Abren Diligencias Contra El General De Canarias

[Xentonio]

ARCHIVADA LA QUERELLA POR DETENCIÓN ILEGAL CONTRA EL INSPECTOR BELDA

El juez denuncia por delictiva la carta del general de la Guardia Civil a la jefa de la Policía

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. - CANARIAS AHORA

Se ofrecen acciones al policía por denuncia falsa de la detenida - Se deduce testimonio al Juzgado de Guardia por si el general Martínez cometió un presunto delito contra la Administración de Justicia.

El SPP insiste en que la detención de la mujer de un general del Ejército en Canarias ''se ajustó a derecho''
El SPP también pide el relevo del general jefe de la Guardia Civil en Canarias
''Si es su esposa o la mía, la detención hubiera sido la misma''

El juez Tomás Martín, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, ha solicitado del juzgado de guardia la apertura de diligencias contra el general de División jefe de la Guardia Civil en Canarias, Francisco Martínez, por un presunto delito contra la Administración Pública y contra la Administración de Justicia presumiblemente derivados de la carta que el verano pasado remitió a la jefa superior de Policía y a la delegada del Gobierno quejándose por el trato dispensado a la esposa de otro general en un incidente de tráfico.

El juez, además, ha acordado el archivo de la querella por detención ilegal formulada por la esposa del general jefe de la Zona Militar de Canarias, Francisco Martín Alonso, contra el inspector jefe de la Policía Nacional Eduardo Belda que la detuvo en una carretera de Gran Canaria mientras conducía en dirección prohibida. El magistrado ha ofrecido al inspector acciones por si quisiera proceder por denuncia falsa contra la querellante.

De ser atendida la denuncia del juez Martín, el general jefe de la Guardia Civil tendrá que responder ante otro juzgado por el contenido de aquella carta enviada el 2 de julio de 2010 a la jefa superior de Policía, Concepción de Vega, y a la delegada del Gobierno, Carolina Darias, en la que se quejaba de la detención efectuada por ese inspector, contra el que pedía medidas disciplinarias, al tiempo que criticaba la actuación de la justicia, que condenó a la acusada a cuatro meses de prisión y un año de suspensión del permiso de conducir por un delito contra la seguridad en el tráfico en una sentencia por conformidad.

El juez rechaza de plano la querella por detención ilegal formulada por Esther Vaquero Martín, esposa del general jefe de la Zona Militar de Canarias, y los argumentos de que sólo era competente en aquel incidente la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. "La Policía ha intervenido desde el año 2007 en 1.953 delitos contra la seguridad vial, ello con independencia de la vía en que ocurra este tipo de delitos, pues siendo la mayoría de las veces un delito en el que se interviene, ante la flagrancia del mismo cualquier agente de la autoridad debe intervenir", expone Tomás Martín en su auto de archivo.

Pero, además, el magistrado aporta el escrito del Ministerio Fiscal en las diligencias urgentes abiertas en su juzgado contra Esther Vaquero para reforzar las tesis de que se estaba ante la comisión de un delito y no de una infracción administrativa, como pretendía en su querella por detención ilegal.

Al deducir testimonio contra el general jefe de la Guardia Civil, el juez aprecia un posible delito que habrá de investigar el juzgado de Las Palmas de Gran Canaria en el que recaiga la causa.

http://www.canariasahora.com/noticia/154264/

[ukoy]

Si mal no recuerdo, la Dirección tiene ahora la obligación de abrir de oficio un expediente sancionador paralelo. En esta ocasión se ven obligados por las circunstancias judiciales, ya que de otro modo el general se marcharía de rositas. En este caso no fueron tan rápidos como cuando trataron de acallar las voces de los representantes de las asociaciones por pedir mejoras para todos los guardias civiles, abriendo expedientes a diestro y siniestro. El rasero debe ser igual para todos los componentes del cuerpo, con independencia de su escala, pero mucho me temo que como la vía judicial no prospere, la vía administrativa quedará archivada sin responsabilidad. Es lo que tiene ser general, gozar de derechos - no es este el caso- que al resto de los guardias se nos niegan a golpe de reglamento disciplinario.

