[align=justify]DECLARARÁ EL 8 DE MARZO
Imputan por prevaricación al ex director general de la Guardia Civil. Habría impedido que el Consejo del Instituto Armado eligiera a sus representantes en el Órgano de Gobierno de la Asociación Pro-huérfanos.
A. Martialay / J. Arias Borque 2012-02-08
El 8 de marzo de 2012 a las 10:00 horas de la mañana. Ésa será la fecha y hora en la que el que fuera director general de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, tendrá que declarar como imputado en el juzgado de Instrucción número 39 de Madrid según lo ordenado por la titular de ese juzgado.
La razón es su supuesta negativa a permitir la presencia de representantes de las asociaciones profesionales de guardias civiles en el Órgano de Gobierno de la Asociación Pro-huérfanos. Una representación a la que tendrían derecho, según los estatutos de la propia asociación, como vocales por designación hasta tres de los representantes de estas asociaciones en el Consejo de la Guardia Civil.
La decisión de la magistrada llega tras la presentación por parte de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO), una de las asociaciones con representación en el Consejo de la Benemérita, de una querella contra el que fuera último responsable del Instituto Armado con el Gobierno Zapatero, en la que se le acusa de cometer un supuesto delito contra el ejercicio de los derechos cívicos (artículo 542 del Código Penal) y otro posible delito de prevaricación (artículo 404 del Código Penal).[/align]
Según consta en la querella admitida a trámite por la magistrada, a la que tuvo acceso Libertad Digital, la petición para designar en el Consejo de la Guardia Civil a los representantes de las asociaciones en el Órgano de Gobierno de la Asociación Pro-huérfanos se llevó a cabo en hasta cuatro reuniones de este órgano de la Benemérita.
La primera vez fue en la celebrada el 27 de noviembre de 2009, donde uno de los representantes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en el Consejo pidió los nombramientos. La segunda vez fue en el encuentro del 14 de octubre de 2010, en el que la UO solicitó que estas designaciones se incluyesen en el orden del día, algo que se hizo, pese a lo cual, según la denuncia, Velázquez no permitió que se llevaran a cabo.
Durante esa segunda reunión, uno de los miembros del Consejo, que forma parte también del Órgano de Gobierno de la Asociación Pro-huérfanos hizo público que la propia asociación había pedido formalmente a la Dirección de la Guardia Civil el nombramiento de estos representantes.
En la reunión del Consejo del 28 de abril de 2011, la Unión de Oficiales volvió a pedir que se incluyese en el orden del día, algo que no ocurrió. En esa ocasión, el representante de la asociación recordó a Velázquez que "con su comportamiento, doloso por otra parte, estaba y está impidiendo un legítimo derecho de los guardias civiles democrática y legítimamente elegidos".
El último intento para la elección de los vocales de las asociaciones profesionales en el máximo órgano de la Asociación Pro-huérfanos fue en el encuentro del Consejo celebrado el 7 de junio de 2011, en el que el que fuera director general de la Guardia Civil habría evitado de nuevo la inclusión de la votación en el orden del día.
En la querella, UO solicita a la magistrada que incluya entre las posibles diligencias de la causa una testifical con el presidente de la Asociación Pro-huérfanos de la Guardia Civil, el general Rogelio Martínez Masegosa, y otra con el sargento José Francisco Silva Nieto, que es miembro del Consejo de la Guardia Civil y del Órgano de Gobierno de la Asociación Pro-huérfanos.
Francisco Javier Velázquez entró a formar parte del Gobierno Zapatero desde los primeros días de 2004. En abril de ese año, fue designado Secretario General para la Administración Pública, puesto que ocupó hasta 2006, cuando pasa a formar parte del Ministerio de Interior, coincidiendo con la llegada al mismo de Alfredo Pérez Rubalcaba.
