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En la Guardia Civil hay dos tipos de jefes. Los que salieron de la Academia General Militar de Zaragoza y los que lograron ser mandos ascendiendo por promoción interna. Los primeros, llegan antes a los puestos más altos.
Los segundos, no suelen llegar más allá de coronel por falta de vida. Aunque los ciudadanos desde fuera veamos a todos iguales, con su tricornio, sus medallas o su traje verde, lo cierto es que ellos saben bien quiénes vienen de un sitio y quienes proceden de otro, como en los pueblos los vecinos se conocen entre sí.
Aunque normalmente esa división queda al margen de cualquier actuación profesional, sí es cierto que durante las últimas semanas estas diferencias de procedencia se están tornando más patentes. La razón es la Ley de Personal de la Guardia Civil que ha promovido el Gobierno y cuyos parámetros concretos vienen, como todo, condicionados por el escaso presupuesto que sigue administrando Cristóbal Montoro.
La normativa propuesta por el Consejo de Ministros ha molestado enormemente a los mandos de promoción interna, a los que, por un lado, establece condiciones muy difíciles de asumir en algunos casos para integrarse en la nueva y única escala de oficiales que unificará a las dos citadas procedencias y, por otro, asigna un mínimo presupuesto en comparación con el que recibirán los mandos de Zaragoza.
En concreto, a los oficiales de promoción interna les obliga a hacer un curso de formación de un año y a ascender a capitán, cosa que en algunos casos puede conllevar aún diez años más, si quieren incorporarse a la nueva escala. Los que estudiaron en la Academia General, sin embargo, se integran directamente sin ninguna condición.
Asimismo, la norma asigna una plantilla (y por lo tanto un presupuesto) muy reducida a los mandos de promoción interna que continúen en la escala (que en realidad son tres escalas, aunque aquí la trataremos como una para simplificar) condenada a extinguirse, sobre todo en comparación como las adjudicadas a sus 'hermanos' de Zaragoza, que recibirán ocho veces más plazas.
Esta odiosa comparación ha provocado que durante las últimas semanas las redes sociales, único medio por el que los funcionarios de la Guardia Civil pueden expresarse sin temor a sufrir las represalias propias del carácter militar de la institución, se hayan incendiado de expresiones de protesta de muy diversa índole provenientes de mandos del instituto armado.
Entre ellas, los perfiles claramente identificados con la institución han amenazado con hacer campaña contra el PP en las próximas elecciones, han lamentado el trato recibido después de dar su vida por España, han expresado su desánimo profesional –ya que la ley condiciona sus aspiraciones internas– o han acusado al Gobierno de plegarse a las demandas de los jefes de la Guardia Civil salidos de Zaragoza.
La rivalidad entre ambos colectivos dentro del cuerpo se ha acrecentado hasta el punto de que gran parte de los comentarios lanzados a través de Twitter y Facebook tachaban a la Ley de Personal como una 'ley de castas', que privilegiaba a los generales y el resto de oficiales salidos de la Academia General Militar.
El problema es más relevante de lo que parece y no se queda únicamente en el foro interno de la Guardia Civil, ya que los mandos de promoción interna representan dos tercios de los jefes totales del instituto armado; es decir, más de 2.000 oficiales con responsabilidades de enorme trascendencia en algunos casos.
Limitar las expectativas profesionales de estos dos millares de efectivos con mando podría conllevar una desafección generalizada en gran parte del cuerpo que repercutiría directamente a medio plazo en su día a día y, por lo tanto, en los ciudadanos. De ahí que sea urgente que el Grupo Parlamentario Popular, el Socialista, el Ministerio de Hacienda y el de Interior se pongan de acuerdo para poner sentido común y repartir la tarta presupuestaria con equidad.
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