El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha solicitado a Francia, cinco meses después desde que lo hiciera Baltasar Garzón, la documentación relativa a las llamadas de la cabina que supuestamente alertaron a ETA sobre una operación policial contra su red de extorsión en mayo de 2006.
De esta forma, el magistrado, que se incorporó la semana pasada a la Audiencia Nacional, accede a la petición que la asociación Dignidad y Justicia reclamó en junio al juez Santiago Pedraz, que sustituía a Garzón después de que éste fuera suspendido cautelarmente de sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado 14 de mayo.
La asociación que preside Daniel Portero, hijo del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Luis Portero, asesinado por ETA en 2000, hizo esta petición ante la falta de respuesta por parte de las autoridades francesas que mantiene "paralizado" el procedimiento.
Este es el primer trámite que practica el magistrado Pablo Ruz, asumiendo así una de las causas que Garzón dejó inconclusa en su juzgado, y reiterará dicha petición a través de los jueces de enlace entre Francia y España.
El pasado 16 de febrero, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 pidió a la Policía que le facilitara los datos de la cabina desde la que telefoneó el dueño del bar Faisán de Irún, Joseba Elosua, así como que informara sobre si estaba intervenida, y si existía una relación de llamadas entre el propietario del local y Cau Aldanur, miembro del aparato de extorsión de ETA.
Además, Garzón, que también reclamó las transcripciones de las llamadas desde el teléfono móvil de Elosua, cursó comisión rogatoria a Francia una vez recibido el informe de la Policía para que las autoridades galas le informaran sobre si existía algún análisis de las llamadas realizadas los días 3, 4 y 5 de mayo de 2006.
¿Hubo filtración?
Por último, el magistrado preguntó a Francia si el motivo de suspender su intervención en la operación policial contra la red de extorsión de ETA desarrollada el 4 de mayo de 2006 "tuvo por motivo una filtración".
Garzón practicó estas diligencias después de que se lo ordenara la sección segunda de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, que accedió a la petición de Dignidad y Justicia al considerar que es necesario "agotar la investigación hasta los extremos que sean necesarios".
http://ecodiario.eleconomista.es/espana ... meses.html
EL CASO FAISAN SIGUE VIVO
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Re: EL CASO FAISAN SIGUE VIVO
Menos mal, pensaba que sólo nos acordábamos nosotros, los de siempre, los perjuidicados realmente. Veremos en qué queda.
Última edición por verdeber el 15 Jul 2010, 01:21, editado 1 vez en total.
Re: EL CASO FAISAN SIGUE VIVO
La juez Le Vert acelerará la comisión rogatoria sobre el 'chivatazo' a ETA
http://www.intereconomia.com/noticias-g ... vatazo-eta
http://www.intereconomia.com/noticias-g ... vatazo-eta
Re: EL CASO FAISAN SIGUE VIVO
esta noche a las 22 horas en intereconomia tv, ponen un documental sobre el caso faisán, parace interesante
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Re: EL CASO FAISAN SIGUE VIVO
¿Quién ordenó el chivatazo?
08:16 (22-09-2010) | 14
¿Quién ordenó el chivatazo del bar Faisán? ¿Por qué se desbarató la operación policial que pretendía dar un golpe definitivo al aparato de extorsión de ETA? Para responder a estos interrogantes resulta imprescindible hacer memoria de cómo se gestó el alto el fuego decretado por ETA el 22 de marzo de 2006.
Jaime Ignacio del Burgo.- A lo largo de 2005 la banda terrorista, bajo los auspicios de Arnaldo Otegi, llevó a cabo conversaciones con Jesús Eguiguren, presidente de los socialistas vascos, para establecer las bases de un acuerdo entre ETA y el Gobierno para abrir un proceso de negociación que pusiera fin de forma definitiva a la violencia terrorista. Eguiguren contaba con la autorización del presidente Zapatero. El interlocutor etarra era José Antonio Urruticoechea, alias Josu Ternera.
El 21 de junio de 2005, a orillas del lago Leman, se vieron las caras Eguiguren y Ternera. Ambos habían coincidido varios años en el Parlamento de Vitoria hasta que en 2002 el diputado etarra decidió pasar a la clandestinidad. El 14 de julio alcanzaron un primer acuerdo, cuya efectividad quedaba supeditada a la aceptación del Gobierno y de la dirección de ETA. El acuerdo definitivo se alcanzó en Oslo en febrero de 2006 tras superar los últimos escollos. El proceso de paz había comenzado.
El primer paso habría de darlo ETA mediante la declaración de un alto el fuego permanente. La siguiente ficha habría de moverla Zapatero, con el anuncio de la apertura de conversaciones para el final dialogado de la violencia en los términos pactados. Se constituirían dos mesas de negociación. En la primera los representantes del Gobierno y de ETA tratarían de lo que en la jerga terrorista se denomina desmilitarización (que incluye el desarme, la excarcelación de los presos, la reparación a las víctimas, la retirada de las fuerzas represivas, etc.). En la segunda tomarían asiento los representantes de los partidos y demás agentes políticos, económicos, sociales y sindicales del País Vasco. En esta última se acordaría un nuevo marco político para Euskal Herria, que sería reconocida por el Gobierno como realidad lingüística, histórica, cultural y sociopolítica.