Su primer puesto es el de director general de Protección Civil y Emergencias, que ocupó hasta abril de 2008, cuando fue nombrado director general de la Policía y la Guardia Civil, cargo que ha ejercido hasta diciembre de 2011.
http://www.libertaddigital.com/nacional ... 276449498/
Imputan por prevaricación al ex director general
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Re: Imputan por prevaricación al ex director general
[align=center]PUBLICADO EN EL DIARIO EL MUNDO 08-02-12(página 14)
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Re: Imputan por prevaricación al ex director general
Irregularidades en el colegio de huérfanos de la guardia civil
Un juez imputa por prevaricación al 'número tres' de Rubalcaba en Interior
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[/align]
09 FEB 2012 | Alberto Lardiés.
El último mando único de la Policía y la Benemérita, Francisco Javier Velázquez, declarará el 8 de marzo. La Asociación Pro Huérfanos presupuesta 24 millones al año.
El número tres de Alfredo Pérez Rubalcaba en su etapa como ministro del Interior tiene problemas con la Justicia. Francisco Javier Velázquez, director general de la Policía y la Guardia Civil entre 2008 y 2011, acaba de ser imputado por los presuntos delitos de prevaricación y coerción de derechos cívicos. Y es que la titular del Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, Belén Sánchez, ha admitido a trámite la querella interpuesta por la Unión de Oficiales (UO) de la Benemérita contra Velázquez. El motivo de la denuncia era que este había impedido que las asociaciones contasen con sus legítimos representantes en la Asociación Pro Huérfanos del Instituto Armado.
En un auto que firmó el pasado 31 de enero, la magistrada cita a declarar al ex mando único de Policía y Guardia Civil el próximo 8 de marzo a las 10 de la mañana. Asimismo, Belén Sánchez abre diligencias para averiguar si Velázquez cometió o no los delitos de los que le acusa la Unión de Oficiales (UO). Y, respecto a varias diligencias solicitadas por la asociación, la juez prefiere esperar a interrogar al imputado antes de tomar una decisión.
El 20 de junio del pasado año, la UO anunció e interpuso una querella criminal contra Velázquez por haber impedido la presencia de los vocales del Consejo de la Guardia Civil se integrasen en el órgano de gobierno de la Asociación Pro Huérfanos. Al día siguiente, la Dirección General de Policía y Guardia Civil emitió un comunicado para defender la conducta de Velázquez porque, según afirmaba el texto, los estatutos no se habían adaptado para la participación de estos vocales, a lo que la UO respondió con otra nota en que acusaba de “mentir” a Interior.
Guerra de notas aparte, la juez ve ahora indicios de delito en la gestión de Velázquez (por ello le imputa y le interrogará) sobre la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil. Esta asociación tiene un órgano de gobierno que, según su propio reglamento, debe estar formado por 20 miembros. Fuentes del Instituto Armado explican que “aunque a priori el director general de la Benemérita es sólo presidente honorífico de la Asociación Pro Huérfanos, en el fondo la controla absolutamente”.
Y es que el máximo responsable de la Guardia Civil nombra directamente al presidente y vicepresidente del órgano de gobierno de la asociación. Además, la mayoría de los vocales de la misma necesitan también el visto bueno del director general. Y, para colmo, este también tiene la última palabra acerca de los vocales procedentes del consejo de la Benemérita. Es decir, cuando era número tres de Interior, Velázquez tenía de facto el control sobre la asociación.
La Asociación Pro Huérfanos maneja un presupuesto anual “que oscila entre 23 y 24 millones de euros”, según las citadas fuentes. Ese montante proviene en gran medida del sueldo de los agentes de la Guardia Civil. Y es que a todos ellos se les descuenta obligatoriamente un 1% del salario, que se destina a los huérfanos.
Ayer, LA GACETA se puso en contacto con los denunciantes para que valorasen la decisión judicial. “Denunciamos esta situación porque, tras mucho pensarlo, la única explicación que encontramos a que se vete nuestra presencia en la Asociación Pro Huérfanos es impedir que fiscalicemos y controlemos sus gastos”, indica el portavoz de UO, Jesús Martín Vázquez.
