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Interior pide a la Justicia mantener a 5.000 mandos policiales elegidos a dedo


El Tribunal Superior de Madrid y el Supremo ordenaron sustituirlos por funcionarios que superaran un concurso de méritos. El ministerio ve "complejo" ejecutar la sentencia.



Roberto R. Ballesteros.Madrid

El Ministerio del Interior parece dispuesto a hacer lo que sea para no cumplir las órdenes dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y ratificadas por el Supremo. El pasado 16 de diciembre, la Dirección General de Policía y Guardia Civil solicitó al TSJM que le perdonara parte del correctivo que el tribunal madrileño le impuso el 11 de septiembre de 2006.

Una sentencia emitida ese día, y ratificada por el Tribunal Supremo un año después (el 15 de julio de 2010), obligó al ministerio a reeestructurar el Cuerpo Nacional de Policía y sustituir a casi 7.000 mandos nombrados a dedo por otros funcionarios elegidos a través de concurso de méritos. A esta sentencia se sumó otra de la Audiencia Nacional en el mismo sentido. Las tres limitaban la libre designación de mandos policiales tan sólo a los niveles 29 y 30 de la administración, cuando Interior venía nombrando cargos a dedo incluso hasta el nivel 26.

En este contexto, el escrito de la Dirección General del 26 de diciembre solicitó al Alto Tribunal madrileño permiso para reducir de 6.966 a 1.907 los mandos que debe sustituir por otros elegidos con criterios profesionales. El resto (5.059), “dada la complejidad” de la ejecución de la sentencia, “debe” seguir el criterio de la libre designación.

El ministerio argumenta que estos más de 5.000 puestos son cargos de “especial responsabilidad” o “especial funcionalidad y confidencialidad”. Se refiere Interior a los funcionarios incluidos en el Nivel de Complemento de Destino 28, a los que trabajan en la Casa del Rey, Moncloa, el Congreso y el Senado, a los que prestan servicio en embajadas, a los que luchan contra el terrorismo o a los de asuntos internos.

Sobre el resto, los 1.907 mandos que sí admite tener la intención de sustituir, la Dirección General se limita a decir que “se está efectuando un análisis pormenorizado” de los mismos con el fin de “determinar cuál es el sistema de provisión más adecuado”.

El escrito asegura también que el ministerio ha remitido a la Comisión Interministerial de Retribuciones “la propuesta de modificación del Catálogo de Puestos de Trabajo” de la Policía. El catálogo, vigente desde enero de 2008, permitió a Interior incrementar un 25% el número de nombramientos a dedo dentro del cuerpo. Tras su aprobación, los sindicatos policiales recurrieron ante el TSJM (SUP y SPP) y la Audiencia Nacional (CEP). Ambos tribunales, y posteriormente el Supremo, se decantaron del lado sindical, que consideró la victoria como un triunfo de la profesionalidad sobre la politización.

Sin embargo, y a pesar de los citados fallos judiciales, Interior ha desobedecido hasta en cuatro ocasiones la orden de los tribunales después de que el Supremo declarase firme la sentencia del TSJM el pasado 15 de julio. Cuatro órdenes generales han continuado nombrando a dedo casi un centenar de mandos del nivel 28 de la Administración.

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Rubalcaba desobedece al Supremo, ignora al Congreso e incumple la ley

por Redaccion | Marzo 6, 2011 - 11:32pm

Roberto R. Ballesteros. Madrid

Las instituciones democráticas no son suficiente autoridad para el Ministerio del Interior. Al menos es lo que se deduce del caso que este hace tanto a los tribunales como al Congreso de los Diputados o la propia ley

El departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba ha desobedecido ya en cinco ocasiones al Tribunal Supremo. Y todas por el mismo caso. La máxima instancia de la Justicia española sentenciaba el pasado 15 de julio que la Dirección General de Policía y Guardia Civil no podía nombrar más altos mandos policiales a dedo. Declaraba firme una sentencia previa del Tribunal Superior de Madrid (11 de septiembre de 2009) que, tras recurso de los sindicatos SUP y SPP, sólo permitía designar cargos con criterio político en los niveles 29 y 30 de la Administración; es decir, jefes superiores, subdirectores, jefes de división y comisarios generales. Prohibía, por lo tanto, nombrar a dedo a los cargos correspondientes a niveles inferiores. También obligaba el Supremo a rehacer el Catálogo de Puestos de Trabajo aprobado por Interior en 2008, que incrementaba en casi un 25% el número de nombramientos a dedo que permitía la anterior normativa. Es decir, el ministerio estaba obligado a llevar a cabo una profunda reestructuración del cuerpo, ya que debía sustituir a los mandos elegidos a discreción por otros que se sometieran al tradicional concurso de méritos.

Las sentencias firmes del TSJM fueron reafirmadas por otra emitida por la Audiencia Nacional (263/2010 del 8 de octubre) tras un recurso de la Confederación Española de Policía (CEP), que se pronunciaba en los mismos términos que sus predecesoras.

Sin embargo, desde que se publicó el auto del Supremo, el Gobierno no sólo no ha dado signos de querer reestructurar el cuerpo, sino que ha seguido actuando como antes. Cuatro resoluciones firmadas por el director general de Policía y Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, han ignorado reiteradamente la orden judicial desde que esta se firmó, hace casi ocho meses.

La primera, el 26 de octubre de 2010, cuando la Dirección General aprobó la convocatoria de varios puestos de libre designación (orden general 1.852) sin diferenciar entre aquellos que son competencia de los comisarios y los que debe ocupar un comisario principal, como ordenaba la Justicia. La segunda, el 14 de diciembre de 2010 (orden general 1.858), cuando el ministerio aprobó nombrar a dedo 28 altos mandos del nivel 28 de la Administración, cuando el Supremo, el TSJM y la Audiencia Nacional tan sólo permitieron la libre designación para los niveles 29 y 30. La tercera, el 26 de enero de 2011 (orden general 1.867), que el ministerio utilizó para nombrar a otros 55 mandos del nivel 28 a pesar de las citadas sentencias judiciales. Y la cuarta, el 17 de febrero de 2010 (orden general 1.870), que volvía a usar la libre designación para elegir otros cuatro cargos del nivel 28.

Pero no es la única desobediencia que Interior hace a las instituciones. El ministerio ignora desde hace más de dos años la petición del Congreso (proposición no de ley del 21 de octubre de 2008) de informar cada seis meses sobre “los principales indicadores de criminalidad”. También hace caso omiso a la orden del Parlamento (proposición no de ley del 27 de mayo de 2009) de publicar cada mes en la web del ministerio los delitos por tipología y provincia.

En la misma línea, el departamento de Rubalcaba lleva más de tres años sin cumplir la Ley 39/2007, que obliga al Gobierno a reformar la denominada ley de personal de la Guardia Civil para adaptarla al Espacio Europeo de Educación Superior (Plan Bolonia).

Las asociaciones profesionales (Unión de Oficiales y Asociación Unificada de Guardias Civiles), cansadas de este retraso, han comenzado a promover una iniciativa legislativa popular por primera vez en su historia para reformar la norma.

Fuente: Gomera noticias