Antes de iniciar una aventura tan arriesgada, el presidente Zapatero había tomado la precaución de recabar la autorización del Congreso para poner en marcha el “final dialogado” de ETA en el caso de que la banda demostrara “inequívocamente” su voluntad de poner fin a su actividad criminal. Con el voto en contra del PP, el Congreso le dio su respaldo en mayo de 2005. El 4 de mayo era el día en que estaba previsto recibiera en La Moncloa al presidente del PNV, Josu Jon Imaz, cuyo apoyo lo daba por descontado pues los nacionalistas habían sido informados desde un principio de los contactos con ETA y se habían comprometido a participar en una negociación a tres bandas –PSOE, PNV y Batasuna– para acordar en secreto las bases políticas del acuerdo político antes de reunir formalmente a la mesa de partidos.
En el acuerdo de Oslo había un punto de singular importancia. Según el acta de la reunión publicada por ETA (que “nunca miente”, según decían los socialistas el 12 de marzo de 2004 al conocer que la banda había desmentido su participación en la masacre del 11-M), el Gobierno español había asumido el compromiso de que “la Guardia Civil, la Policía española, la Ertzaintza y la Policía francesa no realizarían ninguna detención”. El propio Eguiguren ha reconocido la existencia de este acuerdo, aunque afirma que consiguió introducir la salvedad de que no habría detenciones “en la medida de lo posible”. Llegamos así al escándalo del Faisán. Mientras todo lo anterior se desarrollaba entre bastidores, la Policía judicial, a las órdenes del juez de la Audiencia Nacional Grande-Marlaska, estaba a punto de asestar un golpe definitivo al aparato de extorsión de ETA. Los investigadores habían llegado a la conclusión de que el bar Faisán, propiedad de Joseba Elosua, sito en Irún, se había convertido en la oficina de recaudación del “impuesto revolucionario”. Pero había algo más. Se había descubierto que en estrecha colaboración con Elosua actuaba Gorka Aguirre, histórico dirigente del PNV, sobrino del primer lehendakari vasco y yerno de Luis María Retolaza, todopoderoso ex consejero de Interior del gobierno vasco entre 1980 y 1988. La Policía conocía que el día 4 de mayo iba a producirse una reunión en el Faisán entre Elosúa, Aguirre y un emisario de ETA, donde se haría entrega a la banda de una importante cantidad de dinero. Grande-Marlaska ordenó coger a los implicados in fraganti. A tal fin, la Policía había dispuesto un importante operativo policial.
La noticia de esta intervención llegó pronto a la cúpula del Ministerio del Interior. Fácil es de comprender lo que ocurrió. Ante la imposibilidad de parar la acción de la justicia, los responsables de Interior –y nadie puede creer que en un asunto de tanta gravedad no intervinieran sus máximos responsables políticos– decidieron que la única manera de evitar el desastre era invocar la razón de Estado y dar el chivatazo directamente a ETA. Craso error
¿Qué quién ordenó el chivatazo? No hace falta ser muy listo para imaginarlo. Esperemos que hable pronto la Justicia. Por fortuna, ya no está el juez Garzón para impedir que conozcamos la verdad, algo que hizo durante el tiempo que la querella de Manos Limpias estuvo en sus manos
Intereconomia
08:16 (22-09-2010) | 14
¿Quién ordenó el chivatazo del bar Faisán? ¿Por qué se desbarató la operación policial que pretendía dar un golpe definitivo al aparato de extorsión de ETA? Para responder a estos interrogantes resulta imprescindible hacer memoria de cómo se gestó el alto el fuego decretado por ETA el 22 de marzo de 2006.
Jaime Ignacio del Burgo.- A lo largo de 2005 la banda terrorista, bajo los auspicios de Arnaldo Otegi, llevó a cabo conversaciones con Jesús Eguiguren, presidente de los socialistas vascos, para establecer las bases de un acuerdo entre ETA y el Gobierno para abrir un proceso de negociación que pusiera fin de forma definitiva a la violencia terrorista. Eguiguren contaba con la autorización del presidente Zapatero. El interlocutor etarra era José Antonio Urruticoechea, alias Josu Ternera.
El 21 de junio de 2005, a orillas del lago Leman, se vieron las caras Eguiguren y Ternera. Ambos habían coincidido varios años en el Parlamento de Vitoria hasta que en 2002 el diputado etarra decidió pasar a la clandestinidad. El 14 de julio alcanzaron un primer acuerdo, cuya efectividad quedaba supeditada a la aceptación del Gobierno y de la dirección de ETA. El acuerdo definitivo se alcanzó en Oslo en febrero de 2006 tras superar los últimos escollos. El proceso de paz había comenzado.
El primer paso habría de darlo ETA mediante la declaración de un alto el fuego permanente. La siguiente ficha habría de moverla Zapatero, con el anuncio de la apertura de conversaciones para el final dialogado de la violencia en los términos pactados. Se constituirían dos mesas de negociación. En la primera los representantes del Gobierno y de ETA tratarían de lo que en la jerga terrorista se denomina desmilitarización (que incluye el desarme, la excarcelación de los presos, la reparación a las víctimas, la retirada de las fuerzas represivas, etc.). En la segunda tomarían asiento los representantes de los partidos y demás agentes políticos, económicos, sociales y sindicales del País Vasco. En esta última se acordaría un nuevo marco político para Euskal Herria, que sería reconocida por el Gobierno como realidad lingüística, histórica, cultural y sociopolítica.
Antes de iniciar una aventura tan arriesgada, el presidente Zapatero había tomado la precaución de recabar la autorización del Congreso para poner en marcha el “final dialogado” de ETA en el caso de que la banda demostrara “inequívocamente” su voluntad de poner fin a su actividad criminal. Con el voto en contra del PP, el Congreso le dio su respaldo en mayo de 2005. El 4 de mayo era el día en que estaba previsto recibiera en La Moncloa al presidente del PNV, Josu Jon Imaz, cuyo apoyo lo daba por descontado pues los nacionalistas habían sido informados desde un principio de los contactos con ETA y se habían comprometido a participar en una negociación a tres bandas –PSOE, PNV y Batasuna– para acordar en secreto las bases políticas del acuerdo político antes de reunir formalmente a la mesa de partidos.
