JAG- OPERACION MALAYA
Publicado: 07 Oct 2010, 11:47
Quinta jornada del caso Malaya hasta que, sobre las dos de la tarde, estalló la bomba. El abogado del constructor Rafael Gómez, Sandokán, afirmó que el comisario jefe de la Policía Judicial, Juan Antonio González, podría estar tras las siglas "JAG" halladas en los documentos en los que se detallan los supuestos pagos del presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca. “No se puede tratar de otro que del comisario jefe de la Policía Judicial”, espetó, “hasta los porteros de las comisarías lo saben”.
El juez Miguel Ángel Torres estaba presente el día en que se descubrió en el zulo de Roca los manuscritos con las siglas de los presuntos cobros irregulares de JAG. En esa misma pila de papeles se encontraban otros borradores donde figuraban las siglas de otras 27 personas, que dos meses más tarde fueron detenidas y enviadas a prisión. ¿Por qué el juez no llamó a declarar también a JAG? Es más, ¿por qué la pieza separada que se generó sobre dicho informe policial fue enviada a la Brigada de Asuntos Internos de la Policía y se archivo sin más?
El fiscal del caso López Caballero solicitó en su día al juez Torres que, para aclarar el “polémico Informe JAG”, abriese una pieza separada “por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos con el fin de acreditar la identidad de la persona designada con las iniciales ‘JAG’ y la realidad de las dádivas presuntamente recibidas”. Se decía, asimismo, que “dicho procedimiento deberá tramitarse con la consiguiente reserva”. Según ha podido saber El Confidencial de fuentes de la Udyco, hubo “toques de atención desde altas instancias de los despachos del Ministerio del Interior para que el tema no se moviera. Muchas presiones”.
Nada más recibir esa petición del fiscal, el juez Torres dictaba un auto encomendando a la Brigada de Régimen Interior de la Policía para que investigase “todo lo relativo a `JAG'”. Sin embargo, después no se movió ni un solo papel, no se tomó declaración a nadie y, por supuesto, la “investigación” duerme el sueño de los justos.
No hay que olvidar que el registro del atillo de Roca estaba dirigido por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Costa del Sol y que, al mando de la operación, se encontraba el comisario Valentín Bahut, imputado más tarde en otra causa. Éste no remitió al juzgado de numero cinco de Marbella un análisis oficial hasta nueve meses después de hallarse el escrito de Roca. Por tanto, Miguel Ángel Torres tuvo en su haber dicho informe el 15 de enero de 2007, (tal y como informo El Confidencial adjuntando el informe).
Fue entonces cuando Torres cursó un oficio al entonces encargado en Málaga de la sección de Crimen Organizado de la Udyco, José Alfredo Marijuán, “ordenando ante la importancia de la investigación en curso y la necesidad de mantener el sigilo y reserva, que se prohíba la transmisión de cualquier información sobre los hechos a los que se hace referencia en dicho oficio”.
El nombre de JAG se filtró pese a Torres
Pese a la advertencia y el sigilo con el que se quiere tratar el tema, el nombre de “JAG” se filtró y se “apuntó” la casualidad de que coincidiese con las iniciales de Juan Antonio González, comisario jefe de Policía Judicial. El fiscal López Caballero, por su parte, ratificó de inmediato al juez las “referencias a personas relacionadas con cargos del Cuerpo Nacional de Policía, uno de los cuales -“JAG”-, habría recibido ciertas cantidades de dinero por parte del Sr. Roca”. A su juicio, “estos pagos se habrían producido una vez iniciado el presente procedimiento, por lo que los mismos estarían presuntamente vinculados con la información sobre que dichas personas o funcionarios de la Policía podrían haber estado proporcionando a dicho imputado sobre el alcance de las diligencias judiciales”.
