190 000 leuros para cestas de los amiguetes
Número 252 Miércoles 3 de Noviembre Año 2010
DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO
En cumplimiento del acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno de esta Corporación, en la sesión celebrada el día
29 de octubre de 2010 y de conformidad con lo establecido en
el artículo 126 de la Ley 30 de 2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, y artículo 77 del RGLCAP,
aprobado por Real Decreto 1098 de 2001, de 12 de octubre, se
hace el siguiente anuncio de licitación por procedimiento abierto.
1.–Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excma. Diputación Provincial de Toledo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 071/2010.
2.–Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de cestas de Navidad
con destino a la Diputación Provincial de Toledo. (Según se
específica en el anexo III del pliego de prescripciones económico-
administrativas particulares).
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: En los centros dependientes de esta Diputación, que se relacionan en la cláusula 17.1 del pliego
de condiciones económico-administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Entre el día 13 y 18 de diciembre
de 2010.
3.–Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b)Procedimiento:Abierto.Ofertaeconómicamentemásventajosa
determinada mediante pluralidad de criterios de valoración.
4.–Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto máximo del contrato: 189.932,49 euros (I.V.A.
incluido).
5.–Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5 por 100 del precio de adjudicación del
contrato, I.V.A. excluido.
6.–Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Excma. Diputación Provincial – Servicio de
ANUNCIOS
Por cada línea o fracción de 9 centímetros: 0,78 euros.
Por cada línea o fracción de 18 centímetros: 1,56 euros.
El importe de las tarifas a aplicar a los anuncios insertados con
carácter urgente será, en cada caso, el doble de las establecidas
anteriormente.
ADMINISTRACION
Plaza de la Merced, 4. Teléfono 925 25 93 00.–Diputación Provincial
Se publica todos los días (excepto los domingos y días festivos)
PAGOS POR ADELANTADO
b) Domicilio: Plaza de la Merced, número 4.
c) Localidad y código postal: 45002 -Toledo.
d) Teléfono: 925 25 93 00.
e) Telefax: 925 25 94 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante el plazo de licitación.
7.–Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Se acreditará según se establece en la cláusula
10.1.2) del pliego de condiciones económico-administrativas
particulares.
8.–Criterios de adjudicación.
Se valorarán los siguientes criterios, en los términos que se
detallan en la cláusula 14 del pliego de prescripciones económico-
administrativas particulares.
1) Oferta económica: Hasta 14 puntos.
2) Por incrementos de productos: Hasta 3 puntos.
3) Por mayor número de productos ofertados con origen en la
provincia de Toledo: Hasta 2 puntos.
4) Por acreditación documental de que el corcho usado
en los tapones de las botellas ofertadas procede de un área
productora de corcho con certificación FSC o PEFC: 0,50
puntos.
5) Por productos procedentes del Comercio Justo, ofertados
como mejora sobre la composición del lote contemplada en el
pliego: Hasta 0,50 puntos.
9.–Presentación delasofertas ode las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Durante los ocho días
naturales, en horas de 9,00 a 14,00, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Toledo. En caso de que el plazo
así computado finalizase en sábado o día inhábil, el plazo
se entenderá prorrogado hasta la misma hora del primer día
hábil siguiente.
Si las proposiciones se envían por correo, el licitador
deberá justificar la fecha de presentación del envío en la
Oficina de Correos y anunciar al Servicio de Contratación y
Patrimonio de la Diputación Provincial de Toledo, la remisión
de la proposición, mediante telegrama o fax en el mismo día,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 80.4 del
Contratación – Registro de Plicas.
Reglamento General de la L.C.A.P.
B.O.P. de Toledo 2
3 Noviembre 2010
Número 252
b) Documentación a presentar: La que se relaciona en la
cláusula 10.1 del pliego de condiciones económico-
administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: El indicado en el apartado de
«obtención de documentación e información».
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: Dos meses contados a partir del siguiente al de la
apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
10.–Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Excma. Diputación Provincial de Toledo – Sala
de Comisiones.
b) Domicilio: Plaza de la Merced, número 4.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: El quinto día natural (que no fuese sábado o día inhábil),
siguiente al de finalización del plazo de presentación de plicas.
e) Hora: 12,00.
11.–Otras informaciones.
12.–Gastos de anuncios.
A cargo del adjudicatario.
13.–Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.
No procede.
14.–Perfil de contratante donde figuran las informaciones
relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los
pliegos.
http://www.diputoledo.es/perfil de contratante.
Toledo 29 de octubre de 2010.–El Secretario General
accidental, Enrique Pita Pérez.–V.º B.º El Presidente, José Manuel
Tofiño Pérez.
N.º I.-11226
¿PARA ESTO NOS RECORTAN EL SUELDO?
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manpasju
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Re: ¿PARA ESTO NOS RECORTAN EL SUELDO?
¡Qué buen vasallo sería si tuviese buen señor!
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peligro
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Re: ¿PARA ESTO NOS RECORTAN EL SUELDO?
http://ecodiario.eleconomista.es/elecci ... euros.html
El futuro de José Montilla: disfrutar de una pensión de 120.000 euros
¿Qué hará José Montilla en su nueva vida tras el batacazo del PSC en las elecciones catalanas? Entre otras cosas, disfrutar de los 250.000 euros que ingresará durante los próximos dos años por su posición de ex presidente, suma del 80% del que era su sueldo hasta ahora más la pensión vitalicia, un 60% de su retribución mensual.
Así, según informa periodistadigital.com, Montilla obtendrá más de 120.000 euros brutos anuales durante los dos próximos ejercicios, pensión de la que ya disfrutan Pasqual Maragall o Jordi Pujol.
Igual esta suma ayuda a Montilla a recuperarse de la sonada derrota ante su opositor Artur Mas (CiU) en las pasadas elecciones catalanas del día 28 de noviembre.
Mirando al futuro
Esta misma mañana, el propio Montilla se negaba a culpar al PSOE y, en concreto, al presidente Zapatero, de los peores resultados de la historia del PSC.