En el acuerdo de Oslo había un punto de singular importancia. Según el acta de la reunión publicada por ETA (que “nunca miente”, según decían los socialistas el 12 de marzo de 2004 al conocer que la banda había desmentido su participación en la masacre del 11-M), el Gobierno español había asumido el compromiso de que “la Guardia Civil, la Policía española, la Ertzaintza y la Policía francesa no realizarían ninguna detención”. El propio Eguiguren ha reconocido la existencia de este acuerdo, aunque afirma que consiguió introducir la salvedad de que no habría detenciones “en la medida de lo posible”. Llegamos así al escándalo del Faisán. Mientras todo lo anterior se desarrollaba entre bastidores, la Policía judicial, a las órdenes del juez de la Audiencia Nacional Grande-Marlaska, estaba a punto de asestar un golpe definitivo al aparato de extorsión de ETA. Los investigadores habían llegado a la conclusión de que el bar Faisán, propiedad de Joseba Elosua, sito en Irún, se había convertido en la oficina de recaudación del “impuesto revolucionario”. Pero había algo más. Se había descubierto que en estrecha colaboración con Elosua actuaba Gorka Aguirre, histórico dirigente del PNV, sobrino del primer lehendakari vasco y yerno de Luis María Retolaza, todopoderoso ex consejero de Interior del gobierno vasco entre 1980 y 1988. La Policía conocía que el día 4 de mayo iba a producirse una reunión en el Faisán entre Elosúa, Aguirre y un emisario de ETA, donde se haría entrega a la banda de una importante cantidad de dinero. Grande-Marlaska ordenó coger a los implicados in fraganti. A tal fin, la Policía había dispuesto un importante operativo policial.
La noticia de esta intervención llegó pronto a la cúpula del Ministerio del Interior. Fácil es de comprender lo que ocurrió. Ante la imposibilidad de parar la acción de la justicia, los responsables de Interior –y nadie puede creer que en un asunto de tanta gravedad no intervinieran sus máximos responsables políticos– decidieron que la única manera de evitar el desastre era invocar la razón de Estado y dar el chivatazo directamente a ETA. Craso error
¿Qué quién ordenó el chivatazo? No hace falta ser muy listo para imaginarlo. Esperemos que hable pronto la Justicia. Por fortuna, ya no está el juez Garzón para impedir que conozcamos la verdad, algo que hizo durante el tiempo que la querella de Manos Limpias estuvo en sus manos
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Re: EL CASO FAISAN SIGUE VIVO
TRIBUNALES | Declara secretos nueve de los 645 folios
El juez del 'chivatazo' sólo deja al fiscal ver íntegra la información de Francia
* De su contenido podría 'derivarse' diligencias para el 'total esclarecimiento'
* Deja en manos del fiscal si procede practicar 'alguna diligencia' más
Europa Press | Madrid
Actualizado viernes 14/01/2011 18:23 horas
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha acordado que sólo el fiscal pueda acceder íntegramente a la documentación remitida por la magistrada antiterrorista francesa Laurence Le Vert sobre el supuesto chivatazo a ETA que se habría producido en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa) el 4 de mayo de 2006.
En un auto dictado este viernes, el magistrado acuerda incorporar a la causa los 645 folios que fueron remitidos por la juez Le Vert, una vez que han sido traducidos al español, y establece el secreto parcial por el plazo de un mes prorrogable para 9 de ellos, que sólo podrán ser conocidos por el Ministerio Público.
El juez adopta esta decisión para que el fiscal de la causa, Carlos Bautista, le informe "si estima procedente la práctica de alguna diligencia de investigación" en función del contenido de los folios 4 a 12 de la comisión rogatoria.
Una vez que el Ministerio Fiscal presente su informe, las diez carpetas que forman la comisión rogatoria, a excepción de los nueve folios que permanecerán secretos, quedarán "a disposición de las partes" personadas en el procedimiento, entre las que se encuentran como acusaciones populares la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Dignidad y Justicia (DyJ), el Partido Popular (PP) y la Unión de Oficiales de la Guardia Civil.
De los folios secretos se deriva el 'total esclaricimiento'
El instructor justifica el mantenimiento del secreto sobre estos documentos argumentando que de su contenido podría "derivarse la práctica de determinadas diligencias" que contribuirían al "total esclarecimiento" de los hechos investigados en este presente procedimiento.
En este sentido, argumenta que resulta "necesario" para la "plena utilidad y eficacia" de las actuaciones judiciales "preservar las mismas y su resultado del conocimiento de terceras personas ajenas a la investigación, y en su caso de los imputados, con el objeto de asegurar y culminar la investigación abierta sin pérdida de datos que puedan ser relevantes a la misma".
A juicio de Ruz, la naturaleza de los delitos que se están investigando (revelación de secretos y colaboración con organización terrorista), el contenido de los citados folios y las diligencias que podría solicitar la Fiscalía justifican que adoptar el secreto parcial "por el plazo no superior a un mes, sin prejuicio de eventuales prórrogas del mismo", resulte "racional, lógico, fundado y necesario".
En la comisión rogatoria, que fue cursada el 17 de febrero, Garzón preguntaba a las autoridades francesas por las razones que motivaron que el 4 de mayo de 2006, día en que se habría producido el chivatazo, se suspendiera la actuación policial prevista contra el aparato de extorsión de ETA.