Tanto Torres como López Caballero se encontraban en el zulo de Roca, en el que se hallaron los papeles en los que se develaban las siglas JAG. Se da el caso que este altillo ya fue registrado en el ‘caso Saqueo’ en 2002 por orden de la Audiencia Nacional. Sin embargo, fue en este segundo registro, cuatro años más tarde, cuando los policías de la Udyco encontraron en el zulo oculto los papeles que hoy son críticos para las defensas. El registro se efectuó el 4 de abril de 2006, menos de una semana después de la detención de Roca. Su defensa por aquel entonces se quejó de que no se le notificase el registro para así poder asistir y verificar que se realizaba con todas las de la ley. Sí estuvieron presentes el juez Torres y el fiscal López Caballero, en cuya presencia se incautaron de numerosos documentos manuscritos del ex asesor urbanístico.
27 detenidos sin JAG
Un grupo de los defensores imputados en Malaya han denunciado que “esos papeles son borradores de los archivos informáticos en los que se basaron para detener a treinta personas el 27 de junio de 2006. Y lo más relevante es que recogen nombres de mandos policiales tan presuntamente sobornados por Roca como los mismos imputados defendidos ahora por ellos y que sí fueron detenidos“. En unas declaraciones a El Confidencial muy críticas, unos de los principales letrados de la causa afirma “a estos mandos no se les tocó, ni si quiera se facilitó el nombre de algunos mientras mi defendido durmió en prisión varios meses”.
A todos los que seguían el caso les sorprendió que el juez no se interesase oficialmente por ampliar esos datos recopilados en su presencia y que, además, permitiese que la Policía mantuviera en su poder exclusivo todo el material incautado, pese a saber que había “agentes pringados”. De hecho, la Udyco no entregó estos documentos incriminatorios al juzgado hasta el 16 de junio de 2006. Es decir, más de dos meses después de encontrarlos, cuando lo habitual en el procedimiento de la operación había sido que la Policía depositase en el juzgado en un plazo máximo de 24 ó 48 horas todo el material requisado para que la secretaria judicial levantase acta para evitar cualquier sospecha de manipulación, alteración o desaparición de pruebas.
De cualquier forma, el incómodo informe que la Udyco trasladó al magistrado en enero de 2007, con registro de salida 45/07, figuran diversas anotaciones manuscritas por el propio Roca tanto de personas, como siglas y en algún caso cantidades, en lo que presuntamente son anotaciones sobre llamadas recibidas y apuntes en los que se consignan entradas y salidas de fondos. Según los agentes, aparecen nombres de integrantes de la cúpula nacional de la Policía y la comisaría de Marbella. Textualmente se anota: JAG, Fco de Paula Comisario Marbella, Jose Luis Olivera, Amigo AK, Pepe Marín (Comis. Gral Polic Jud) Willy.
Por aquel entonces, Francisco de Paula García era el comisario de la Policía Nacional en Marbella. José Luis Olivera era el jefe estatal de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF). Asimismo, Pepe Marín era el jefe de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana. Son dependencias involucradas directamente en la investigación de Malaya, bajo responsabilidad del comisario general de Policía Judicial, Juan Antonio González. La Udyco dio por hecho que “AK” es un conocido de Roca pendiente de ser identificado. Sobre “Willy”, la Udyco aseguró que también es un alto mando policial: “Se desconoce en este momento de la investigación si dicha palabra se pudiera corresponder con el apodo por el que se conociera a este alto cargo policial”.
Alguien que conoce la estructura policial
Pero Torres seguía sin desvelar quien era “JAG”. La Udyco dedujo que “la persona tras la que se oculta el acrónimo JAG debe corresponder, sin haberse efectuado ningún otro tipo de investigación al respecto hasta el momento, a alguien que conoce perfectamente la estructura policial”.
La Policía también aseguró que Roca hablaba normalmente con JAG. Según el informe policial, en el que la supuesta contabilidad aparece que “JAG” ha cobrado una cantidad de 200.000 euros, queda la duda de si ese presunto pago se referiría sólo a “JAG” o al grupo de policías que se incluye en el manuscrito entre paréntesis. La teoría de que “JAG” le dijese a Roca en una de esas charlas telefónicas los nombres de algunos de los encargados de la investigación a nivel nacional y del nuevo comisario es una de las tesis que ha transcendido. Se da el caso que José Luis Olivera comió en varias ocasiones con Roca. En el referido informe, Udyco Costa del Sol recordó al juez instructor que las pesquisas policiales se realizaban a nivel operativo por dos unidades, una radicada en Madrid, adscrita a la Comisaría General de Policía Judicial, dirigida por .I. A. González, “encargada específicamente de todo lo relativo al blanqueo de capitales presuntamente cometido por la organización encabezada por Juan Antonio Roca Nicolás"; otra, radicada en Málaga, adscrita a la Comisaría Provincial de Málaga, que indagaría "el delito previo o mecanismos de corrupción detectados en el Ayuntamiento de Marbella”.
