Delincuencia en el ámbito rural

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El PP apoya dar «respuesta penal» a la delincuencia en el ámbito rural

El PP y Asaja coinciden en la necesidad de modificar la tipificación de hurtos del Código Penal para que no se sigan considerando faltas los robos que no superan los 400 euros

latribunadeciudadreal.net

El portavoz de Interior del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Ignacio Cosidó, afirmó en la tarde de ayer en Tomelloso, en el marco del I Foro sobre Seguridad Rural del PP, que para su partido «esta es una materia prioritaria» que estará incluida en el programa electoral, con el desarrollo de un Plan de Seguridad «que potencie el despliegue de la Guardia Civil y dé una respuesta penal adecuada al problema de la delincuencia en el ámbito rural». Delincuencia que, incidió, «desde que Zapatero es presidente ha crecido un 25%, con 60.000 delitos más, especialmente vinculados con el patrimonio».

Además de Carlos Cotillas, en el Foro intervinieron el portavoz de Agricultura del Partido Popular en el Congreso, José Ignacio Llorens; la senadora por la provincia de Albacete Encarnación Naharro, que lleva los asuntos de agricultura en el Senado; la diputada nacional y presidenta de Afammer, Carmen Quintanilla; el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato; el presidente de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, Francisco García Ruiz, y José María Antón García, de la Confederación de Seguridad Local.

Durante su intervención, Llorens recordó que el Grupo Parlamentario Popular «ha hecho sus deberes», y presentó dos iniciativas importantes en materia de seguridad en el campo, una de ellas en el Senado, que fue rechazada con el voto en contra del PSOE y otra en el Senado, que contó con el apoyo de todos los grupos políticos, «aunque el resultado ha sido el mismo, porque en ninguno de los dos casos se ha hecho nada para darles cumplimiento», dijo.

En cuanto a la propuesta presentada en el Senado que no se aprobó, recordó que estaba relacionada con una enmienda al Código Penal, en la que el grupo parlamentario popular pedía que se cambiase la tipificación de hurtos vigentes, con el fin de que cambiase la parte en la que dice que aquellos hurtos que no excedan de 400 euros no serán delitos sino faltas.

En cuanto a la propuesta presentada en el Congreso y que sí contó con el apoyo unánime de todos los grupos, recordó que era un Proyecto de Ley en el que el PP pedía que todas las Fuerzas de Seguridad del Estado impulsaran un plan de protección y vigilancia de las fincas, instalaciones agrarias y los almacenes; que se vigilara especialmente la procedencia de los productos agrarios en los puntos de venta, «porque esa es una forma de detectar productos que son robados» y por último, que a través de Enesa, la sociedad estatal de seguros, se estableciera una línea especial de alto riesgo para proteger a los agricultores de este grave problema.

A pesar de haber sido aprobada por unanimidad en el Congreso, recalcó Llorens, el gobierno aún no le ha dado cumplimiento a estas propuestas. El presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, por su parte, aprovechó su turno de palabra para reiterar la preocupación por la inseguridad que se está viviendo en el campo, donde los robos y los destrozos «están creciendo de manera importante». Barato coincidió con el dirigente del PP en que el PSOE «perdió una oportunidad, cuando hizo la reforma del Código Penal, de dar respuesta a este problema». Y dijo que «el Gobierno no atendió las peticiones de la organización agraria, que entre otras cosas hizo que se considerase delito el hurto a partir de 100 euros».

Francisco García Ruiz subrayó que la seguridad en el medio rural está muy relacionadas «con el despliegue de la plantilla de la Guardia Civil», por lo que añadió que «es imprescindible mantener las plantillas de este cuerpo que es el que actúa en el ámbito rural».

La Tribuna de Ciudad Real

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La Unión de Oficiales de la Guardia Civil se solidariza con ASAJA ante el aumento de robos

Dice "entender y solidarizarse" con la "desesperación" que sufren los agricultores y ganaderos españoles ante la oleadas de hurtos y robos que se están produciendo.

14-04-2011

Andalucía - Agudo

Esta situación contrasta "llamativamente" con las buenas cifras de criminalidad ofrecidas por el ministerio del Interior que reflejan la menor tasa de delincuencia de la última década. Así las cosas la Unión de Oficiales respalda la petición de modificación del Código Penal que suponga un endurecimiento de las penas, especialmente en los casos de reincidencia, y el rigor en su aplicación, así como el establecimiento de mecanismos de control en la comercialización y depósito de productos, tanto del campo, como aquellos materiales de tipo industrial que dan soporte a las instalaciones agropecuarias (cobre, hierro, etc.)

Otra de las medidas que propone ASAJA para frenar la oleada de robos y daños consiste en crear un servicio privado de "guardería rural" que paguen ayuntamientos y diputaciones. Sin embargo la Unión de Oficiales de la Guardia Civil apunta a que la "seguridad pública es competencia del Estado, si bien colaboran las distintas administraciones autonómicas y locales con sus respectivos cuerpos policiales en el ámbito de sus competencias".

Como es sabido, la situación económica ha llevado a recortar la oferta de empleo público para la Guardia Civil, Cuerpo bajo cuya responsabilidad recae la seguridad en el ámbito rural. En concreto en 2010 la oferta de empleo público para la Guardia Civil fue de 384 plazas para toda España, mientras que sólo para Cataluña se ofertaron 600 de Mossos.

En 2011, la oferta de empleo para la Guardia Civil es de 162 plazas para toda España, mientras que para Mossos se mantienen otras 600. Además, el incremento de plantilla en la Guardia Civil de los años anteriores, como muestran los datos de Interior, "se ha destinado a cubrir las necesidades generadas por las especialidades como delincuencia organizada o lucha antiterrorista, pero prácticamente nada a seguridad ciudadana (ámbito rural), con las consecuentes repercusiones sobre la protección del tejido productivo de las poblaciones del entorno rural".

A esto hay que sumar que desde septiembre de 2010 la Guardia Civil, tras la aplicación de la nueva normativa de jornada, ha perdido un potencial de servicio equivalente a más de 4.000 efectivos. "Si bien entendemos la desesperación de agricultores y ganaderos, y podemos compartir que se adopte esa medida de contratar guarderías rurales de forma provisional, esa no puede ser una medida definitiva. Todos los sectores y grupos sociales deben unir sus esfuerzos para que la Guardia Civil tenga una plantilla suficiente".

AGROCOPE