También quería saber "si se realizó en su momento investigación o análisis de las llamadas" que podrían haber hecho tanto Elosúa como el presunto etarra José Antonio Cau Aldanur, en caso de que sus teléfonos estuvieran intervenidos, así como desde la cabina de teléfono situada junto al bar 'Faisán', que habría sido utilizada por el primero.
El juez también reclamaba copia de las transcripciones y observaciones telefónicas que se hubieran realizado a Cau Aldanur en esta investigación, en caso de que se hubieran elaborado, y de todas aquellas actuaciones practicadas por Francia en relación con este procedimiento.
Tres mandos policiales imputados
Garzón también encargó por orden de la Sala de lo Penal al Cuerpo Nacional de Policía que le informara sobre si la cabina telefónica situada junto al 'Faisán' estaba intervenida judicialmente y si constaba alguna llamada realizada por Elosúa y dirigida a Cau Aldanur, al que se considera el enlace de la banda para el cobro del denominado 'impuesto revolucionario'.
En la declaración ante el juez que tuvo lugar el pasado 17 de febrero, el jefe del equipo que dirigió la investigación sobre el supuesto chivatazo, Carlos G., apuntó al ex director general de Policía Víctor García Hidalgo y a los otros dos mandos policiales que están imputados como responsables de la filtración.
Carlos G., autor principal del informe que incrimina a García Hidalgo, al jefe superior de Policía del País Vasco y a un inspector de la Brigada de Información de Álava, declaró durante casi dos horas ante Garzón después de que la Sección Segunda de la Sala de lo Penal le ordenara "agotar la investigación".
El agente, que mantiene su condición de testigo en este procedimiento, se ratificó en el informe incriminatorio que realizó tras llevar a cabo la investigación interna sobre el origen del chivatazo, tal y como hizo en su primera declaración ante el juez.
El fiscal del caso, Carlos Bautista, solicitó el 5 de octubre de 2009 el sobreseimiento provisional de la causa, al considerar que no se ha podido acreditar la identidad del autor de la filtración.
Según el informe de Carlos G., la delación se habría producido después de que García Hidalgo ordenara que la información sobre la operación llegara al propietario del bar 'Faisán' de Irún, Joseba Elosúa, mediante una llamada que el jefe superior realizó al inspector de Álava, que habría entregado a éste su teléfono móvil.
DIARIO EL MUNDO
El juez del 'chivatazo' sólo deja al fiscal ver íntegra la información de Francia
* De su contenido podría 'derivarse' diligencias para el 'total esclarecimiento'
* Deja en manos del fiscal si procede practicar 'alguna diligencia' más
Europa Press | Madrid
Actualizado viernes 14/01/2011 18:23 horas
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha acordado que sólo el fiscal pueda acceder íntegramente a la documentación remitida por la magistrada antiterrorista francesa Laurence Le Vert sobre el supuesto chivatazo a ETA que se habría producido en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa) el 4 de mayo de 2006.
En un auto dictado este viernes, el magistrado acuerda incorporar a la causa los 645 folios que fueron remitidos por la juez Le Vert, una vez que han sido traducidos al español, y establece el secreto parcial por el plazo de un mes prorrogable para 9 de ellos, que sólo podrán ser conocidos por el Ministerio Público.
El juez adopta esta decisión para que el fiscal de la causa, Carlos Bautista, le informe "si estima procedente la práctica de alguna diligencia de investigación" en función del contenido de los folios 4 a 12 de la comisión rogatoria.
Una vez que el Ministerio Fiscal presente su informe, las diez carpetas que forman la comisión rogatoria, a excepción de los nueve folios que permanecerán secretos, quedarán "a disposición de las partes" personadas en el procedimiento, entre las que se encuentran como acusaciones populares la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Dignidad y Justicia (DyJ), el Partido Popular (PP) y la Unión de Oficiales de la Guardia Civil.
De los folios secretos se deriva el 'total esclaricimiento'
El instructor justifica el mantenimiento del secreto sobre estos documentos argumentando que de su contenido podría "derivarse la práctica de determinadas diligencias" que contribuirían al "total esclarecimiento" de los hechos investigados en este presente procedimiento.
En este sentido, argumenta que resulta "necesario" para la "plena utilidad y eficacia" de las actuaciones judiciales "preservar las mismas y su resultado del conocimiento de terceras personas ajenas a la investigación, y en su caso de los imputados, con el objeto de asegurar y culminar la investigación abierta sin pérdida de datos que puedan ser relevantes a la misma".
A juicio de Ruz, la naturaleza de los delitos que se están investigando (revelación de secretos y colaboración con organización terrorista), el contenido de los citados folios y las diligencias que podría solicitar la Fiscalía justifican que adoptar el secreto parcial "por el plazo no superior a un mes, sin prejuicio de eventuales prórrogas del mismo", resulte "racional, lógico, fundado y necesario".
En la comisión rogatoria, que fue cursada el 17 de febrero, Garzón preguntaba a las autoridades francesas por las razones que motivaron que el 4 de mayo de 2006, día en que se habría producido el chivatazo, se suspendiera la actuación policial prevista contra el aparato de extorsión de ETA.
También quería saber "si se realizó en su momento investigación o análisis de las llamadas" que podrían haber hecho tanto Elosúa como el presunto etarra José Antonio Cau Aldanur, en caso de que sus teléfonos estuvieran intervenidos, así como desde la cabina de teléfono situada junto al bar 'Faisán', que habría sido utilizada por el primero.