También afirma que “nos alegramos de la decisión judicial, pero no porque se impute a Velázquez, sino porque así se dan los pasos para que la Asociación Pro Huérfanos se dedique a lo que debe dedicarse”. “Los huérfanos de la Guardia Civil –agrega– no son un negocio, son nuestra responsabilidad y nuestro mejor tributo”. Igualmente destaca que “los gobernantes deben ser exquisitos a la hora de manejar los fondos públicos”. Y, por último, invita a otras asociaciones a sumarse a su querella contra Velázquez, buen amigo de Rubalcaba.
http://www.intereconomia.com/noticias-g ... r-20120208
Un juez imputa por prevaricación al 'número tres' de Rubalcaba en Interior
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[/align]09 FEB 2012 | Alberto Lardiés.
El último mando único de la Policía y la Benemérita, Francisco Javier Velázquez, declarará el 8 de marzo. La Asociación Pro Huérfanos presupuesta 24 millones al año.
El número tres de Alfredo Pérez Rubalcaba en su etapa como ministro del Interior tiene problemas con la Justicia. Francisco Javier Velázquez, director general de la Policía y la Guardia Civil entre 2008 y 2011, acaba de ser imputado por los presuntos delitos de prevaricación y coerción de derechos cívicos. Y es que la titular del Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, Belén Sánchez, ha admitido a trámite la querella interpuesta por la Unión de Oficiales (UO) de la Benemérita contra Velázquez. El motivo de la denuncia era que este había impedido que las asociaciones contasen con sus legítimos representantes en la Asociación Pro Huérfanos del Instituto Armado.
En un auto que firmó el pasado 31 de enero, la magistrada cita a declarar al ex mando único de Policía y Guardia Civil el próximo 8 de marzo a las 10 de la mañana. Asimismo, Belén Sánchez abre diligencias para averiguar si Velázquez cometió o no los delitos de los que le acusa la Unión de Oficiales (UO). Y, respecto a varias diligencias solicitadas por la asociación, la juez prefiere esperar a interrogar al imputado antes de tomar una decisión.
El 20 de junio del pasado año, la UO anunció e interpuso una querella criminal contra Velázquez por haber impedido la presencia de los vocales del Consejo de la Guardia Civil se integrasen en el órgano de gobierno de la Asociación Pro Huérfanos. Al día siguiente, la Dirección General de Policía y Guardia Civil emitió un comunicado para defender la conducta de Velázquez porque, según afirmaba el texto, los estatutos no se habían adaptado para la participación de estos vocales, a lo que la UO respondió con otra nota en que acusaba de “mentir” a Interior.
Guerra de notas aparte, la juez ve ahora indicios de delito en la gestión de Velázquez (por ello le imputa y le interrogará) sobre la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil. Esta asociación tiene un órgano de gobierno que, según su propio reglamento, debe estar formado por 20 miembros. Fuentes del Instituto Armado explican que “aunque a priori el director general de la Benemérita es sólo presidente honorífico de la Asociación Pro Huérfanos, en el fondo la controla absolutamente”.
Y es que el máximo responsable de la Guardia Civil nombra directamente al presidente y vicepresidente del órgano de gobierno de la asociación. Además, la mayoría de los vocales de la misma necesitan también el visto bueno del director general. Y, para colmo, este también tiene la última palabra acerca de los vocales procedentes del consejo de la Benemérita. Es decir, cuando era número tres de Interior, Velázquez tenía de facto el control sobre la asociación.
La Asociación Pro Huérfanos maneja un presupuesto anual “que oscila entre 23 y 24 millones de euros”, según las citadas fuentes. Ese montante proviene en gran medida del sueldo de los agentes de la Guardia Civil. Y es que a todos ellos se les descuenta obligatoriamente un 1% del salario, que se destina a los huérfanos.