Ahora no sólo Montilla tiene que pensar en su futuro sino que los socialistas ya están pensando en cómo remontar. Carme Chacón se perfila como sustituta del aún presidente en funciones de la Generalitat.
El futuro de José Montilla: disfrutar de una pensión de 120.000 euros
¿Qué hará José Montilla en su nueva vida tras el batacazo del PSC en las elecciones catalanas? Entre otras cosas, disfrutar de los 250.000 euros que ingresará durante los próximos dos años por su posición de ex presidente, suma del 80% del que era su sueldo hasta ahora más la pensión vitalicia, un 60% de su retribución mensual.
Así, según informa periodistadigital.com, Montilla obtendrá más de 120.000 euros brutos anuales durante los dos próximos ejercicios, pensión de la que ya disfrutan Pasqual Maragall o Jordi Pujol.
Igual esta suma ayuda a Montilla a recuperarse de la sonada derrota ante su opositor Artur Mas (CiU) en las pasadas elecciones catalanas del día 28 de noviembre.
Mirando al futuro
Esta misma mañana, el propio Montilla se negaba a culpar al PSOE y, en concreto, al presidente Zapatero, de los peores resultados de la historia del PSC.
Ahora no sólo Montilla tiene que pensar en su futuro sino que los socialistas ya están pensando en cómo remontar. Carme Chacón se perfila como sustituta del aún presidente en funciones de la Generalitat.
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Re: ¿PARA ESTO NOS RECORTAN EL SUELDO?
http://www.extraconfidencial.com/articu ... iculo=5868
La ayuda procede del Gobierno Balear
126.000 euros a una ONG para "consolidar el proceso de Paz" en una aldea de Senegal
Agnack Petit es una aldea perteneciente a la comunidad rural de Adeane, en el Sur de Senegal. Esta Comunidad cuenta con una población aproximada de 5.000 personas distribuidas en ocho aldeas, entre ellas la citada Agnack Petit.
En el cómputo total de subvenciones concedidas este año por la Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno Balear aparece una de 126.674 euros gestionada por la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), y destinada a “consolidar el proceso de paz en la localidad de Agnack Petit”.
En el blog de información de ACPP no se hace mención alguna a este proyecto de cooperación, por lo que se desconoce en qué ha consistido la consolidación del “Proceso de Paz”. Si se tiene en cuenta que el salario mensual medio en una zona rural de Senegal debe rondar los 60 euros, los más de 126.000 empleados por ACPP para tal fin debieron provocar el delirio en una aldea que no supera los quinientos habitantes.
A esta subvención hay que sumar otra de 122.210 euros para que los cooperantes de esta ONG concienciaran a israelitas y palestinos “sobre el coste medioambiental de la ausencia de Paz” y promover una solución sostenible en el marco de la iniciativa de Paz de la Liga Árabe. Saber si se han concienciado o no.
En el portal de Internet cooperant.org, soporte digital de la revista de cooperación para el desarrollo que edita la Consejería de Asuntos Sociales, se informa que la parisina afincada en Mallorca, Agathe Napoly, es la técnica de proyectos de ACPP. Napoly desarrolla su actividad profesional en el campo de la cooperación internacional, “desde donde cultiva la afición por la fotografía”. De hecho, son habituales sus exposiciones a la vuelta de sus viajes subvencionados: Vietnam, Camboya, Mali, Bolivia…
Y otra para malabaristas y bufones
El pasado año el Ayuntamiento de Palma subvencionó a esta asociación con 123.360 euros para actuaciones en el extranjero con un idéntico enunciado: proyectos solidarios y de cooperación al desarrollo, así como la promoción del tejido asociativo dedicado al mismo fin.
Curiosamente, la Dirección General de Juventud daba de baja a esta Asociación, y 107 más, del censo de entidades juveniles “por no presentar memoria de actuaciones”.
Entre los 5.202.270 euros que la Agencia de Cooperación ha destinado este año a subvencionar proyectos, ayudas a cooperantes y sensibilización hay alguno tan pintoresco como el de la asociación de malabaristas y bufones consistente en una “re-vuelta a la mitad del mundo”.
La ayuda procede del Gobierno Balear
126.000 euros a una ONG para "consolidar el proceso de Paz" en una aldea de Senegal
Agnack Petit es una aldea perteneciente a la comunidad rural de Adeane, en el Sur de Senegal. Esta Comunidad cuenta con una población aproximada de 5.000 personas distribuidas en ocho aldeas, entre ellas la citada Agnack Petit.
En el cómputo total de subvenciones concedidas este año por la Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno Balear aparece una de 126.674 euros gestionada por la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), y destinada a “consolidar el proceso de paz en la localidad de Agnack Petit”.
En el blog de información de ACPP no se hace mención alguna a este proyecto de cooperación, por lo que se desconoce en qué ha consistido la consolidación del “Proceso de Paz”. Si se tiene en cuenta que el salario mensual medio en una zona rural de Senegal debe rondar los 60 euros, los más de 126.000 empleados por ACPP para tal fin debieron provocar el delirio en una aldea que no supera los quinientos habitantes.
A esta subvención hay que sumar otra de 122.210 euros para que los cooperantes de esta ONG concienciaran a israelitas y palestinos “sobre el coste medioambiental de la ausencia de Paz” y promover una solución sostenible en el marco de la iniciativa de Paz de la Liga Árabe. Saber si se han concienciado o no.
En el portal de Internet cooperant.org, soporte digital de la revista de cooperación para el desarrollo que edita la Consejería de Asuntos Sociales, se informa que la parisina afincada en Mallorca, Agathe Napoly, es la técnica de proyectos de ACPP. Napoly desarrolla su actividad profesional en el campo de la cooperación internacional, “desde donde cultiva la afición por la fotografía”. De hecho, son habituales sus exposiciones a la vuelta de sus viajes subvencionados: Vietnam, Camboya, Mali, Bolivia…
Y otra para malabaristas y bufones
El pasado año el Ayuntamiento de Palma subvencionó a esta asociación con 123.360 euros para actuaciones en el extranjero con un idéntico enunciado: proyectos solidarios y de cooperación al desarrollo, así como la promoción del tejido asociativo dedicado al mismo fin.