El juez también reclamaba copia de las transcripciones y observaciones telefónicas que se hubieran realizado a Cau Aldanur en esta investigación, en caso de que se hubieran elaborado, y de todas aquellas actuaciones practicadas por Francia en relación con este procedimiento.
Tres mandos policiales imputados
Garzón también encargó por orden de la Sala de lo Penal al Cuerpo Nacional de Policía que le informara sobre si la cabina telefónica situada junto al 'Faisán' estaba intervenida judicialmente y si constaba alguna llamada realizada por Elosúa y dirigida a Cau Aldanur, al que se considera el enlace de la banda para el cobro del denominado 'impuesto revolucionario'.
En la declaración ante el juez que tuvo lugar el pasado 17 de febrero, el jefe del equipo que dirigió la investigación sobre el supuesto chivatazo, Carlos G., apuntó al ex director general de Policía Víctor García Hidalgo y a los otros dos mandos policiales que están imputados como responsables de la filtración.
Carlos G., autor principal del informe que incrimina a García Hidalgo, al jefe superior de Policía del País Vasco y a un inspector de la Brigada de Información de Álava, declaró durante casi dos horas ante Garzón después de que la Sección Segunda de la Sala de lo Penal le ordenara "agotar la investigación".
El agente, que mantiene su condición de testigo en este procedimiento, se ratificó en el informe incriminatorio que realizó tras llevar a cabo la investigación interna sobre el origen del chivatazo, tal y como hizo en su primera declaración ante el juez.
El fiscal del caso, Carlos Bautista, solicitó el 5 de octubre de 2009 el sobreseimiento provisional de la causa, al considerar que no se ha podido acreditar la identidad del autor de la filtración.
Según el informe de Carlos G., la delación se habría producido después de que García Hidalgo ordenara que la información sobre la operación llegara al propietario del bar 'Faisán' de Irún, Joseba Elosúa, mediante una llamada que el jefe superior realizó al inspector de Álava, que habría entregado a éste su teléfono móvil.
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Re: EL CASO FAISAN SIGUE VIVO
El juez Ruz ve indicios de colaboración con ETA y se niega a archivar el 'caso Faisán', como le pedía el fiscal
El magistrado de la Audiencia Nacional pide ampliación de pruebas y datos sobre la cadena de custodia del vídeo que grababa el bar
JOSÉ YOLDI - Madrid - 24/01/2011
El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha apreciado indicios de un delito de colaboración con banta terrorista, penado con hasta 10 años de prisión y otro de revelación de secretos imputable a algún funcionario policial, por lo que ha abierto un sumario para continuar la investigación del denominado caso Faisán, que trata de esclarecer un presunto chivatazo policial a los implicados la red de la extorsión conocida como impuesto revolucionario de ETA. El fiscal de la Audiencia Nacional consideró que la investigación estaba agotada y que procedía el archivo del proceso por falta de autor conocido.
El juez, sin embargo, ha recibido recientemente la comisión rogatoria emitida por la juez antiterrorista francesa Laurence Levert y aunque, de acuerdo con el fiscal, considera que no hay nuevas revelaciones significativas, ha declarado secretos nueve folios de ese informe. Además, ha decidido impulsar de nuevo las pesquisas volviendo a solicitar pruebas periciales que dieron anteriormente resultados negativos o equívocos.
En el auto hecho público esta mañana, el juez señala que "según permite concluir lo hasta ahora actuado, nos encontramos ante una acción presuntamente ejecutada por miembros del Cuerpo Nacional de Policía, tendente a evitar la detención (...) de determinadas personas que estaban siendo investigadas (...) sobre la composición de una red de apoyo a la organización terrorista ETA a través de la recaudación del determinado impuesto revolucionario. (...) En concreto, mediante la delación policial efectuada sobre el investigado Joseba Imanol Elosua Urbieta, dueño del bar Faisán (...), se trataba de evitar (...) la inminente detención (...) del presunto miembro de ETA José Antonio Cau Aldanur".
Identidad del presunto confidente
Ruz ordena tomar declaración como testigos a dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía, que ya declararon en su momento,y a un periodista. Además, insta a dos de los policías imputados Pamiés y Ballesteros, a que revelen la identidad del "presunto confidente, contacto o colaborador" de la banda terrorista ETA con el que se iban a entrevistar en Francia el día del chivatazo.
Por otro lado, Ruz reclama informes periciales sobre la existencia de cortes en la cinta VHS "que cubran, en su caso, el período temporal en que se fije la salida del bar del individuo que establece contacto con Joseba Elosua", dueño del establecimiento e imputado en la causa general sobre la red de extorsión de ETA.
Asimismo, pide una certificación de la cadena de custodia seguida sobre esa cinta hasta que llegó al Juzgado y que se identifique a los funcionarios o terceros que la tuvieron bajo custodia, además de pedir a la Guardia Civil una nueva pericia sobre los cortes de la cinta.
EL PAIS
El magistrado de la Audiencia Nacional pide ampliación de pruebas y datos sobre la cadena de custodia del vídeo que grababa el bar
JOSÉ YOLDI - Madrid - 24/01/2011
El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha apreciado indicios de un delito de colaboración con banta terrorista, penado con hasta 10 años de prisión y otro de revelación de secretos imputable a algún funcionario policial, por lo que ha abierto un sumario para continuar la investigación del denominado caso Faisán, que trata de esclarecer un presunto chivatazo policial a los implicados la red de la extorsión conocida como impuesto revolucionario de ETA. El fiscal de la Audiencia Nacional consideró que la investigación estaba agotada y que procedía el archivo del proceso por falta de autor conocido.