Ayer, LA GACETA se puso en contacto con los denunciantes para que valorasen la decisión judicial. “Denunciamos esta situación porque, tras mucho pensarlo, la única explicación que encontramos a que se vete nuestra presencia en la Asociación Pro Huérfanos es impedir que fiscalicemos y controlemos sus gastos”, indica el portavoz de UO, Jesús Martín Vázquez.
También afirma que “nos alegramos de la decisión judicial, pero no porque se impute a Velázquez, sino porque así se dan los pasos para que la Asociación Pro Huérfanos se dedique a lo que debe dedicarse”. “Los huérfanos de la Guardia Civil –agrega– no son un negocio, son nuestra responsabilidad y nuestro mejor tributo”. Igualmente destaca que “los gobernantes deben ser exquisitos a la hora de manejar los fondos públicos”. Y, por último, invita a otras asociaciones a sumarse a su querella contra Velázquez, buen amigo de Rubalcaba.
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Re: Imputan por prevaricación al ex director general
El primer paso de la causa es la declaración de Velázquez
El 'número tres' de Rubalcaba en Interior se enfrenta a 14 años de inhabilitación
[align=center]
[/align]
10 FEB 2012 | Alberto Lardiés.
Era el presidente honorífico de la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil . El colectivo cerró un colegio por su “elevado coste” antes de gastar 5,8 millones en un inmueble.
La Unión de Oficiales de la Guardia Civil reclamará una condena de hasta 14 años de inhabilitación para el último mando unificado de la Policía y la Benemérita, Francisco Javier Velázquez, si este fuera juzgado por las presuntas irregularidades cometidas en la gestión de la Asociación Pro Huérfanos del Instituto Armado.
LA GACETA informó ayer de que la titular del Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, Belén Sánchez, imputó hace unos días a Velázquez. Una imputación basada en la querella criminal interpuesta por la citada Unión de Oficiales (UO) en junio del pasado año. En su denuncia, los agentes acusan al ex director general de ambos cuerpos policiales de dos delitos: prevaricación y coerción de derechos cívicos.
El Código Penal estipula las condenas que pueden solicitarse por la comisión de ambos delitos. Los acusadores pueden reclamar para un acusado por prevaricación de siete a 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público (artículo 404). Y de uno a cuatro años de inhabilitación para aquel que impida a otro ciudadano el ejercicio de sus derechos cívicos (artículo 542).
En su querella, la UO hace referencia a ambos delitos. Y, llegado el caso, pedirían una condena para Velázquez que, sumadas las dos penas mencionadas, puede llegar a los 14 años de inhabilitación.
En concreto, los denunciantes aseguran que Velázquez, número tres en el organigrama del Ministerio del Interior que dirigieron Alfredo Pérez Rubalcaba y Antonio Camacho entre 2008 y 2011, incurrió en irregularidades al impedir que los legítimos representantes de los guardias civiles estuvieran presentes en el órgano de gobierno de la Asociación Pro Huérfanos. Y consideran que se les impedía precisamente para que no pudieran “fiscalizar y controlar” las cuentas de un organismo que maneja un presupuesto de unos 24 millones de euros al año.
De hecho, en la querella que interpusieron, los miembros de la UO se quejaban de que, en su ausencia, la asociación “tomaba decisiones de calado, como el cierre del Colegio Infanta María Teresa, sito en Príncipe de Vergara, 248, por su elevado coste y que, por otro lado, como en acta 2/11 del Consejo de Gobierno de Huérfanos, de 23 de febrero de 2011, se acuerde la compra de un local por un precio de cinco millones ochocientos cincuenta mil euros (5.850.000)”.
La carta
Se trata, en efecto, de un asunto cuando menos curioso. Este diario ha tenido acceso a una carta que la dirección del Colegio Infanta María Teresa envió a las familias de sus alumnos el 31 de enero de 2011. En el texto, se comunica que “el Consejo de Gobierno y Administración de la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil, reunido el 20 de enero de 2011, ha adoptado la decisión del traslado paulatino del Colegio Infanta María Teresa”. “Esta decisión viene determinada por el reducido número de alumnos matriculados en los últimos 10 años, el elevado coste que supone mantener estas enseñanzas, acompañado de resultados académicos insatisfactorios”.