A la caza de JAG
Además, conocían que el comisario de Marbella, Francisco de Paula García Vélez, fue nombrado en Marbella para que Madrid tuviese mayor control de la Operación Malaya, ya que es un hombre de máxima confianza de Juan A. González, responsable nacional de la Policía Judicial. Su ascenso a comisario y su nombramiento en Marbella datan de diciembre de 2005, fecha en que precisamente el grupo de Málaga enmarcó el supuesto soborno de 200.000 euros a JAG. Por eso no es de extrañar que un letrado como Urdiales puntualizara ayer en el macrojuicio de 'Malaya' que “es de extrañar lo poco que tardan los esforzados funcionarios de la Udyco en identificar con sus siglas a las personas que aquí se sientan, y a la hora de identificar a un alto cargo policial no sabemos nada. Pero en Internet se introducen las siglas y los saben hasta los porteros de las comisarías”.
A preguntas de los periodistas en las puertas del juzgado, el letrado Antonio Urdiales mantuvo ayer su tesis y volvió a relacionar las siglas JAG y el pago de los 200.000 euros con el comisario Juan Antonio González. "Supuestamente con el perfil que dibuja el fiscal al juez al interpretar el documento que se halló en el trastero de Roca, ese alto cargo policial que responda a las siglas JAG no hay más que uno". Al pedirle los periodistas más precisión, Urdiales, dijo: "Juan Antonio González es el único que responde a esas siglas. Altos cargos policiales, con ese perfil, de Murcia (región natal de Roca), que respondan a las siglas JAG... Si este señor en vez de ser el comisario de la policía judicial fuera un empresario estaría detenido, por muchos menos indicios han detenido a muchos empresarios
http://www.elconfidencial.com/espana/ma ... 70268.html
El juez Miguel Ángel Torres estaba presente el día en que se descubrió en el zulo de Roca los manuscritos con las siglas de los presuntos cobros irregulares de JAG. En esa misma pila de papeles se encontraban otros borradores donde figuraban las siglas de otras 27 personas, que dos meses más tarde fueron detenidas y enviadas a prisión. ¿Por qué el juez no llamó a declarar también a JAG? Es más, ¿por qué la pieza separada que se generó sobre dicho informe policial fue enviada a la Brigada de Asuntos Internos de la Policía y se archivo sin más?
El fiscal del caso López Caballero solicitó en su día al juez Torres que, para aclarar el “polémico Informe JAG”, abriese una pieza separada “por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos con el fin de acreditar la identidad de la persona designada con las iniciales ‘JAG’ y la realidad de las dádivas presuntamente recibidas”. Se decía, asimismo, que “dicho procedimiento deberá tramitarse con la consiguiente reserva”. Según ha podido saber El Confidencial de fuentes de la Udyco, hubo “toques de atención desde altas instancias de los despachos del Ministerio del Interior para que el tema no se moviera. Muchas presiones”.
Nada más recibir esa petición del fiscal, el juez Torres dictaba un auto encomendando a la Brigada de Régimen Interior de la Policía para que investigase “todo lo relativo a `JAG'”. Sin embargo, después no se movió ni un solo papel, no se tomó declaración a nadie y, por supuesto, la “investigación” duerme el sueño de los justos.
No hay que olvidar que el registro del atillo de Roca estaba dirigido por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Costa del Sol y que, al mando de la operación, se encontraba el comisario Valentín Bahut, imputado más tarde en otra causa. Éste no remitió al juzgado de numero cinco de Marbella un análisis oficial hasta nueve meses después de hallarse el escrito de Roca. Por tanto, Miguel Ángel Torres tuvo en su haber dicho informe el 15 de enero de 2007, (tal y como informo El Confidencial adjuntando el informe).
