El PP Y La Unión De Oficiales Pedirán Las Actas De ETA

[Comunicacion]

[align=justify]'Faisán' es la mayor ignominia en tres décadas de lucha contra Eta

La magnitud del caso 'Faisán' empieza a incomodar y provoca silencios que no hacen más que añadir incertidumbre. Interior no sale al paso de las acusaciones sobre un proceso que ya nadie se atreve a archivar. El Partido Popular y la Unión de Oficiales van a pedir todo aquel documento que pueda dar luz, como, por ejemplo, las actas de la negociación del Gobierno con Eta. Para los populares, "'Faisán' es la mayor ignominia en tres décadas de lucha contra el terrorismo".

De una cuestión al borde del archivo a un escándalo de grandes dimensiones. El caso 'Faisán' se infla y nombres como el de Antonio Camacho, secretario de Estado de Seguridad, figuran en las informaciones más comprometidas. Una voz de alarma hizo huir a unos etarras de uno de los lugares en los que la banda recoge el dinero con el que llevar a cabo sus acciones, en pleno proceso de negociación del Gobierno con Eta. La Audiencia Nacional ha accedido a que el Partido Popular y la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) se personen, y con ellos ha hablado EL IMPARCIAL. ¿Sospechan, como dijo María Dolores de Cospedal, que Interior “traicionó” a la Policía para ayudar a Eta?

El portavoz de Interior del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Ignacio Cosidó, en declaraciones a este periódico, sale en defensa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que "siempre se han empleado de forma especial y heroica" contra el terror. Cosidó apuesta por "limpiar el buen nombre" de estas personas antes de que alguien, desde arriba, pretenda mancharlo para evitar la inculpación. "No imagino a ningún policía interesado en dar un chivatazo", aclara.[/align]


El diputado confía en la justicia y cree que "tarde o temprano" se conocerá toda la verdad. En su opinión, estamos ante "la mayor ignominia en tres décadas de lucha contra el terrorismo", y resume 'Faisán' como una "instrucción política en un contexto de negociación con Eta", lo que hace, a su parecer, "muy fácil dudar de la verdadera intencionalidad en todo este asunto".

De las palabras se Cosidó se desprende, además de un profundo respeto por el trabajo policial, una segunda lectura: la subordinación obliga al acatamiento y hace máximo responsable de un acto a quien lo ordena, no al ejecutor. Una idea que el portavoz de Interior comparte con el presidente de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO), Francisco García. La Audiencia Nacional ha decidido que PP y UO se personen en el caso de forma conjunta, de forma que deben compartir abogado y procurador.

Francisco García narra a EL IMPARCIAL la negativa del magistrado Baltasar Garzón a que la UO pudiera tomar parte en el proceso. Finalmente, podrá hacerlo de la mano del PP, hecho que no le "preocupa" porque uno y otro comparten la intención de conocer toda la documentación del caso, solicitar los testimonios pertinentes y, como anuncia García, "acceder a las actas de la negociación con Eta". Lo que quiere anticipar, antes de que lleguen posibles críticas, es que el mensaje de la UO ni ha estado ni estará politizado, pese a compartir la personación con el PP. "Quiero que la opinión pública entienda que ha sido una imposición de la Audiencia Nacional, que teníamos que hacer esto para no quedarnos fuera", explica García.

De vuelta a la presunta culpabilidad de un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el chivatazo, el presidente de la Unión de Oficiales dice tener el "convencimiento de que un miembro que ha visto cómo matan a compañeros suyos no tiene ninguna motivación para ayudar a los terroristas", y dirige el punto de interés a "ciertos intereses para que no haya obstáculos en la negociación" con ellos. "¿Que ha podido intervenir un policía? Es muy posible, pero obedeciendo a un mandato, aunque no llegue a comprenderlo", concluye García, "pendiente de tener acceso al sumario completo".

El temor de la Unión de Oficiales es que la política "haga olvidar cuál es el verdadero problema": que Eta sigue matando, que fue ayudada y que el fracaso de la operación que truncó el chivatazo pudo conducir a la financiación de algún atentado. Francisco García no es tan optimista como Cosidó respecto a cuál será la resolución del caso: "Tratándose de España, esto puede acabar de cualquier forma".

FUENTE: EL IMPARCIAL

[Administrador]

TRIBUNALES | Considera el caso de una 'gravedad sin precedentes'

La Audiencia corrige a Garzón y le ordena nuevas pruebas sobre el chivatazo

* Quiere que se tome declaración a tres agentes que investigaron el caso
* También manda pedir a Francia documentación sobre las llamadas telefónicas

J. Manso | F. Lázaro | Agencias | Madrid
Actualizado lunes 15/02/2010 17:23 horas


La Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez Baltasar Garzón que reactive la investigación del chivatazo a ETA y practique una serie de diligencias que pidieron las acusaciones particulares y a las que el magistrado se había negado.

Entre las pruebas que deberá realizar el magistrado está solicitar a Francia el tráfico de las llamadas que efectuó uno de los presuntos responsables del aparato de extorsión de la banda, Joseba Elosúa, y que se tome declaración a tres policías que participaron en el operativo en el que se le detuvo.

Asimismo, la sala, en un auto que ha redactado el magistrado Enrique López, ordena que se le reclame a Francia el contenido de los pinchazos telefónicos que se le realizaron a José Luis Cau Aldanur, otro de los responsables del aparato de extorsión de la banda, para averiguar con quién entabló contactos.

La sala considera que los hechos son constitutivos de un delito de revelación de secreto y a su vez de colaboración con banda armada, "hechos que de ser realizados por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado adquieren una gravedad sin precedentes en la historia de la lucha contra el terrorismo en España".

Los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional -Ángel Hurtado, Julio de Diego y del ponente, el citado López- tomaron esta decisión después de estimar los recursos interpuestos por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y por Dignidad y Justicia contra el rechazo de Garzón a practicar las nuevas diligencias que habían solicitado.

En concreto, Garzón rechazó un total de 32 diligencias de prueba solicitadas por las acusaciones. Entre ellas destaca la negativa del magistrado a solicitar a la Dirección General de la Guardia Civil un informe alternativo al presentado por la Policía Nacional alegando que "los funcionarios asignados a esta investigación ya han realizado una actuación exhaustiva difícilmente superable".

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó el pasado 5 de octubre el sobreseimiento provisional de la causa al considerar que no existen datos para determinar quiénes fueron los autores de la supuesta delación. En la causa están imputados el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, un responsable policial del País Vasco y un inspector de Vitoria.

Fuente: Diario El Mundo