Esta misiva está firmada por la directora del centro educativo, María José Fernández Mesa, y lleva la rúbrica del general Rogelio Martínez Masegosa, presidente del consejo de gobierno de la Asociación Pro Huérfanos. Un mes después, como reza la querella de la UO y como consta en el Boletín Oficial de la Guardia Civil, esta asociación adquirió un inmueble en el paseo de la Castellana por valor de casi seis millones de euros. Es decir, la Asociación Pro Huérfanos, cuyo presidente honorífico era Velázquez, no tenía dinero para mantener el “elevado coste” de un colegio, pero sí lo tenía para comprar un piso en una zona exclusiva del centro de Madrid.
Suspensión
Este es sólo uno de los dispendios que la Unión de Oficiales aprecia en la gestión de la Asociación Pro Huérfanos de la Benemérita. De ahí que en su querella también solicitasen la suspensión de todos los acuerdos adoptados por el consejo de gobierno del organismo. Algo que depende de la instructora de la causa.
Una causa que, por otra parte, se antoja larga y dura. Ahora, el primer paso es que Belén Sánchez tome declaración a Velázquez el próximo 8 de marzo a las 10 de la mañana. Después, deberá instruir la causa y, si lo considera oportuno, la magistrada procesará al ex director general de Policía y Guardia Civil. Llegados a ese punto, la UO tendría que calificar los delitos y consiguientes penas que imputa al acusado.
FUENTE: INTERECONOMIA.COM
El 'número tres' de Rubalcaba en Interior se enfrenta a 14 años de inhabilitación
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Era el presidente honorífico de la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil . El colectivo cerró un colegio por su “elevado coste” antes de gastar 5,8 millones en un inmueble.
La Unión de Oficiales de la Guardia Civil reclamará una condena de hasta 14 años de inhabilitación para el último mando unificado de la Policía y la Benemérita, Francisco Javier Velázquez, si este fuera juzgado por las presuntas irregularidades cometidas en la gestión de la Asociación Pro Huérfanos del Instituto Armado.
LA GACETA informó ayer de que la titular del Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, Belén Sánchez, imputó hace unos días a Velázquez. Una imputación basada en la querella criminal interpuesta por la citada Unión de Oficiales (UO) en junio del pasado año. En su denuncia, los agentes acusan al ex director general de ambos cuerpos policiales de dos delitos: prevaricación y coerción de derechos cívicos.
El Código Penal estipula las condenas que pueden solicitarse por la comisión de ambos delitos. Los acusadores pueden reclamar para un acusado por prevaricación de siete a 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público (artículo 404). Y de uno a cuatro años de inhabilitación para aquel que impida a otro ciudadano el ejercicio de sus derechos cívicos (artículo 542).
En su querella, la UO hace referencia a ambos delitos. Y, llegado el caso, pedirían una condena para Velázquez que, sumadas las dos penas mencionadas, puede llegar a los 14 años de inhabilitación.
En concreto, los denunciantes aseguran que Velázquez, número tres en el organigrama del Ministerio del Interior que dirigieron Alfredo Pérez Rubalcaba y Antonio Camacho entre 2008 y 2011, incurrió en irregularidades al impedir que los legítimos representantes de los guardias civiles estuvieran presentes en el órgano de gobierno de la Asociación Pro Huérfanos. Y consideran que se les impedía precisamente para que no pudieran “fiscalizar y controlar” las cuentas de un organismo que maneja un presupuesto de unos 24 millones de euros al año.