[ukoy]

[quote user="iberia" post="83612"]Entiendo que abrirle expediente debe ser por los mismos actos que sea juzgado, si lo es, judicialmente.Hasta ahora recordemos el artículo 24 de la Constitución porque lo único es que un juez quiere escucharle.


SALUDOS, FOREROS.[/quote]

Creo que son dos caminos diferentes, como apunta fouche, uno el judicial, que juzgaría las infracciones penales en que pudo haber incurrido en tan lamentables hechos. El otro las disciplinarias que no tienen nada que ver con las primeras aunque estén relacionadas. ¿Acaso el juez tiene competencia sancionadora en temas que le son ajenos, relativos al régimen interior del cuerpo?.Los caminos de ambas son paralelos, y hasta que el judicial no sea archivado o dicte sentencia el administrativo permanece parado. Una cosa tengo clara, como por la calle no sea sancionado, por el cuerpo res de res, pero éticamente, si sale absuelto, no veo porque no puede ser sancionado por alguna posible infracción al régimen disciplinario, considerando que son dos cosas diferentes. Y no es ser más papista que el Papa.

[Administrador]

Por considerar de interés para el debate los fundamentos de sobreseimiento y archivo de la querella por detención ilegal, acabo de subir a descargas generales el auto del Juzgado de Instrucción de Las Palmas

http://www.unionoficiales.org/dload.php ... ile_id=535

Un saludo a todos

[depeche]

la guardia civil, tiene que abrir expediente.

que prediquen con su justicia.

saludos.

[Administrador]

Por considerar de interés para el debate los fundamentos de sobreseimiento y archivo de la querella por detención ilegal, acabo de subir a descargas generales el auto del Juzgado de Instrucción de Las Palmas

http://www.unionoficiales.org/dload.php ... ile_id=535

Un saludo a todos

Este auto es el que dicta el sobreiseimiento y archivo de la querella presentada por la conductora, juzgada y condenada ya, contra el inspector de policía, documento muy escrupuloso en base a la regulación que hace la 2/1986 de las competencias que poseen los CFSE. En suma, deja más que claro el hecho de que el inspector qedaba legitimado para detener a la autora de los hechos cometidos ya que poseía indicios más que razonables de conducta delictiva y más viendo que la ATGC sólo procedió administrativamente.
Pero lo ideal es tener el escrito por el que el juez comunica a la fiscalía los hechos que él cree que justifican la apertura de un proceso judicial en contra del señor general.
En el caso de que este señor tenga que sentarse en el banquillo de acusados creo que todos tendremos mayor confianza en la jurisdicción civil que si fuera la "militar" (donde la mayoría son "colegas" de academia y "los hombros" imponen mucho).

Ese escrito no lo tenemos. He subido a descargas el auto de archivo de la querella por detención ilegal, precisamente para que los usuarios vean los fundamentos jurídicos (sobre todo la interpretación de la 2/86 en cuanto que se está ante un delito flagrante, y no hay competencias de la guardia civil que valgan...)

Como puede leerse en el propio auto, el Juez ordena que se deduzca testimonio al juzgado de Guardia al objeto que

concrete si existen o no indicios racionales de criminalidad respecto al documento consistente en una carta remitida por el General de División Jefe de la Zona de Canarias ..... que según consta fue remitida a la Jefa Superior del Cuerpo Nacional de Policía

Es de suponer que el Juez de Guardia o el Fiscal, SI han encontrado tales INDICIOS RACIONALES DE CRIMINALIDAD, toda vez que según se ha publicado, al General se le ha imputado un presunto delito contra la Administración Pública y contra la Administración de Justicia

Un saludo

[Administrador]

Es de suponer que el Juez de Guardia o el Fiscal, SI han encontrado tales INDICIOS RACIONALES DE CRIMINALIDAD, toda vez que según se ha publicado, al General se le ha imputado un presunto delito contra la Administración Pública y contra la Administración de Justicia

Un saludo

El juez lo que ha hecho ha sido deducir testimonio para el juzgado de guardia, es decir, ha denunciado al general en un juzgado de guardia por si éste ha cometido el presunto delito contra la administración Pública y de Justicia; ahora puede o no, ser atendida la denuncia.