Curiosamente, la Dirección General de Juventud daba de baja a esta Asociación, y 107 más, del censo de entidades juveniles “por no presentar memoria de actuaciones”.
Entre los 5.202.270 euros que la Agencia de Cooperación ha destinado este año a subvencionar proyectos, ayudas a cooperantes y sensibilización hay alguno tan pintoresco como el de la asociación de malabaristas y bufones consistente en una “re-vuelta a la mitad del mundo”.
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Re: ¿PARA ESTO NOS RECORTAN EL SUELDO?
http://www.intereconomia.com/noticias-g ... ones-coste
La cúpula de Barceló llega ya a los 24 millones de coste
Exteriores le concede dos millones más de subvención. El artista se embolsó seis millones con la obra regalada por España a la ONU.
Ignacio Peyró. Madrid
Más de 24 millones de euros. Éste es el importe total que alcanza la cúpula de la sala de los Derechos Humanos y la Alianza de las Civilizaciones de la sede de la ONU en Ginebra, popularmente conocida como “la cúpula de Barceló”, en referencia a Miquel Barceló, el artista mallorquín responsable de su ejecución.
El Gobierno, según ha anunciado a través del Boletín Oficial del Estado, ha realizado a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, dirigido por Trinidad Jiménez, un desembolso de 1.905.000 euros, que se suma a los dos millones otorgados el año pasado y a los 20,35 millones presupuestados de inicio para una obra cuyos trabajos comenzaron en septiembre de 2007 y que fue inaugurada en noviembre de 2008.
La cúpula, promovida en un principio por el diplomático mallorquín Juan Antonio March, embajador de España ante Naciones Unidas en Ginebra e íntimo amigo de Barceló, es regalo del Estado español a Naciones Unidas para la promoción de los Derechos Humanos y el multilateralismo.
Miquel Barceló, a quien han ido destinados seis millones de euros por su trabajo, más uno de comisión para su galerista, definió su cúpula como “una obra que transmite un efecto optimista, positivo, constructivo”, y que “acentúa las diferentes percepciones que pueden existir cuando se llevan a cabo procesos de diálogo”.
La partida recién concedida a la Fundación Onuart se justifica por “razones de interés público y social”, y se suma a los aludidos dos millones otorgados en el verano de 2009 para cuestiones de “ingeniería” e “intervención plástica”, en referencia a las roturas sufridas por el mobiliario de maderas nobles –mesas y sillas de diseño, hechas a medida– de la sala ginebrina.
La nueva subvención otorgada por el Gobierno perpetúa el escándalo de una obra perseguida desde el principio por la polémica, en tanto que el ministerio de Exteriores recurrió a 500.000 euros de Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD) para sufragar la cúpula. Finalmente, días después de ser abierta al público, un periodista descubrió que parte de la cúpula se había desplomado.
La cúpula de Barceló llega ya a los 24 millones de coste
Exteriores le concede dos millones más de subvención. El artista se embolsó seis millones con la obra regalada por España a la ONU.
Ignacio Peyró. Madrid
Más de 24 millones de euros. Éste es el importe total que alcanza la cúpula de la sala de los Derechos Humanos y la Alianza de las Civilizaciones de la sede de la ONU en Ginebra, popularmente conocida como “la cúpula de Barceló”, en referencia a Miquel Barceló, el artista mallorquín responsable de su ejecución.
El Gobierno, según ha anunciado a través del Boletín Oficial del Estado, ha realizado a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, dirigido por Trinidad Jiménez, un desembolso de 1.905.000 euros, que se suma a los dos millones otorgados el año pasado y a los 20,35 millones presupuestados de inicio para una obra cuyos trabajos comenzaron en septiembre de 2007 y que fue inaugurada en noviembre de 2008.
La cúpula, promovida en un principio por el diplomático mallorquín Juan Antonio March, embajador de España ante Naciones Unidas en Ginebra e íntimo amigo de Barceló, es regalo del Estado español a Naciones Unidas para la promoción de los Derechos Humanos y el multilateralismo.
Miquel Barceló, a quien han ido destinados seis millones de euros por su trabajo, más uno de comisión para su galerista, definió su cúpula como “una obra que transmite un efecto optimista, positivo, constructivo”, y que “acentúa las diferentes percepciones que pueden existir cuando se llevan a cabo procesos de diálogo”.
La partida recién concedida a la Fundación Onuart se justifica por “razones de interés público y social”, y se suma a los aludidos dos millones otorgados en el verano de 2009 para cuestiones de “ingeniería” e “intervención plástica”, en referencia a las roturas sufridas por el mobiliario de maderas nobles –mesas y sillas de diseño, hechas a medida– de la sala ginebrina.
La nueva subvención otorgada por el Gobierno perpetúa el escándalo de una obra perseguida desde el principio por la polémica, en tanto que el ministerio de Exteriores recurrió a 500.000 euros de Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD) para sufragar la cúpula. Finalmente, días después de ser abierta al público, un periodista descubrió que parte de la cúpula se había desplomado.
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Re: ¿PARA ESTO NOS RECORTAN EL SUELDO?
http://www.cotizalia.com/en-exclusiva/e ... 63458.html
Una empresa pública indemniza 'a dedo' con 238.000 euros falseando la antigüedad
No hace mal el ministro de Industria, Miguel Sebastián, en cortejar a China en beneficio de las empresas españolas. Sin embargo, resulta prioritario que adecente antes su propia casa. Sobre todo cuando en Cofides, empresa estatal cuya misión es financiar proyectos de inversión en el exterior, parece sobrar el dinero. Y es que esa sociedad gastó 238.000 euros en indemnizar a un trabajador al que reconoció de forma arbitraria 15 años de antigüedad, cuando sólo había ofrecido servicios a la empresa durante 12 meses. Esa es al menos una de las denuncias que sobre esa sociedad plantea en su último informe la Intervención General del Estado (IGAE).