El juez, sin embargo, ha recibido recientemente la comisión rogatoria emitida por la juez antiterrorista francesa Laurence Levert y aunque, de acuerdo con el fiscal, considera que no hay nuevas revelaciones significativas, ha declarado secretos nueve folios de ese informe. Además, ha decidido impulsar de nuevo las pesquisas volviendo a solicitar pruebas periciales que dieron anteriormente resultados negativos o equívocos.
En el auto hecho público esta mañana, el juez señala que "según permite concluir lo hasta ahora actuado, nos encontramos ante una acción presuntamente ejecutada por miembros del Cuerpo Nacional de Policía, tendente a evitar la detención (...) de determinadas personas que estaban siendo investigadas (...) sobre la composición de una red de apoyo a la organización terrorista ETA a través de la recaudación del determinado impuesto revolucionario. (...) En concreto, mediante la delación policial efectuada sobre el investigado Joseba Imanol Elosua Urbieta, dueño del bar Faisán (...), se trataba de evitar (...) la inminente detención (...) del presunto miembro de ETA José Antonio Cau Aldanur".
Identidad del presunto confidente
Ruz ordena tomar declaración como testigos a dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía, que ya declararon en su momento,y a un periodista. Además, insta a dos de los policías imputados Pamiés y Ballesteros, a que revelen la identidad del "presunto confidente, contacto o colaborador" de la banda terrorista ETA con el que se iban a entrevistar en Francia el día del chivatazo.
Por otro lado, Ruz reclama informes periciales sobre la existencia de cortes en la cinta VHS "que cubran, en su caso, el período temporal en que se fije la salida del bar del individuo que establece contacto con Joseba Elosua", dueño del establecimiento e imputado en la causa general sobre la red de extorsión de ETA.
Asimismo, pide una certificación de la cadena de custodia seguida sobre esa cinta hasta que llegó al Juzgado y que se identifique a los funcionarios o terceros que la tuvieron bajo custodia, además de pedir a la Guardia Civil una nueva pericia sobre los cortes de la cinta.
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Re: EL CASO FAISAN SIGUE VIVO
El juez rechaza archivar el caso del chivatazo a ETA y ordena más diligencias
* El juez Ruz ve la delación 'una acción presuntamente ejecutada por la Policía'
* También pregunta por los cortes en el vídeo que grababa el bar Faisán
* Tres cargos policiales están imputados por revelación de secretos
* También se les acusa de colaboración con organización terrorista
Manuel Marraco | Agencias | Madrid
Actualizado lunes 24/01/2011 15:32 horas
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha rechazado la petición de la Fiscalía de archivar el caso del chivatazo policial a ETA y ha ordenado nuevas diligencias, entre las que pide más datos sobre la cadena de custodia de la cinta que la Policía grabó en el exterior del bar Faisán de Irún.
Ruz ha adoptado esta decisión después de que el fiscal informara la semana pasada de que no era necesario realizar ninguna diligencia nueva después de analizar los 645 folios remitidos por Francia sobre este asunto, nueve de los cuales han sido declarados secretos y que están siendo estudiados aparte por el fiscal.
Hasta ahora, la investigación del 'caso Faisán' ha salpicado al ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, y a dos otros cargos policiales bajo su mando que, según la investigación, fueron los responsables directos del chivatazo a la banda terrorista.
'Evitar detenciones'
En un auto dictado hoy, Ruz subraya que la investigación ha determinado que se trató de un "una acción presuntamente ejecutada por miembros del Cuerpo Nacional de Policía" con la que se intentó "evitar la detención de determinadas personas que estaban siendo investigadas por su presunta participación en una red de apoyo a la organización terrorista ETA a través de la recaudación del denominado 'impuesto revolucionario'".
Según ha venido publicado EL MUNDO, dos policías alertaron en mayo de 2006 a varios miembros del aparato de extorsión de ETA de que iban a ser detenidos cuando pasaran a Francia con el dinero de la extorsión.
Revelación de secretos
En su auto, el magistrado, al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia en sustitución de Baltasar Garzón, señala que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de revelación de secretos y colaboración con organización terrorista, unas figuras penales que podrían acarrear unas condenas de hasta 13 años de cárcel. Al superar el límite legal de nueve años de cárcel, Ruz se ha visto obligado a transformar en sumario las diligencias previas en la que se enmarcaba hasta ahora la investigación. Igualmente, Ruz vuelve a incorporar a la investigación a la Guardia Civil.
Entre otras medidas el magistrado ha decidido citar a declarar en calidad de testigos para el próximo 8 de febrero a dos agentes de Brigada Provincial de Información de San Sebastián de la Policía Nacional para "aclarar determinadas contradicciones" en relación al chivatazo.
Grabación del chivatazo
El juez también ha acordado varias diligencias para que los responsables de la investigación aclaren los cortes en el vídeo filmado por agentes de la Policía en el que se mostraban los movimientos registrados en la puerta del bar Faisán cuando se habría producido el chivatazo.
En este sentido, solicita una "certificación de la cadena de custodia" de esta cinta y que se identifique a "los funcionarios o terceros" que se hicieron cargo de este material o tuvieron acceso a él hasta su puesta a disposición del juzgado.
Investigación de las llamadas
El juez ordena además a los peritos de Telefónica que realicen un nuevo informe ampliatorio sobre todo el tráfico de llamadas que se produjo en torno al bar Faisán en los momentos previos al chivatazo.
El magistrado especifica que se deben analizar todas las llamadas, incluidas las que se realizaron desde móviles con tarjetas prepago y las que pasaron por repetidores más alejados de la zona, incluidos los situados en Francia.
