LA INSTRUCCION PASARA AL FISCAL
Publicado: 16 Sep 2010, 15:16
IGNACIO M. PRADA Día 15/09/20101
Ni jueces de instrucción, ni acusación popular. Esa es la propuesta para reformar la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr) que defendió en 2008 el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo; reclama el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y desarrollará, finalmente, el actual titular de Justicia, Francisco Caamaño.
«Antes de que termine el año presentaremos ante el Congreso el primer borrador de LECr», anunció ayer Caamaño en el marco de los «Desayunos de Europa Press». Tal y como señaló, la reforma de la ley implicará arrebatar la investigación de las causas penales a los jueces de instrucción para dársela al Ministerio Fiscal y modificará la regulación actual sobre la acusación popular.
En el primero de los casos, Caamaño aseguró que, convirtiendo al al fiscal en el instructor de todos los procedimientos penales, los jueces se transformarán en simples «garantes» de los derechos de los ciudadanos sometidos a una investigación penal. En cuanto a la regulación de la acusación popular, pocos detalles dio el ministro, que se limitó a pronosticar «una reflexión» para dotar de un nuevo sentido a esta figura jurídica «respetando el mandato que da la Constitución».
Riesgos
Respecto al fiscal como instructor del proceso, hay que recordar que son muchos los juristas que se oponen a esta modificación por el peligro que supone dejar en manos del Ministerio Público las investigaciones, sobre todo las de carácter político, teniendo en cuenta que a día de hoy el fiscal general sigue siendo nombrado por el Gobierno y que la Fiscalía es un órgano jerarquizado.
Lo mismo sucede con la acusación popular. En abril de 2008, el Tribunal Supremo reinterpretaba su propia doctrina y decidía que en los delitos en los que no hay un perjudicado concreto una acción popular por sí sola no puede abrir el juicio oral. Si la modificación de Caamaño va más allá y pasa por que sólo la Fiscalía
pueda acusar (algo que tendrá que desvelar el propio ministro), el ejercicio de la acción penal podría depender entonces, ya sí exclusivamente, de si al Ministerio Público le «conviene» o no personarse en un procedimiento, alertan las mismas voces.
La aniquilación de la acusación popular hubiera supuesto, en su caso, que Baltasar Garzón, suspendido cautelarmente de sus funciones por la causa de la «memoria histórica», no se sentara en el banquillo, pues interpusieron la querella por prevaricación dos acusaciones populares y no la Fiscalía. Lo mismo sucede en el caso de los cobros de Garzón en Nueva York, donde se han querellado dos abogados; o las escuchas de la Gürtel, en la que han sido varios letrados afectados por la intervención de las comunicaciones ordenadas por Garzón los que se han querellado contra el juez por prevaricación.
Planes de Batasuna-ETA
No fueron estas las únicas reformas a las que se refirió ayer el ministro Caamaño, que también quiere modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para conseguir que quienes atentan contra los derechos y libertades no estén en los órganos democráticos. Se refería en concreto a la presencia de Batasuna en las elecciones, vaticinando que es muy probable que en esta ocasión también ETA intente colarse en los próximos comicios con una «lista blanca».
En este sentido, anunció que esas modificaciones «se harán respetando» la Constitución y los límites establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. «Podemos llegar hasta donde la Constitución nos permite», explicó Caamaño, quien consideró que el sistema será suficientemente efectivo para evitar la presencia de ETA en las instituciones. Matizó que el Estado no puede prohibir el ejercicio de derechos y libertades, pero sí «observar, vigilar y estar atentos para que cuando se mueva alguien en esta línea caiga sobre él todo el peso de la ley
FUENTE :ABC
Ni jueces de instrucción, ni acusación popular. Esa es la propuesta para reformar la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr) que defendió en 2008 el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo; reclama el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y desarrollará, finalmente, el actual titular de Justicia, Francisco Caamaño.
«Antes de que termine el año presentaremos ante el Congreso el primer borrador de LECr», anunció ayer Caamaño en el marco de los «Desayunos de Europa Press». Tal y como señaló, la reforma de la ley implicará arrebatar la investigación de las causas penales a los jueces de instrucción para dársela al Ministerio Fiscal y modificará la regulación actual sobre la acusación popular.
En el primero de los casos, Caamaño aseguró que, convirtiendo al al fiscal en el instructor de todos los procedimientos penales, los jueces se transformarán en simples «garantes» de los derechos de los ciudadanos sometidos a una investigación penal. En cuanto a la regulación de la acusación popular, pocos detalles dio el ministro, que se limitó a pronosticar «una reflexión» para dotar de un nuevo sentido a esta figura jurídica «respetando el mandato que da la Constitución».
Riesgos
Respecto al fiscal como instructor del proceso, hay que recordar que son muchos los juristas que se oponen a esta modificación por el peligro que supone dejar en manos del Ministerio Público las investigaciones, sobre todo las de carácter político, teniendo en cuenta que a día de hoy el fiscal general sigue siendo nombrado por el Gobierno y que la Fiscalía es un órgano jerarquizado.
Lo mismo sucede con la acusación popular. En abril de 2008, el Tribunal Supremo reinterpretaba su propia doctrina y decidía que en los delitos en los que no hay un perjudicado concreto una acción popular por sí sola no puede abrir el juicio oral. Si la modificación de Caamaño va más allá y pasa por que sólo la Fiscalía
pueda acusar (algo que tendrá que desvelar el propio ministro), el ejercicio de la acción penal podría depender entonces, ya sí exclusivamente, de si al Ministerio Público le «conviene» o no personarse en un procedimiento, alertan las mismas voces.
La aniquilación de la acusación popular hubiera supuesto, en su caso, que Baltasar Garzón, suspendido cautelarmente de sus funciones por la causa de la «memoria histórica», no se sentara en el banquillo, pues interpusieron la querella por prevaricación dos acusaciones populares y no la Fiscalía. Lo mismo sucede en el caso de los cobros de Garzón en Nueva York, donde se han querellado dos abogados; o las escuchas de la Gürtel, en la que han sido varios letrados afectados por la intervención de las comunicaciones ordenadas por Garzón los que se han querellado contra el juez por prevaricación.
Planes de Batasuna-ETA
No fueron estas las únicas reformas a las que se refirió ayer el ministro Caamaño, que también quiere modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para conseguir que quienes atentan contra los derechos y libertades no estén en los órganos democráticos. Se refería en concreto a la presencia de Batasuna en las elecciones, vaticinando que es muy probable que en esta ocasión también ETA intente colarse en los próximos comicios con una «lista blanca».
En este sentido, anunció que esas modificaciones «se harán respetando» la Constitución y los límites establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. «Podemos llegar hasta donde la Constitución nos permite», explicó Caamaño, quien consideró que el sistema será suficientemente efectivo para evitar la presencia de ETA en las instituciones. Matizó que el Estado no puede prohibir el ejercicio de derechos y libertades, pero sí «observar, vigilar y estar atentos para que cuando se mueva alguien en esta línea caiga sobre él todo el peso de la ley
FUENTE :ABC