“En uno de los despidos, como consecuencia de que a la persona despedida se le reconoció de manera discrecional una antigüedad a todos los efectos de 15 años, hubo de pagársele una indemnización de 238.000 euros, por menos de un año de servicios efectivos en la empresa”, denuncia el documento del IGAE, publicado hace apenas días por el Ministerio de Economía y que analiza las auditorías realizadas al sector público empresarial en 2008. Una queja que es sólo la punta del iceberg de una política de despilfarro en materia laboral y gestión de los recursos humanos.
Y es que a esos 238.000 euros deben añadirse las compensaciones desembolsadas por otras rescisiones de contrato tratadas como improcedentes de forma irregular. “Esta empresa ha tramitado todos los despidos como improcedentes, con el consiguiente coste indemnizatorio, cuando la documentación soporte de algunos de ellos acredita causas para despidos procedentes", subraya la Intervención. Anomalías a las que se suma el descontrol a la hora de cubrir vacantes y que hace que la sociedad abone dinero de más, en plena crisis y cuando el Gobierno ha hecho bandera de la austeridad y la necesidad de ajustes en la Administración.
“Un caso singular en la gestión de personal es el de la empresa Cofides, que para cubrir la misma vacante ha simultaneado con varias empresas de selección de personal la selección de candidatos, lo que genera un incremento injustificado de gastos”, denuncia el informe. Y todo para, en determinados ocasiones, no decidirse por ninguno de los aspirantes propuestos por las consultoras contratadas. “Además, en algunos casos, ha terminado contratando a personas distintas a los candidatos seleccionados por las empresas, por lo que los gastos realizados fueron innecesarios”, se remacha.
Cofides fue fundada en 1988 y tres empresas públicas -el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Empresa Nacional de Innovación (Enisa)- atesoran el 61% de su capital social. Completan el accionariado el Santander, el BBVA y el Banco de Sabadell. La sociedad se implica, según asegura, en “proyectos privados viables de inversión en el exterior en los que exista algún tipo de interés español”. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se acordó en noviembre del sector exterior, tres años después de que arrancara la crisis, en parte por el desolador diagnóstico de los principales empresarios del país sobre el posicionamiento de la marca España.
Mala gestión de los fondos
Cofides gestiona por cuenta del Estado los fondos FIEX y FONPYME, creados para financiar proyectos de inversión en el exterior “con independencia del grado de desarrollo del país destino del proyecto”. Y tampoco es que se pueda estar tranquilo a este respecto. La intervención no sólo detecta un “exceso de fondos disponibles respecto de la actividad realizada”, sino que en el caso de los FIEX denuncia “la toma de decisiones con información incompleta y desactualizada, lo que junto a otras deficiencias de gestión, han dado lugar a importantes gastos y pérdidas para el FIEX”.
Además, el IGAE cuestiona el dinero que percibe la compañía por su gestión de esta dotación. “Cofides percibe una comisión por su labor como gestora del Fondo, que se calcula con arreglo a una norma de 1999 cuyos criterios han devenido en obsoletos y perjudiciales para el Fondo, por lo que debería procederse a su modificación”, subraya en su análisis.
Las anomalías detectadas por el organismo dependiente de Elena Salgado también alcanzan a los concursos públicos. La auditoría exige una “una mejor y más detallada publicidad de los criterios de adjudicación” en los mismos, en línea con las recomendación efectuadas a otros organismos como Loterías del Estado o la Fundación ICO. La Intervención recuerda que fijar de forma imprecisa los criterios de valoración en un concurso limita la concurrencia e insiste en que “los pliegos que recogen los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación deberían incluir también los métodos de valoración concreto de dichos criterios”.
Una empresa pública indemniza 'a dedo' con 238.000 euros falseando la antigüedad
No hace mal el ministro de Industria, Miguel Sebastián, en cortejar a China en beneficio de las empresas españolas. Sin embargo, resulta prioritario que adecente antes su propia casa. Sobre todo cuando en Cofides, empresa estatal cuya misión es financiar proyectos de inversión en el exterior, parece sobrar el dinero. Y es que esa sociedad gastó 238.000 euros en indemnizar a un trabajador al que reconoció de forma arbitraria 15 años de antigüedad, cuando sólo había ofrecido servicios a la empresa durante 12 meses. Esa es al menos una de las denuncias que sobre esa sociedad plantea en su último informe la Intervención General del Estado (IGAE).
“En uno de los despidos, como consecuencia de que a la persona despedida se le reconoció de manera discrecional una antigüedad a todos los efectos de 15 años, hubo de pagársele una indemnización de 238.000 euros, por menos de un año de servicios efectivos en la empresa”, denuncia el documento del IGAE, publicado hace apenas días por el Ministerio de Economía y que analiza las auditorías realizadas al sector público empresarial en 2008. Una queja que es sólo la punta del iceberg de una política de despilfarro en materia laboral y gestión de los recursos humanos.
Y es que a esos 238.000 euros deben añadirse las compensaciones desembolsadas por otras rescisiones de contrato tratadas como improcedentes de forma irregular. “Esta empresa ha tramitado todos los despidos como improcedentes, con el consiguiente coste indemnizatorio, cuando la documentación soporte de algunos de ellos acredita causas para despidos procedentes", subraya la Intervención. Anomalías a las que se suma el descontrol a la hora de cubrir vacantes y que hace que la sociedad abone dinero de más, en plena crisis y cuando el Gobierno ha hecho bandera de la austeridad y la necesidad de ajustes en la Administración.
“Un caso singular en la gestión de personal es el de la empresa Cofides, que para cubrir la misma vacante ha simultaneado con varias empresas de selección de personal la selección de candidatos, lo que genera un incremento injustificado de gastos”, denuncia el informe. Y todo para, en determinados ocasiones, no decidirse por ninguno de los aspirantes propuestos por las consultoras contratadas. “Además, en algunos casos, ha terminado contratando a personas distintas a los candidatos seleccionados por las empresas, por lo que los gastos realizados fueron innecesarios”, se remacha.