El mundo.es
* El juez Ruz ve la delación 'una acción presuntamente ejecutada por la Policía'
* También pregunta por los cortes en el vídeo que grababa el bar Faisán
* Tres cargos policiales están imputados por revelación de secretos
* También se les acusa de colaboración con organización terrorista
Manuel Marraco | Agencias | Madrid
Actualizado lunes 24/01/2011 15:32 horas
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha rechazado la petición de la Fiscalía de archivar el caso del chivatazo policial a ETA y ha ordenado nuevas diligencias, entre las que pide más datos sobre la cadena de custodia de la cinta que la Policía grabó en el exterior del bar Faisán de Irún.
Ruz ha adoptado esta decisión después de que el fiscal informara la semana pasada de que no era necesario realizar ninguna diligencia nueva después de analizar los 645 folios remitidos por Francia sobre este asunto, nueve de los cuales han sido declarados secretos y que están siendo estudiados aparte por el fiscal.
Hasta ahora, la investigación del 'caso Faisán' ha salpicado al ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, y a dos otros cargos policiales bajo su mando que, según la investigación, fueron los responsables directos del chivatazo a la banda terrorista.
'Evitar detenciones'
En un auto dictado hoy, Ruz subraya que la investigación ha determinado que se trató de un "una acción presuntamente ejecutada por miembros del Cuerpo Nacional de Policía" con la que se intentó "evitar la detención de determinadas personas que estaban siendo investigadas por su presunta participación en una red de apoyo a la organización terrorista ETA a través de la recaudación del denominado 'impuesto revolucionario'".
Según ha venido publicado EL MUNDO, dos policías alertaron en mayo de 2006 a varios miembros del aparato de extorsión de ETA de que iban a ser detenidos cuando pasaran a Francia con el dinero de la extorsión.
Revelación de secretos
En su auto, el magistrado, al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia en sustitución de Baltasar Garzón, señala que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de revelación de secretos y colaboración con organización terrorista, unas figuras penales que podrían acarrear unas condenas de hasta 13 años de cárcel. Al superar el límite legal de nueve años de cárcel, Ruz se ha visto obligado a transformar en sumario las diligencias previas en la que se enmarcaba hasta ahora la investigación. Igualmente, Ruz vuelve a incorporar a la investigación a la Guardia Civil.
Entre otras medidas el magistrado ha decidido citar a declarar en calidad de testigos para el próximo 8 de febrero a dos agentes de Brigada Provincial de Información de San Sebastián de la Policía Nacional para "aclarar determinadas contradicciones" en relación al chivatazo.
Grabación del chivatazo
El juez también ha acordado varias diligencias para que los responsables de la investigación aclaren los cortes en el vídeo filmado por agentes de la Policía en el que se mostraban los movimientos registrados en la puerta del bar Faisán cuando se habría producido el chivatazo.
En este sentido, solicita una "certificación de la cadena de custodia" de esta cinta y que se identifique a "los funcionarios o terceros" que se hicieron cargo de este material o tuvieron acceso a él hasta su puesta a disposición del juzgado.
Investigación de las llamadas
El juez ordena además a los peritos de Telefónica que realicen un nuevo informe ampliatorio sobre todo el tráfico de llamadas que se produjo en torno al bar Faisán en los momentos previos al chivatazo.
El magistrado especifica que se deben analizar todas las llamadas, incluidas las que se realizaron desde móviles con tarjetas prepago y las que pasaron por repetidores más alejados de la zona, incluidos los situados en Francia.
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Re: EL CASO FAISAN SIGUE VIVO
Articulo del mundo de hoy.
‘Caso Faisán’: la verdad está más cerca
EL AUTO dictado ayer por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz tiene una gran importancia por diversos motivos, pero el principal es que supone un impulso a la investigación del caso Faisán al ordenar nuevas diligencias para determinar quiénes fueron los
responsables penales del chivatazo que evitó la detención de los jefes de la red de extorsión de ETA.
Por primera vez desde que la Justicia empezó a investigar en mayo de 2006, el instructor apunta expresamente como presuntos autores de delitos de colaboración con banda armada y revelación de secretos a «miembros del Cuerpo Nacional de Policía». Durante sus tres años de instrucción de este caso, Garzón se había negado a reconocer lo evidente: que el chivatazo sólo pudo tener origen en las Fuerzas de Seguridad del Estado, las únicas que conocían la operación policial.
Pero el juez Ruz va más allá y transforma las diligencias previas en sumario al tratarse de delitos susceptibles de ser castigados con penas superiores a nueve años de cárcel. Ello supone que el archivo de la causa ya no es una decisión que depende del instructor
sino de la Sala de lo Penal.
Esto tiene una gran relevancia, ya que la Fiscalía había pedido de nuevo el archivo de la causa con el pretexto de que la investigación penal no arroja suficientes elementos incriminatorios contra las personas imputadas, que incluyen al ex director general de la Policía.
Desde el comienzo de este asunto, la Fiscalía no ha hecho nada para esclarecer lo sucedido a pesar de la extraordinaria gravedad de los delitos cometidos, ignorando las aportaciones de la investigación interna realizada por el inspector Carlos G. y los hechos que
apuntan a la cúpula policial.
El juez ordena ahora nuevas diligencias que Garzón nunca quiso practicar como comprobar las coartadas del jefe superior de Policía del País Vasco y un inspector de Álava, que justificaron la presencia del segundo en el Faisán porque había ido a interrogar a
un confidente. El instructor va a intentar averiguar ahora el fundamento de esa coartada.