Fue entonces cuando Torres cursó un oficio al entonces encargado en Málaga de la sección de Crimen Organizado de la Udyco, José Alfredo Marijuán, “ordenando ante la importancia de la investigación en curso y la necesidad de mantener el sigilo y reserva, que se prohíba la transmisión de cualquier información sobre los hechos a los que se hace referencia en dicho oficio”.
El nombre de JAG se filtró pese a Torres
Pese a la advertencia y el sigilo con el que se quiere tratar el tema, el nombre de “JAG” se filtró y se “apuntó” la casualidad de que coincidiese con las iniciales de Juan Antonio González, comisario jefe de Policía Judicial. El fiscal López Caballero, por su parte, ratificó de inmediato al juez las “referencias a personas relacionadas con cargos del Cuerpo Nacional de Policía, uno de los cuales -“JAG”-, habría recibido ciertas cantidades de dinero por parte del Sr. Roca”. A su juicio, “estos pagos se habrían producido una vez iniciado el presente procedimiento, por lo que los mismos estarían presuntamente vinculados con la información sobre que dichas personas o funcionarios de la Policía podrían haber estado proporcionando a dicho imputado sobre el alcance de las diligencias judiciales”.
Tanto Torres como López Caballero se encontraban en el zulo de Roca, en el que se hallaron los papeles en los que se develaban las siglas JAG. Se da el caso que este altillo ya fue registrado en el ‘caso Saqueo’ en 2002 por orden de la Audiencia Nacional. Sin embargo, fue en este segundo registro, cuatro años más tarde, cuando los policías de la Udyco encontraron en el zulo oculto los papeles que hoy son críticos para las defensas. El registro se efectuó el 4 de abril de 2006, menos de una semana después de la detención de Roca. Su defensa por aquel entonces se quejó de que no se le notificase el registro para así poder asistir y verificar que se realizaba con todas las de la ley. Sí estuvieron presentes el juez Torres y el fiscal López Caballero, en cuya presencia se incautaron de numerosos documentos manuscritos del ex asesor urbanístico.
27 detenidos sin JAG
Un grupo de los defensores imputados en Malaya han denunciado que “esos papeles son borradores de los archivos informáticos en los que se basaron para detener a treinta personas el 27 de junio de 2006. Y lo más relevante es que recogen nombres de mandos policiales tan presuntamente sobornados por Roca como los mismos imputados defendidos ahora por ellos y que sí fueron detenidos“. En unas declaraciones a El Confidencial muy críticas, unos de los principales letrados de la causa afirma “a estos mandos no se les tocó, ni si quiera se facilitó el nombre de algunos mientras mi defendido durmió en prisión varios meses”.
A todos los que seguían el caso les sorprendió que el juez no se interesase oficialmente por ampliar esos datos recopilados en su presencia y que, además, permitiese que la Policía mantuviera en su poder exclusivo todo el material incautado, pese a saber que había “agentes pringados”. De hecho, la Udyco no entregó estos documentos incriminatorios al juzgado hasta el 16 de junio de 2006. Es decir, más de dos meses después de encontrarlos, cuando lo habitual en el procedimiento de la operación había sido que la Policía depositase en el juzgado en un plazo máximo de 24 ó 48 horas todo el material requisado para que la secretaria judicial levantase acta para evitar cualquier sospecha de manipulación, alteración o desaparición de pruebas.
De cualquier forma, el incómodo informe que la Udyco trasladó al magistrado en enero de 2007, con registro de salida 45/07, figuran diversas anotaciones manuscritas por el propio Roca tanto de personas, como siglas y en algún caso cantidades, en lo que presuntamente son anotaciones sobre llamadas recibidas y apuntes en los que se consignan entradas y salidas de fondos. Según los agentes, aparecen nombres de integrantes de la cúpula nacional de la Policía y la comisaría de Marbella. Textualmente se anota: JAG, Fco de Paula Comisario Marbella, Jose Luis Olivera, Amigo AK, Pepe Marín (Comis. Gral Polic Jud) Willy.