Cofides fue fundada en 1988 y tres empresas públicas -el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Empresa Nacional de Innovación (Enisa)- atesoran el 61% de su capital social. Completan el accionariado el Santander, el BBVA y el Banco de Sabadell. La sociedad se implica, según asegura, en “proyectos privados viables de inversión en el exterior en los que exista algún tipo de interés español”. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se acordó en noviembre del sector exterior, tres años después de que arrancara la crisis, en parte por el desolador diagnóstico de los principales empresarios del país sobre el posicionamiento de la marca España.
Mala gestión de los fondos
Cofides gestiona por cuenta del Estado los fondos FIEX y FONPYME, creados para financiar proyectos de inversión en el exterior “con independencia del grado de desarrollo del país destino del proyecto”. Y tampoco es que se pueda estar tranquilo a este respecto. La intervención no sólo detecta un “exceso de fondos disponibles respecto de la actividad realizada”, sino que en el caso de los FIEX denuncia “la toma de decisiones con información incompleta y desactualizada, lo que junto a otras deficiencias de gestión, han dado lugar a importantes gastos y pérdidas para el FIEX”.
Además, el IGAE cuestiona el dinero que percibe la compañía por su gestión de esta dotación. “Cofides percibe una comisión por su labor como gestora del Fondo, que se calcula con arreglo a una norma de 1999 cuyos criterios han devenido en obsoletos y perjudiciales para el Fondo, por lo que debería procederse a su modificación”, subraya en su análisis.
Las anomalías detectadas por el organismo dependiente de Elena Salgado también alcanzan a los concursos públicos. La auditoría exige una “una mejor y más detallada publicidad de los criterios de adjudicación” en los mismos, en línea con las recomendación efectuadas a otros organismos como Loterías del Estado o la Fundación ICO. La Intervención recuerda que fijar de forma imprecisa los criterios de valoración en un concurso limita la concurrencia e insiste en que “los pliegos que recogen los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación deberían incluir también los métodos de valoración concreto de dichos criterios”.
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Re: ¿PARA ESTO NOS RECORTAN EL SUELDO?
http://www.intereconomia.com/noticias-g ... subvencion
Una ONG para refugiados afín al PSOE ‘extravía’ 370.000 euros de una subvención
La Intervención General del Estado detecta irregularidades en las cuentas de la entidad durante 2005. La presidenta de los socialistas de Madrid, Delia Blanco, implicada. La organización tendrá ahora que devolver el importe.
Segundo Sanz. Madrid
El periodo en que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) estuvo gestionada por Delia Blanco, actual presidenta de los socialistas madrileños, y Enrique Santiago, vinculado a Izquierda Unida (IU), no se caracteriza por la absoluta transparencia, sobre todo a tenor de un reciente informe de la Intervención General de la Administración del Estado.
Según ha podido constatar la Oficina Nacional de Auditoría de este órgano fiscalizador, CEAR no justificó adecuadamente 372.629 euros de una subvención que alcanzó los cuatros millones de euros y que le fue concedida por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración en abril de 2005.
En aquel momento, al frente de este departamento se hallaba Consuelo Rumí, responsable ahora de Función Pública en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Rumí estaba a las órdenes del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, un puesto que ocupaba Jesús Caldera, presidente a la postre de la Fundación Ideas, laboratorio del ideas del PSOE.
La subvención en cuestión cuya “aplicación indebida” es denunciada por la Intervención General del Estado se habilitó mediante un convenio firmado entre la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración y la dirección de CEAR con fecha de 27 de abril de 2005. En concreto, la citada ayuda, prevista en los Presupuestos Generales del Estado del correspondiente ejercicio, estaba dirigida a sufragar un programa de atención a inmigrantes, solicitantes de asilo, refugiados, apátridas y personas acogidas al régimen de protección temporal y otros estatutos de protección subsidiaria. Dentro de dicha programa, el órgano fiscalizador ha detectado irregularidades hasta en 13 partidas diferentes. Entre ellas, es la denominada “Acogida temporal” la que registra la cantidad sin justificar –conforme a la ley– más abultada (217.794,44 euros). Por ejemplo, en relación al centro de acogida de CEAR en Bilbao, la Intervención General del Estado encuentra como deficiencia que esta entidad no haya “aportado la documentación acreditativa de los gastos de personal imputados por importe de 21.546,90 euros”.
Así, considera que, “según la normativa reguladora de la subvención, se trata de un gasto no subvencionable”. Igual ocurre con otros gastos de alojamiento y manutención del centro de acogida de Barcelona y del centro de Canarias. Respecto al de Mérida, figuran también irregularidades en ayudas destinadas a material didáctico escolar y vestuario.
Retribución
Otra partida donde se observa un llamativo desajuste es la que bajo el epígrafe “Asistencia Básica y Urgente” trata sobre atención en puestos fronterizos y orientación legal a refugiados. Aquí, la Intervención señala que, inicialmente, el coste del trabajador que identifica con las siglas MLM incluye las retribuciones de los meses de marzo, abril y mayo, de acuerdo con una jornada de 8 horas.
Sin embargo, el órgano fiscalizador revela que en la documentación entregada después por la organización de Blanco y Santiago “se ha verificado que, durante dichos meses, la jornada de este trabajador es de 4 horas”. Por este cúmulo de infracciones, la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, perteneciente al Ministerio de Trabajo que controla Valeriano Gómez, ha comunicado a la actual presidenta de CEAR, María Jesús Arsuaga, la apertura de un expediente cuya finalidad es el reintegro de esos 370.000 euros. No obstante, el Ejecutivo da antes a esta ONG afín al PSOE un plazo de quince días hábiles para que pueda “proponer pruebas y realizar las alegaciones que tenga por conveniente”.
Patronato
Actualmente, Delia Blanco continúa vinculada a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) como “patrona electa” de la fundación de este organismo desde marzo de 2007, según consta en su declaración de actividades como parlamentaria del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados. Miembro también del patronato de la Fundación Pluralismo y Convivencia (entidad dependiente del Ministerio de Justicia), ocupa además el cargo de presidenta de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Cámara baja.