También va a hacer algo tan necesario como solicitar un nuevo informe pericial de la Guardia Civil para indagar los cortes del video donde se grabaron los movimientos del bar Faisán ese día, en el que de forma sospechosa se borraron los momentos clave del chivatazo.
¿Manipuló alguien de la Policía esa grabación? Y, por último, el juez Ruz quiere reconstruir todo el flujo de llamadas, incluidas las realizadas desde Francia y las efectuadas con tarjeta de prepago, y la cadena de custodia del vídeo, lo que implica revisar la instrucción que realizó Garzón, que no hizo prácticamente nada para indagar lo sucedido.
No es aventurado señalar que de seguir Garzón con este asunto en sus manos, a estas alturas estaría ya archivado o seguiría muerto en un cajón. Pero las diligencias ordenadas por el juez Ruz muestran un afán encomiable de proseguir una investigación torpedeada desde el propio Ministerio de Interior, como ya denunció en un auto Grande-Marlaska, el primer instructor del caso.
Todo apunta no sólo a la implicación en el chivatazo de altos cargos de la Policía sino además a responsabilidades en la cúpula de Interior y del propio PSE, con Jesús Eguiguren a la cabeza, que querían salvar la negociación con ETA aun a costa de boicotear una importante operación policial planeada desde hacía meses.
En cualquier caso, las nuevas diligencias ordenadas por Ruz hacen concebir la razonable esperanza de que los autores y mentores del chivatazo tendrán que pagar algún día por su repugnante conducta.
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Re: EL CASO FAISAN SIGUE VIVO
Gil Lázaro: "El juez Ruz ha roto la estrategia cínica y ruin de Rubalcaba"
Gil Lázaro ha calificado de muy "importante" el vuelco en la investigación del chivatazo. En esRadio ha dicho que cree que Rubalcaba queda mal parado.
Documento: AUTO DEL CHIVATAZO
LIBERTAD DIGITAL
Ignacio Gil Lázaro es el azote de Pérez Rubalcaba en el Congreso en el caso del chivatazo a ETA. Ahora la Justicia ha decidido investigar a fondo el caso gracias al juez Ruz, que ha ordenado nuevas diligencias.
En declaraciones en Es la Mañana de Federico en esRadio, el diputado del PP aseguró que "lo que sucedió ayer fue importante". Y es que a pesar de que el fiscal pidió nuevamente el archivo de la causa "el juez le contestó que no procede y que el procedimiento en diligencias previas se transforma en sumario porque existen indicios de delitos por revelación de secretos y colaboración con banda armada"
De este modo, el parlamentario popular que interpela semana tras semana al ministro del Interior sobre este asunto consideró que "la respuesta del juez ha sido contundente frente a la acción del Gobierno de dar carpetazo al chivatazo". "Esto rompe la estrategia detestable, ruin y cínica de Rubalcaba", sentenció.
Tras la decisión del magistrado, Gil Lázaro dice estar deseando que llegue la próxima sesión de control al Gobierno para escuchar qué contesta en esta ocasión Rubalcaba. "Siempre me decía que eran infundios y calumnias, estoy deseando que llegue mañana y ver que me contesta", indicó el popular a Jiménez Losantos.
Por ello, añadió que el vicepresidente primero "ya no va a poder desvirtuar los hechos diciendo que nunca existió. Creo que este asunto cerca a Rubalcaba y le pone en una situación muy complicada".
Gil Lázaro eleva las responsabilidades a las altas esferas políticas. "Es impensable que un director, jefe superior o inspector se metiera en semejante berenjenal por su cuenta y riesgo. Ha habido además un motivo que fue el interés político, que era que no se produjeran ciertas detenciones".
esRadio
Gil Lázaro ha calificado de muy "importante" el vuelco en la investigación del chivatazo. En esRadio ha dicho que cree que Rubalcaba queda mal parado.
Documento: AUTO DEL CHIVATAZO
LIBERTAD DIGITAL
Ignacio Gil Lázaro es el azote de Pérez Rubalcaba en el Congreso en el caso del chivatazo a ETA. Ahora la Justicia ha decidido investigar a fondo el caso gracias al juez Ruz, que ha ordenado nuevas diligencias.
En declaraciones en Es la Mañana de Federico en esRadio, el diputado del PP aseguró que "lo que sucedió ayer fue importante". Y es que a pesar de que el fiscal pidió nuevamente el archivo de la causa "el juez le contestó que no procede y que el procedimiento en diligencias previas se transforma en sumario porque existen indicios de delitos por revelación de secretos y colaboración con banda armada"
De este modo, el parlamentario popular que interpela semana tras semana al ministro del Interior sobre este asunto consideró que "la respuesta del juez ha sido contundente frente a la acción del Gobierno de dar carpetazo al chivatazo". "Esto rompe la estrategia detestable, ruin y cínica de Rubalcaba", sentenció.
Tras la decisión del magistrado, Gil Lázaro dice estar deseando que llegue la próxima sesión de control al Gobierno para escuchar qué contesta en esta ocasión Rubalcaba. "Siempre me decía que eran infundios y calumnias, estoy deseando que llegue mañana y ver que me contesta", indicó el popular a Jiménez Losantos.
Por ello, añadió que el vicepresidente primero "ya no va a poder desvirtuar los hechos diciendo que nunca existió. Creo que este asunto cerca a Rubalcaba y le pone en una situación muy complicada".
Gil Lázaro eleva las responsabilidades a las altas esferas políticas. "Es impensable que un director, jefe superior o inspector se metiera en semejante berenjenal por su cuenta y riesgo. Ha habido además un motivo que fue el interés político, que era que no se produjeran ciertas detenciones".
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