Por aquel entonces, Francisco de Paula García era el comisario de la Policía Nacional en Marbella. José Luis Olivera era el jefe estatal de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF). Asimismo, Pepe Marín era el jefe de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana. Son dependencias involucradas directamente en la investigación de Malaya, bajo responsabilidad del comisario general de Policía Judicial, Juan Antonio González. La Udyco dio por hecho que “AK” es un conocido de Roca pendiente de ser identificado. Sobre “Willy”, la Udyco aseguró que también es un alto mando policial: “Se desconoce en este momento de la investigación si dicha palabra se pudiera corresponder con el apodo por el que se conociera a este alto cargo policial”.
Alguien que conoce la estructura policial
Pero Torres seguía sin desvelar quien era “JAG”. La Udyco dedujo que “la persona tras la que se oculta el acrónimo JAG debe corresponder, sin haberse efectuado ningún otro tipo de investigación al respecto hasta el momento, a alguien que conoce perfectamente la estructura policial”.
La Policía también aseguró que Roca hablaba normalmente con JAG. Según el informe policial, en el que la supuesta contabilidad aparece que “JAG” ha cobrado una cantidad de 200.000 euros, queda la duda de si ese presunto pago se referiría sólo a “JAG” o al grupo de policías que se incluye en el manuscrito entre paréntesis. La teoría de que “JAG” le dijese a Roca en una de esas charlas telefónicas los nombres de algunos de los encargados de la investigación a nivel nacional y del nuevo comisario es una de las tesis que ha transcendido. Se da el caso que José Luis Olivera comió en varias ocasiones con Roca. En el referido informe, Udyco Costa del Sol recordó al juez instructor que las pesquisas policiales se realizaban a nivel operativo por dos unidades, una radicada en Madrid, adscrita a la Comisaría General de Policía Judicial, dirigida por .I. A. González, “encargada específicamente de todo lo relativo al blanqueo de capitales presuntamente cometido por la organización encabezada por Juan Antonio Roca Nicolás"; otra, radicada en Málaga, adscrita a la Comisaría Provincial de Málaga, que indagaría "el delito previo o mecanismos de corrupción detectados en el Ayuntamiento de Marbella”.
A la caza de JAG
Además, conocían que el comisario de Marbella, Francisco de Paula García Vélez, fue nombrado en Marbella para que Madrid tuviese mayor control de la Operación Malaya, ya que es un hombre de máxima confianza de Juan A. González, responsable nacional de la Policía Judicial. Su ascenso a comisario y su nombramiento en Marbella datan de diciembre de 2005, fecha en que precisamente el grupo de Málaga enmarcó el supuesto soborno de 200.000 euros a JAG. Por eso no es de extrañar que un letrado como Urdiales puntualizara ayer en el macrojuicio de 'Malaya' que “es de extrañar lo poco que tardan los esforzados funcionarios de la Udyco en identificar con sus siglas a las personas que aquí se sientan, y a la hora de identificar a un alto cargo policial no sabemos nada. Pero en Internet se introducen las siglas y los saben hasta los porteros de las comisarías”.
A preguntas de los periodistas en las puertas del juzgado, el letrado Antonio Urdiales mantuvo ayer su tesis y volvió a relacionar las siglas JAG y el pago de los 200.000 euros con el comisario Juan Antonio González. "Supuestamente con el perfil que dibuja el fiscal al juez al interpretar el documento que se halló en el trastero de Roca, ese alto cargo policial que responda a las siglas JAG no hay más que uno". Al pedirle los periodistas más precisión, Urdiales, dijo: "Juan Antonio González es el único que responde a esas siglas. Altos cargos policiales, con ese perfil, de Murcia (región natal de Roca), que respondan a las siglas JAG... Si este señor en vez de ser el comisario de la policía judicial fuera un empresario estaría detenido, por muchos menos indicios han detenido a muchos empresarios
http://www.elconfidencial.com/espana/ma ... 70268.html