SALUDOS, FOREROS.

Tienes razón

....//....
Al deducir testimonio contra el general jefe de la Guardia Civil, el juez aprecia un posible delito que habrá de investigar el juzgado de Las Palmas de Gran Canaria en el que recaiga la causa.

http://www.canariasahora.com/noticia/154264/

Un saludo

[ukoy]

El juez llama como imputado al general de la Guardia Civil

El titular del Juzgado de Instrucción número uno de Las Palmas de Gran Canaria ha llamado a declarar en calidad de imputado al general de La Guardia Civil, Miguel Martínez, en relación a su intervención en la detención policial de la esposa de otro general en un incidente de tráfico.
Miguel Martínez, general de División jefe de la Guardia Civil en Canarias, fue citado hoy ante el juez en calidad de imputado por presuntos delitos de contra la Administración Pública y contra la Administración de Justicia en relación a la carta que remitió a la jefa superior de Policía de Canarias a raíz de la detención de la esposa de del general jefe de la Zona Militar de Canarias, Francisco Martín Alonso, por parte del inspector jefe de la Policía Nacional Eduardo Belda, que la detuvo al sorprenderla conduciendo en dirección prohibida. En la misiva, dirigida también a la delegada del Gobierno, Carolina Darias, el general Miguel Martínez se quejaba de la actuación policial y de la Justicia en el caso. La esposa del general sorprendida en dirección prohibida por el inspector Belda, fue condenada en un juicio rápido celebrado por la titular del Juzgado de Instrucción número siete, Victoria Rosell, que sustituía a en ese momento a Tomás Martín. La sentencia, dictada por conformidad, impuso a la esposa del general de la Zona Militar de Canarias cuatro meses de prisión y un año de suspensión del permiso de conducir por un delito contra la seguridad en el tráfico.

La esposa del general presentó posteriormente una querella contra el inspector de jefe, que fue archivada por el titular del Juzgado de Instrucción número tres de Las Palmas, Tomás Martín, quien, además, dedujo testimonio al juzgado de guardia contra el general de División jefe de la Guardia Civil en Canarias por un delito contra la administración de Justicia. El Juzgado de Instrucción número cinco, que estaba de guardia, remitió la causa a reparto, recayendo el asunto en el Juzgado de Instrucción número uno, ante el que hoy tendría que haber declarado el general Martínez, quien se excusó al no estar en Las Palmas de Gran Canaria por razones de su cargo.

La citación se produce después de que el juez haya practicado diversas diligencias, entre ellas la declaración de cargos de la Guardia Civil en Las Palmas y del Subsector de Tráfico a los que se les preguntó por un atestado sobre el incidente de tráfico protagonizado por la esposa del general Francisco Martín Alonso y que existe en las diligencias. El atestado está avalado y firmado por el número de identificación de dos agentes de la benemérita. Según ha trascendido del proceso, en el Subsector de Tráfico de Las Palmas nadie ha reconocido la existencia del atestado, ni que lo hubiese confeccionado ningún agente de la unidad.
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=190904

[peligro]

[quote user="ukoy" post="85432"]La citación se produce después de que el juez haya practicado diversas diligencias, entre ellas la declaración de cargos de la Guardia Civil en Las Palmas y del Subsector de Tráfico a los que se les preguntó por un atestado sobre el incidente de tráfico protagonizado por la esposa del general Francisco Martín Alonso y que existe en las diligencias. El atestado está avalado y firmado por el número de identificación de dos agentes de la benemérita. Según ha trascendido del proceso, en el Subsector de Tráfico de Las Palmas nadie ha reconocido la existencia del atestado, ni que lo hubiese confeccionado ningún agente de la unidad.[/quote]


Por lo que se lee en la noticia parece el tema se complica y que puede haber más "tela que cortar" en este tema.