Cuestionado fue su papel cuando, en calidad de delegada del Gobierno socialista, presionó a la activista saharaui Aminatu Haidar para que abandonara su huelga de hambre. La Plataforma de Solidaridad con Aminatu Haidar llegó a mostrarse “indignada” ante la actuación de Blanco y reclamó al Ejecutivo que la remplazara por otra figura mediadora, ya que ella había “perdido toda credibilidad” en sus gestiones. Desde dicha plataforma, tildaron de “incalificable” que la diputada del PSOE incluso anunciara antes de tiempo y sin ser cierto que la activista iba a poner fin a su protesta lejos de su casa de El Aaiún.
Una ONG para refugiados afín al PSOE ‘extravía’ 370.000 euros de una subvención
La Intervención General del Estado detecta irregularidades en las cuentas de la entidad durante 2005. La presidenta de los socialistas de Madrid, Delia Blanco, implicada. La organización tendrá ahora que devolver el importe.
Segundo Sanz. Madrid
El periodo en que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) estuvo gestionada por Delia Blanco, actual presidenta de los socialistas madrileños, y Enrique Santiago, vinculado a Izquierda Unida (IU), no se caracteriza por la absoluta transparencia, sobre todo a tenor de un reciente informe de la Intervención General de la Administración del Estado.
Según ha podido constatar la Oficina Nacional de Auditoría de este órgano fiscalizador, CEAR no justificó adecuadamente 372.629 euros de una subvención que alcanzó los cuatros millones de euros y que le fue concedida por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración en abril de 2005.
En aquel momento, al frente de este departamento se hallaba Consuelo Rumí, responsable ahora de Función Pública en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Rumí estaba a las órdenes del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, un puesto que ocupaba Jesús Caldera, presidente a la postre de la Fundación Ideas, laboratorio del ideas del PSOE.
La subvención en cuestión cuya “aplicación indebida” es denunciada por la Intervención General del Estado se habilitó mediante un convenio firmado entre la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración y la dirección de CEAR con fecha de 27 de abril de 2005. En concreto, la citada ayuda, prevista en los Presupuestos Generales del Estado del correspondiente ejercicio, estaba dirigida a sufragar un programa de atención a inmigrantes, solicitantes de asilo, refugiados, apátridas y personas acogidas al régimen de protección temporal y otros estatutos de protección subsidiaria. Dentro de dicha programa, el órgano fiscalizador ha detectado irregularidades hasta en 13 partidas diferentes. Entre ellas, es la denominada “Acogida temporal” la que registra la cantidad sin justificar –conforme a la ley– más abultada (217.794,44 euros). Por ejemplo, en relación al centro de acogida de CEAR en Bilbao, la Intervención General del Estado encuentra como deficiencia que esta entidad no haya “aportado la documentación acreditativa de los gastos de personal imputados por importe de 21.546,90 euros”.
Así, considera que, “según la normativa reguladora de la subvención, se trata de un gasto no subvencionable”. Igual ocurre con otros gastos de alojamiento y manutención del centro de acogida de Barcelona y del centro de Canarias. Respecto al de Mérida, figuran también irregularidades en ayudas destinadas a material didáctico escolar y vestuario.
Retribución
Otra partida donde se observa un llamativo desajuste es la que bajo el epígrafe “Asistencia Básica y Urgente” trata sobre atención en puestos fronterizos y orientación legal a refugiados. Aquí, la Intervención señala que, inicialmente, el coste del trabajador que identifica con las siglas MLM incluye las retribuciones de los meses de marzo, abril y mayo, de acuerdo con una jornada de 8 horas.
Sin embargo, el órgano fiscalizador revela que en la documentación entregada después por la organización de Blanco y Santiago “se ha verificado que, durante dichos meses, la jornada de este trabajador es de 4 horas”. Por este cúmulo de infracciones, la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, perteneciente al Ministerio de Trabajo que controla Valeriano Gómez, ha comunicado a la actual presidenta de CEAR, María Jesús Arsuaga, la apertura de un expediente cuya finalidad es el reintegro de esos 370.000 euros. No obstante, el Ejecutivo da antes a esta ONG afín al PSOE un plazo de quince días hábiles para que pueda “proponer pruebas y realizar las alegaciones que tenga por conveniente”.
Patronato
Actualmente, Delia Blanco continúa vinculada a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) como “patrona electa” de la fundación de este organismo desde marzo de 2007, según consta en su declaración de actividades como parlamentaria del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados. Miembro también del patronato de la Fundación Pluralismo y Convivencia (entidad dependiente del Ministerio de Justicia), ocupa además el cargo de presidenta de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Cámara baja.
Cuestionado fue su papel cuando, en calidad de delegada del Gobierno socialista, presionó a la activista saharaui Aminatu Haidar para que abandonara su huelga de hambre. La Plataforma de Solidaridad con Aminatu Haidar llegó a mostrarse “indignada” ante la actuación de Blanco y reclamó al Ejecutivo que la remplazara por otra figura mediadora, ya que ella había “perdido toda credibilidad” en sus gestiones. Desde dicha plataforma, tildaron de “incalificable” que la diputada del PSOE incluso anunciara antes de tiempo y sin ser cierto que la activista iba a poner fin a su protesta lejos de su casa de El Aaiún.
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Re: ¿PARA ESTO NOS RECORTAN EL SUELDO?
http://www.minutodigital.com/2011/01/09 ... -de-euros/
SINDICATOS MILLONARIOS
Disfrute de lo que votó: ZP regala a los sindicatos 26,6 millones de euros
El vicepresidente Manuel Chaves ha otorgado mediante una resolución en el BOE una subvención para UGT y CCOO de 26,6 millones de euros.
Las ayudas están destinadas para financiar los planes de formación en 2011 de los funcionarios y de los empleados públicos y también otorga subvenciones a la propia Administración central (que recibirá un máximo de 23,4 millones de euros), a las autonomías (de 52,1 millones de euros) y a los ayuntamientos (de 24,8 millones de euros).