De hecho, en la querella que interpusieron, los miembros de la UO se quejaban de que, en su ausencia, la asociación “tomaba decisiones de calado, como el cierre del Colegio Infanta María Teresa, sito en Príncipe de Vergara, 248, por su elevado coste y que, por otro lado, como en acta 2/11 del Consejo de Gobierno de Huérfanos, de 23 de febrero de 2011, se acuerde la compra de un local por un precio de cinco millones ochocientos cincuenta mil euros (5.850.000)”.
La carta
Se trata, en efecto, de un asunto cuando menos curioso. Este diario ha tenido acceso a una carta que la dirección del Colegio Infanta María Teresa envió a las familias de sus alumnos el 31 de enero de 2011. En el texto, se comunica que “el Consejo de Gobierno y Administración de la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil, reunido el 20 de enero de 2011, ha adoptado la decisión del traslado paulatino del Colegio Infanta María Teresa”. “Esta decisión viene determinada por el reducido número de alumnos matriculados en los últimos 10 años, el elevado coste que supone mantener estas enseñanzas, acompañado de resultados académicos insatisfactorios”.
Esta misiva está firmada por la directora del centro educativo, María José Fernández Mesa, y lleva la rúbrica del general Rogelio Martínez Masegosa, presidente del consejo de gobierno de la Asociación Pro Huérfanos. Un mes después, como reza la querella de la UO y como consta en el Boletín Oficial de la Guardia Civil, esta asociación adquirió un inmueble en el paseo de la Castellana por valor de casi seis millones de euros. Es decir, la Asociación Pro Huérfanos, cuyo presidente honorífico era Velázquez, no tenía dinero para mantener el “elevado coste” de un colegio, pero sí lo tenía para comprar un piso en una zona exclusiva del centro de Madrid.
Suspensión
Este es sólo uno de los dispendios que la Unión de Oficiales aprecia en la gestión de la Asociación Pro Huérfanos de la Benemérita. De ahí que en su querella también solicitasen la suspensión de todos los acuerdos adoptados por el consejo de gobierno del organismo. Algo que depende de la instructora de la causa.
Una causa que, por otra parte, se antoja larga y dura. Ahora, el primer paso es que Belén Sánchez tome declaración a Velázquez el próximo 8 de marzo a las 10 de la mañana. Después, deberá instruir la causa y, si lo considera oportuno, la magistrada procesará al ex director general de Policía y Guardia Civil. Llegados a ese punto, la UO tendría que calificar los delitos y consiguientes penas que imputa al acusado.
FUENTE: INTERECONOMIA.COM
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Re: Imputan por prevaricación al ex director general
El ex director general de la Guardia Civil imputado por prevaricación
La denuncia presentada por la Unión de Oficiales prospera y Francisco Javier Velázquez tendrá que declarar en calidad de imputado el próximo 8 de marzo en los Juzgados de la Plaza de Castilla.
Javier Fonseca.09.02.12. Será a las a las 10:00 horas de la mañana, cuando el ex director general de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, tenga que declarar como imputado en el juzgado de Instrucción número 39 de Madrid según ha ordenado la magistrada de ese juzgado y según ha conocido Diario El Aguijón.
El motivo de su imputación, es la acusación por parte de la Unión de Oficiales de su presunta negativa a permitir la presencia de representantes de las asociaciones profesionales de guardias civiles en el Órgano de Gobierno de la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil. Una representación a la que, según los estatutos de la Asociación Pro-Huérfanos, tendrían derecho las asociaciones profesiones puesto que son vocales por designación. Según la acusación se impidió a las asociaciones contar tres representantes de estas asociaciones en el órgano de Gobierno de la Asociación Pro-Huérfanos. En la querella presentada por la Unión de Oficiales se acusa al ex director general de cometer un presunto delito contra el ejercicio de los derechos cívicos (artículo 542 del Código Penal) y otro posible delito de prevaricación (artículo 404 del Código Penal), según consta en la querella y a la que ha tenido acceso Diario El Aguijón.