Ahora incluso puede haber un atestado "fantasma", desaparecido en combate o missing, ............. missing in action

[peligro]

http://www.laprovincia.es/las-palmas/20 ... 36651.html


Martínez considera ´normal´ y ´personal´ la carta a De Vega


El máximo responsable de la Guardia Civil declaró ayer imputado por un delito contra la Administración de Justicia



M. REYES El general de división jefe de la Guardia Civil en Canarias, Miguel Martínez, prestó ayer declaración por un presunto delito contra la Administración de Justicia en el Juzgado de Instrucción nº 1 de la capital grancanaria. Martínez defendió la legalidad de la carta que le mandó a la jefa superior del Cuerpo Nacional de Policía, Concepción de Vega, después de que el jefe de Homicidios, Eduardo Belda, detuviera en junio a la mujer de un general del Ejército por conducir dos kilómetros en sentido contrario.

El general sostuvo ante el magistrado que la misiva era una comunicación "normal" y habitual en las relaciones entre los diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad el Estado, además de una carta de carácter "personal" que no tiene registro de entrada y salida. Martínez reprochaba en ese escrito la actuación policial y pedía que se tomaran medidas disciplinarias contra los agentes que participaron en la detención.

El máximo responsable de la Guardia Civil en Canarias fue asistido en su declaración por Eligio Hernández, abogado y ex fiscal General del Estado. El letrado explicó tras la comparecencia que solicitará hoy el archivo de la denuncia, entre otros motivos porque "llevo 45 años de ejercicio judicial y no sé cuál es el delito concreto que se le imputa a mi cliente", subrayó Hernández.

El ex fiscal considera que la carta está amparada en el artículo 11 de la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, donde se recoge que los responsables policiales deben comunicar sus actuaciones cuando afectan a las competencias de otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

En ese sentido, Hernández viene sosteniendo que la Policía Nacional invadió una competencia "inequívoca" de la Guardia Civil al arrestar a la mujer del mando militar en una vía interurbana.

La polémica detención provocó un agrio enfrentamiento entre los dos cuerpos policiales. De hecho, la mujer arrestada, Esther Vaquero Martín, a pesar de aceptar una sentencia de conformidad por conducir en sentido contrario, presentó una querella contra el inspector de Homicidios por detención ilegal. Belda tuvo que dar un volantazo para no chocar de frente con la esposa del general jefe de la Zona Militar de Canarias, Francisco Martín Alonso.

Querella
La querella cayó en el Juzgado de Instrucción nº 3 de la capital grancanaria, pero el juez Tomás Martín la archivó y pidió, en un auto fechado el 7 de octubre, que se dedujera testimonio de las actuaciones para que el órgano competente "concrete si existen o no indicios racionales de criminalidad por la carta remitida el 2 de julio de 2010".

"Por la lectura de la misma este instructor considera que contiene afirmaciones que pudieran revelar la comisión de un delito contra la Administración Pública y contra la Administración de Justicia", razonaba Tomás Martín en su resolución. Esa denuncia, por las normas de reparto, le tocó al Juzgado de Instrucción nº 1, cuyo titular, Alberto Puebla, le ha tomado ahora declaración al general Martínez.

El arresto de la mujer del general se produjo sobre la 16.00 horas del 25 de junio. El juez instructor de la querella determinó entonces que la actuación de los agentes intervinientes se "ajustó a la legalidad", porque "evitaron la impunidad" de un delito. En su auto también recordaba que el arresto de los presuntos responsables de un hecho delictivo no es sólo una facultad, sino un "deber institucional exigible a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".