en mayo de 2006 en Mauritania tras la primera crisis de los cayucos y se fueron ampliando poco a poco (desplegando más patrulleras y helicópteros), hasta convertirse en insignia del Departamento y del propio Gobierno.
La media de guardias civiles que han participado en cada una de las fases es de 13 en Mauritania y unos 17 en Senegal (de tres a nueve meses) a los que hay que sumar los agentes embarcados en los dos buques de altura del Cuerpo, el «Río Miño» y el «Britannia», la misión puntual desarrollada en Malta con otra patrullera y las colaboraciones con Cabo Verde donde también se han desplazado. Según estos cálculos, Interior adeuda unos 442.000 euros a los funcionarios desplazados a Dakar y otros 390.000 a los que han trabajado y siguen en Mauritania. Dado el tiempo transcurrido, algunos de los guardias civiles han enviado ya sus instancias reclamando a la Dirección General de la Guardia Civil el dinero que se les debe.
A la espera de otra orden
ABC ha tenido acceso a algunas de estas instancias. La respuesta recibida es cuanto menos sorprendente: «Se está a la espera de que sea aprobada la correspondiente orden a que se refiere la resolución y una vez calculado el importe total de los devengos que le correspondan al interesado, se procederá a la oportuna liquidación, de todo el periodo de vigencia de la comisión de servicio en cuestión». En resumen, un año después de publicarse la resolución no se sabe aún cómo ni cuándo se pagará (esta respuesta tiene fecha de hace un mes). La Dirección podría enfrentarse a otro centenar de recursos por impago.
http://www.abc.es/20081124/nacional-nac ... 81124.html
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