Se le acusa de impedir la representación en hasta cuatro ocasiones
En la querella se detalla la solicitud de las asociaciones profesionales de pertenecer al órgano de Gobierno de la Asociación Pro-Huérfanos en hasta cuatro ocasiones. En todas ellas, la respuesta negativa o el silencio fue la respuesta recibida, siempre según la Unión de Oficiales. En la querella se detallan los pormenores de esas cuatro solicitudes e incluso se desvela que en una de ellas se aclaró que desde la propia Asociación Pro-Huérfanos se había pedido por conducto oficial que se permitiera esa representación. De ahí que uno de los citados a declarar en el juicio sea el propio presidente de la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil, el general Rogelio Martínez Masegosa.
“Está tranquilo porque las acusaciones son infundadas”
Desde el entorno del ex director general de la Guardia Civil han declinado hacer declaraciones a Diario El Aguijón más allá de reivindicar la inocencia de Francisco Javier Velázquez y de señalar que está tranquilo y que en el momento procesal oportuno demostrarán que las acusaciones son infundadas y en todo momento procedió conforme a la ley. Todo ello, no sin antes recordar que se trata de un profesional de la administración pública “a diferencia del jardinero que hay ahora”, en clara alusión al nuevo director general y al que se le conoce ya por ese apodo en por su maquillado currículum.
http://www.diarioelaguijon.com/noticia/ ... 3%B3n.html
La denuncia presentada por la Unión de Oficiales prospera y Francisco Javier Velázquez tendrá que declarar en calidad de imputado el próximo 8 de marzo en los Juzgados de la Plaza de Castilla.
Javier Fonseca.09.02.12. Será a las a las 10:00 horas de la mañana, cuando el ex director general de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, tenga que declarar como imputado en el juzgado de Instrucción número 39 de Madrid según ha ordenado la magistrada de ese juzgado y según ha conocido Diario El Aguijón.
El motivo de su imputación, es la acusación por parte de la Unión de Oficiales de su presunta negativa a permitir la presencia de representantes de las asociaciones profesionales de guardias civiles en el Órgano de Gobierno de la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil. Una representación a la que, según los estatutos de la Asociación Pro-Huérfanos, tendrían derecho las asociaciones profesiones puesto que son vocales por designación. Según la acusación se impidió a las asociaciones contar tres representantes de estas asociaciones en el órgano de Gobierno de la Asociación Pro-Huérfanos. En la querella presentada por la Unión de Oficiales se acusa al ex director general de cometer un presunto delito contra el ejercicio de los derechos cívicos (artículo 542 del Código Penal) y otro posible delito de prevaricación (artículo 404 del Código Penal), según consta en la querella y a la que ha tenido acceso Diario El Aguijón.
Se le acusa de impedir la representación en hasta cuatro ocasiones
En la querella se detalla la solicitud de las asociaciones profesionales de pertenecer al órgano de Gobierno de la Asociación Pro-Huérfanos en hasta cuatro ocasiones. En todas ellas, la respuesta negativa o el silencio fue la respuesta recibida, siempre según la Unión de Oficiales. En la querella se detallan los pormenores de esas cuatro solicitudes e incluso se desvela que en una de ellas se aclaró que desde la propia Asociación Pro-Huérfanos se había pedido por conducto oficial que se permitiera esa representación. De ahí que uno de los citados a declarar en el juicio sea el propio presidente de la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil, el general Rogelio Martínez Masegosa.
“Está tranquilo porque las acusaciones son infundadas”
Desde el entorno del ex director general de la Guardia Civil han declinado hacer declaraciones a Diario El Aguijón más allá de reivindicar la inocencia de Francisco Javier Velázquez y de señalar que está tranquilo y que en el momento procesal oportuno demostrarán que las acusaciones son infundadas y en todo momento procedió conforme a la ley. Todo ello, no sin antes recordar que se trata de un profesional de la administración pública “a diferencia del jardinero que hay ahora”, en clara alusión al nuevo director general y al que se le conoce ya por ese apodo en por su maquillado currículum.
http://www.diarioelaguijon.com/noticia/ ... 3%B3n.html
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