Aunque los sindicatos pueden justificar que los fondos están destinados a fomentar las políticas activas de empleo, la letra pequeña de la resolución del Ministerio de Política Territorial tiene varias cláusulas preocupantes. La más significativa es que las organizaciones como CCOO y UGT que den cursos de formación en 2011 no tendrán que presentar “justificación documental” de los gastos corrientes (los que los convocantes de los cursillos destinen a pagar agua, gas, electricidad, mensajería, teléfono, material de oficina, vigilancia o limpieza, entre otros). De esta cuestión también se beneficiarán las administraciones públicas.
Este mismo artículo permite opacidad en un 6% del total de los gastos directos, algo que contrasta con los planes de austeridad impulsados por el propio Gobierno, necesarios para cumplir al milímetro con los objetivos de estabilidad que exige Bruselas. Para más inri, en la misma resolución en la que se convocaban estas ayudas, pero en 2010, no existía ninguna cláusula similar ni parecida.
SINDICATOS MILLONARIOS
Disfrute de lo que votó: ZP regala a los sindicatos 26,6 millones de euros
El vicepresidente Manuel Chaves ha otorgado mediante una resolución en el BOE una subvención para UGT y CCOO de 26,6 millones de euros.
Las ayudas están destinadas para financiar los planes de formación en 2011 de los funcionarios y de los empleados públicos y también otorga subvenciones a la propia Administración central (que recibirá un máximo de 23,4 millones de euros), a las autonomías (de 52,1 millones de euros) y a los ayuntamientos (de 24,8 millones de euros).
Aunque los sindicatos pueden justificar que los fondos están destinados a fomentar las políticas activas de empleo, la letra pequeña de la resolución del Ministerio de Política Territorial tiene varias cláusulas preocupantes. La más significativa es que las organizaciones como CCOO y UGT que den cursos de formación en 2011 no tendrán que presentar “justificación documental” de los gastos corrientes (los que los convocantes de los cursillos destinen a pagar agua, gas, electricidad, mensajería, teléfono, material de oficina, vigilancia o limpieza, entre otros). De esta cuestión también se beneficiarán las administraciones públicas.
Este mismo artículo permite opacidad en un 6% del total de los gastos directos, algo que contrasta con los planes de austeridad impulsados por el propio Gobierno, necesarios para cumplir al milímetro con los objetivos de estabilidad que exige Bruselas. Para más inri, en la misma resolución en la que se convocaban estas ayudas, pero en 2010, no existía ninguna cláusula similar ni parecida.
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Re: ¿PARA ESTO NOS RECORTAN EL SUELDO?
25 intérpretes traducirán desde hoy a los senadores para que puedan entenderse
* El catalán, euskara, gallego o valenciano se podrá utilizar en los plenos
* El servicio costará a las arcas públicas 350.000 euros cada año
* Se pagan sus viajes de ida y vuelta a Madrid y su estancia con dietas
Luis Ángel Sanz | Madrid
Actualizado martes 18/01/2011 16:22 horas
Un total de 25 licenciados en traducción e interpretación -22 mujeres y sólo tres hombres- trabajarán desde hoy en todos los plenos del Senado para que los parlamentarios españoles puedan entenderse cuando decidan hablar en catalán, euskara, gallego o valenciano.
Su estreno oficial será esta tarde en la Cámara Alta, cuando comience el debate de las mociones. Y será el portavoz del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Ramon Aleu, el que iniciará el sistema de traducción simultánea defendiendo una moción sobre el fracaso escolar. Gracias al trabajo de los traductores, todos los senadores, invitados y periodistas podrán oír a través de unos auriculares la traducción al castellano de lo que digan los senadores que decidan hablar en otras lenguas.
Como adelantó ELMUNDO.es, que cada senador hable en el idioma que prefiera costará a las arcas públicas 350.000 euros cada año. Cada sesión supondrá un desembolso de 12.000 euros. Además, la Cámara ha comprado 400 equipos de traducción con auriculares, que han costado en total 4.526,48 euros.
'Los derechos no tienen precio'
Los nacionalistas de ERC, CiU, PNV, BNG, PSC y otros partidos restaron importancia en su día a este aumento del gasto porque, dijeron, ellos tienen derecho a expresarse en la lengua oficial que quieran y "los derechos no tienen precio".
Desde el Senado apuntan también que, a pesar de la subida de esta partida, que se ha multiplicado por 17, el presupuesto general de la Cámara ha bajado en 2011 en un 6,7%. Entre otras medidas de ahorro, el año pasado se bajó el sueldo de todos los trabajadores del Senado una media de un 5%.
La reforma del Reglamento que ha hecho posible la introducción de las lenguas autonómicas se aprobó el pasado verano. A principios de 2010, 34 senadores nacionalistas propusieron que el catalán, el gallego y el euskara se pudieran usar en todos los plenos, comisiones y comunicaciones escritas u orales de la cámara.
La propuesta fue negociada con el PSOE y, finalmente, se aprobó que las lenguas autonómicas solo se usaran en los plenos y durante el debate de las mociones. El PP siempre se opuso porque consideró que los senadores van a hacer "el ridículo a nivel mundial", ya que todos entienden la lengua oficial del Estado, el castellano. También la parlamentaria de Unión del Pueblo Navarro (UPN) votó en contra.
Sin embargo, el PSOE, el PSC y todos los nacionalistas votaron a favor del cambio. Eso sí, estos últimos lo tildaron de insuficiente y anunciaron que pedirán que el catalán, el gallego y el vasco se pueda hablar en todos los plenos y comisiones y, también, en el Congreso de los Diputados.
Sala Enrique Casas
En cada sesión plenaria trabajarán desde hoy siete intérpretes (tres de catalán y valenciano, dos de gallego y dos de euskara) que irán rotando semana tras semana entre los 25 seleccionados. Casi todos ellos residen en Cataluña, el País Vasco o Galicia y el Senado también les costeará el desplazamiento y la estancia en forma de dietas.
Los traductores son los mismos que fueron seleccionados en 2005 para traducir las sesiones de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, el único órgano del Estado -hasta ahora- en el que se podía hablar en todas las lenguas oficiales. La diferencia con el Pleno es que la Comisión se reúne una o dos veces al año.
