Varapalo del Consejo de Estado al intento de imponer sanciones colectivas
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El Gobierno ha dado marcha atrás en su intento por ahogar disciplinariamente el asociacionismo en la Guardia Civil. Del proyecto de Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros y remitido al Congreso, se ha caído una disposición final que endurecía el código disciplinario de la Guardia Civil para, entre otras medidas, imponer castigos colectivos a las cúpulas de las asociaciones profesionales del instituto armado.
“Los miembros de los órganos de gobierno y representación” de las asociaciones “responderán disciplinariamente por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de sus actividades asociativas”, decía la disposición. “Cuando los actos y omisiones se realicen en ejecución de acuerdos [...] responderán disciplinariamente todos los miembros de dichos órganos, salvo los que se hubieran opuesto o no hubiesen intervenido”.
La rectificación se ha producido tras un durísimo varapalo del Consejo de Estado que, en un informe fechado el pasado 4 de abril, concluyó que este precepto “no resulta admisible, porque convierte a los sujetos activos de la conducta que tipifica en responsables de los hechos de terceros”. Para el principal órgano asesor del Gobierno, que habitualmente se expresa en términos muy diplomáticos, los dirigentes de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil “deberán responder de los acuerdos que adopten, pero no de los actos y omisiones que otros cometan [...] pues en nuestro ordenamiento jurídico la responsabilidad penal y disciplinaria es siempre personal”.
La imposición de sanciones colectivas no es la única vuelta de tuerca que se quería dar al código disciplinario del instituto armado, que dirige el exdiputado del PP Arsenio Fernández de Mesa. También se preveía castigar a quienes organicen o participen en reuniones o manifestaciones de carácter “reivindicativo”, así como a los que realicen declaraciones a favor o en contra de “programas u opciones políticas o sindicales”.
El Consejo de Estado subraya que el carácter reivindicativo forma parte del “núcleo esencial” de los derechos de reunión y manifestación, reconocidos a los agentes; mientras que la proscripción de declaraciones de apoyo a partidos o sindicatos es tan “extremadamente amplia” que puede incluir “supuestos perfectamente lícitos de libertad de expresión”.
El anteproyecto incluía finalmente una reforma de la Ley Orgánica del Derecho de Reunión para prohibir las manifestaciones organizadas por miembros de las Fuerzas Armadas o la Guardia Civil que vulneren su legislación específica. Pero el Consejo de Estado recuerda que la Constitución solo permite prohibir una manifestación “cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas y bienes”.
La renuncia a esta batería de medidas restrictivas, que el Ministerio del Interior introdujo de rondón, aprovechando la tramitación del nuevo código disciplinario castrense, ha sido recibida como una victoria por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en el cuerpo, con más de 30.000 afiliados. Esta tildó la nueva ley de “ataque frontal al derecho de asociación profesional y a la libertad de expresión” de los guardias y punta de lanza de la “remilitarización” del instituto armado.
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