En el texto la Audiencia, de manera unánime, ha decidido conceder un plazo de diez días "improrrogables" a las partes para que presenten alegaciones al planteamiento de la cuestión de constitucionalidad. La providencia concede el mismo plazo a las partes y al Ministerio Fiscal para que aleguen "lo que su derecho convenga" sobre la pertinencia de plantear cuestión de constitucionalidad o sobre el fondo del mismo al manifestar también los magistrados de la Sala sus "dudas" sobre la posible afectación al contenido esencial del derecho de igualdad.

Numerosos recursos a trámite

La Audiencia Nacional había admitido a trámite este verano el recurso que interpuso este sindicato contra el recortazo a funcionarios y empleados públicos. Los representantes de los altos funcionarios de la Administración (Fedeca) también han recurrido ante la Justicia el recorte, además del Sindicato de Profesores de Enseñanza Pública (ANPE), así como diversos escritos ante la oficina del Defensor del Pueblo.

Según los dirigentes de los Servicios Públicos y para la Ciudadanía de UGT, Julio Lacuerda, y de CCOO, Enrique Fossoul, la medida vulnera el Acuerdo de Negociación Colectiva de la Función Pública 2010-2012, así como el capítulo 1 de los Presupuestos Generales del Estado que define el sector público y su régimen laboral.

De acuerda con Lacuerda, UGT comprobó con varios juristas que "hay razones sustanciosas" para recurrir esta medida que además, advirtió, podría ser inconstitucional por pretender que la bajada sea retroactiva, lo que no se contempla en el ordenamiento jurídico y sería la primera vez que se produce.
Este sindicatos valora la providencia emitida por el Alto Tribunal y recuerda que el texto apoya los argumentos presentados por UGT en la demanda. El responsable jurídico de la Federación de Servicios de UGT, Félix Pinilla, señaló a Efe este jueves que cuando se presentó la denuncia ya pensaba que no prosperaría la decisión del Gobierno porque afectaba a convenios colectivos firmados con anterioridad al RD del Gobierno.

Más motivos para una posible anticonstitucionalidad

Criterios similares emplearon en su escrito a la Audiencia los cuerpos superiores de la Administración Central integrados en Fedeca, que también recurrieron el polémico RD que consideran ilegal e inconstitucional. El recurso, al que tuvo acceso Expansión.com, planteaba la ilegalidad del polémico decreto que ha motivado el descontento generalizado de los trabajadores públicos, que ya acumulan varios años de pérdida de poder adquisitivo y la primera huelga del sector público en ocho años.

Este sindicato, que defiende los intereses de los altos funcionarios de la Administración General del Estado -Grupo A1- también centran el eje de su recurso en la posible ilegalidad de la reducción de las retribuciones públicas, que chocaría con los derechos recogidos en la Constitución Española.

La consideran aleatoria e incongruente dado que la situación de las cuentas públicas que ahora se da por "extraordinaria" se conocía desde hace al menos dos años, a lo que se suma que hace tan sólo unos meses que el Gobierno había pactado un exiguo incremento salarial de los sueldos públicos con los sindicatos que ahora queda, desde su punto de vista, anulado en virtud del RDL, además de incumplir la ley de igualdad y de presuponer "mala fe" en la decisión de aprobar la norma.

La vía de la igualdad

El organismo fundamenta sus dudas en la disposición adicional novena del decreto antidéficit sobre normas especiales para entidades del sector público, al excluirse en ella del recorte salarial al personal laboral no directivo de entes públicos empresariales como Renfe, Adif y AENA, salvo que las partes decidan su aplicación vía negociación colectiva.

Según el letrado del Gabinete Interfederal de CCOO Enrique Lillo, esta providencia, "sin prejuzgar el sentido final del procedimiento", refuerza la posición defendida por el sindicato frente a la reducción salarial a los funcionarios y en demanda de la vigencia de los convenios y acuerdos colectivos alcanzados en el ámbito de las administraciones públicas para 2010.

Más dudas sobre si finalmente saldrá adelante el recurso

Expertos, como el abogado Guillermo Rujas, de la consultora Deloitte, señalaron cuando CCOO interpuso el recurso que no creían que los recursos finalmente prosperen, ya que hay precedentes de sentencias que no avalaron recursos parecidos: por ejemplo, en 2002 el Tribunal Supremo dio la razón al Gobierno del PP cuando decidió congelar los salarios de los funcionarios en 1997 y los sindicatos recurrieron a los tribunales.

Aquel año la Audiencia Nacional admitió a trámite el recurso de los sindicatos de la Función Pública e incluso dictó sentencia favorable al anular dicha congelación salarial. Sin embargo, el Gobierno del PP interpuso recurso de casación ante Tribunal Supremo y éste anuló la sentencia de la Audiencia.

No obstante, en esta ocasión el recurso presenta un componente "diferente", que es la alegación del salario como "derecho adquirido", tal como plantea Comisiones Obreras. Fuentes jurídicas consultadas por Servimedia explican que la ley, en concreto los artículos 4 y 166 de la Constitución y el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), obliga a que en caso de dudas sobre la constitucionalidad de una norma se deba plantear esta cuestión a las partes para que realicen alegaciones. "Esta medida no significa que una vez escuchadas las partes la Sala vaya a plantear efectivamente la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional", recalcan.

El Gobierno: "Es una medida totalmente legal"

El Gobierno insiste en que el recorte que incluye la Ley de Medidas Extraordinarias para la reducción del déficit público es "una medida claramente legal". Fuentes del Ejecutivo aseguraron a EFE que la Abogacía del Estado presentará en los próximos días ante la Sala Social de la Audiencia Nacional las alegaciones correspondientes que justificarán la reducción del salario a los funcionarios por "causas de interés público", ante la grave crisis económica y por la necesidad de reducir el déficit público.

El Ejecutivo reconoce que este recorte salarial en 2010 supone una modificación del Acuerdo para la Función Pública 2010-2012 firmado en septiembre de 2009 y que contemplaba una subida de los sueldos del 0,3% este año, así como una cláusula de revisión salarial. Sin embargo, puntualiza que el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) también incluye la posibilidad de que dicho acuerdo pueda revisarse ante causas de interés público, como una "crisis económica muy grande", señalaron las fuentes.

"El Gobierno piensa que es una medida claramente legal, si no el Ejecutivo no la hubiera tomado", puntualizaron, al tiempo que indicaron que el procedimiento judicial "no ha terminado y está en fase preliminar".

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