Los profesionales harán su trabajo en la sala Enrique Casas del Senado, que dispone de cabinas de traducción que hasta ahora se usaban sólo para reuniones internacionales. Desde ella, seguirán el Pleno por un monitor. Fuentes de la Cámara explicaron que no se podrá tomar imágenes de los traductores, ni los periodistas podrán hablar con ellos. Así lo han pedido expresamente los profesionales, según explicaron desde la Cámara Alta.
EL MUNDO
* El catalán, euskara, gallego o valenciano se podrá utilizar en los plenos
* El servicio costará a las arcas públicas 350.000 euros cada año
* Se pagan sus viajes de ida y vuelta a Madrid y su estancia con dietas
Luis Ángel Sanz | Madrid
Actualizado martes 18/01/2011 16:22 horas
Un total de 25 licenciados en traducción e interpretación -22 mujeres y sólo tres hombres- trabajarán desde hoy en todos los plenos del Senado para que los parlamentarios españoles puedan entenderse cuando decidan hablar en catalán, euskara, gallego o valenciano.
Su estreno oficial será esta tarde en la Cámara Alta, cuando comience el debate de las mociones. Y será el portavoz del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Ramon Aleu, el que iniciará el sistema de traducción simultánea defendiendo una moción sobre el fracaso escolar. Gracias al trabajo de los traductores, todos los senadores, invitados y periodistas podrán oír a través de unos auriculares la traducción al castellano de lo que digan los senadores que decidan hablar en otras lenguas.
Como adelantó ELMUNDO.es, que cada senador hable en el idioma que prefiera costará a las arcas públicas 350.000 euros cada año. Cada sesión supondrá un desembolso de 12.000 euros. Además, la Cámara ha comprado 400 equipos de traducción con auriculares, que han costado en total 4.526,48 euros.
'Los derechos no tienen precio'
Los nacionalistas de ERC, CiU, PNV, BNG, PSC y otros partidos restaron importancia en su día a este aumento del gasto porque, dijeron, ellos tienen derecho a expresarse en la lengua oficial que quieran y "los derechos no tienen precio".
Desde el Senado apuntan también que, a pesar de la subida de esta partida, que se ha multiplicado por 17, el presupuesto general de la Cámara ha bajado en 2011 en un 6,7%. Entre otras medidas de ahorro, el año pasado se bajó el sueldo de todos los trabajadores del Senado una media de un 5%.
La reforma del Reglamento que ha hecho posible la introducción de las lenguas autonómicas se aprobó el pasado verano. A principios de 2010, 34 senadores nacionalistas propusieron que el catalán, el gallego y el euskara se pudieran usar en todos los plenos, comisiones y comunicaciones escritas u orales de la cámara.
La propuesta fue negociada con el PSOE y, finalmente, se aprobó que las lenguas autonómicas solo se usaran en los plenos y durante el debate de las mociones. El PP siempre se opuso porque consideró que los senadores van a hacer "el ridículo a nivel mundial", ya que todos entienden la lengua oficial del Estado, el castellano. También la parlamentaria de Unión del Pueblo Navarro (UPN) votó en contra.
Sin embargo, el PSOE, el PSC y todos los nacionalistas votaron a favor del cambio. Eso sí, estos últimos lo tildaron de insuficiente y anunciaron que pedirán que el catalán, el gallego y el vasco se pueda hablar en todos los plenos y comisiones y, también, en el Congreso de los Diputados.
Sala Enrique Casas
En cada sesión plenaria trabajarán desde hoy siete intérpretes (tres de catalán y valenciano, dos de gallego y dos de euskara) que irán rotando semana tras semana entre los 25 seleccionados. Casi todos ellos residen en Cataluña, el País Vasco o Galicia y el Senado también les costeará el desplazamiento y la estancia en forma de dietas.
Los traductores son los mismos que fueron seleccionados en 2005 para traducir las sesiones de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, el único órgano del Estado -hasta ahora- en el que se podía hablar en todas las lenguas oficiales. La diferencia con el Pleno es que la Comisión se reúne una o dos veces al año.
Los profesionales harán su trabajo en la sala Enrique Casas del Senado, que dispone de cabinas de traducción que hasta ahora se usaban sólo para reuniones internacionales. Desde ella, seguirán el Pleno por un monitor. Fuentes de la Cámara explicaron que no se podrá tomar imágenes de los traductores, ni los periodistas podrán hablar con ellos. Así lo han pedido expresamente los profesionales, según explicaron desde la Cámara Alta.
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Teléfono de contacto:672036030
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Re: ¿PARA ESTO NOS RECORTAN EL SUELDO?
Vergonzoso, os lo vengo diciendo hace mucho tiempo, pero de todas formas no os preocupeis, si los gays hacen algo por los suyos, ya sabeis aque barrio chino que tuvieron un gran empeño en arreglar los poticos de aquel pais, y es que los hijos están obligados ha hacer algo por las madres, e todas formas que esperabamos, de uno que no rinde honores a la badera de los aliados, en el protocolo internacional hay que rendirselos hasta a las del enemigo.
Hay que reclamar que si ahora aportamos un dinero para paliar el gasto publico, este se emplee para eso y que nos digan en la nomina con cuanto contribuimos, par qeu cuando algún dia si es que llega no haya que aportar para el gasto publico, recuperemos el poder adquisitivo.
Hay que reclamar que si ahora aportamos un dinero para paliar el gasto publico, este se emplee para eso y que nos digan en la nomina con cuanto contribuimos, par qeu cuando algún dia si es que llega no haya que aportar para el gasto publico, recuperemos el poder adquisitivo.
Re: ¿PARA ESTO NOS RECORTAN EL SUELDO?
No hay quien pueda con este parlamento Españolllll, siempre discriminado a la minorias, no hay traductores de Vable, y hay parlemantariso asturianos, no hay traductores de Aranés, ni tampoco de Castuo y aún menos de Manchego, jodo y sobre todo no hay y esto si que es discriminatorio traductores de Caló, no se puede "naquerar lo que chamullan los julais del foro de barandas" y lo que más predomina en el parlamento son los quinquis y creo que Juan de Dios Ramirez Hredia, es un calorro que sinela el caló., desde luego que pais ,
