BALEARES, PARAÍSO DE NARCOTRAFICANTES

Desde el año 2007 en la Comunidad Autónoma de Illes Balears no se instruye expediente alguno por consumo o tenencia de drogas o sustancias estupefacientes en aplicación de la Ley Orgánica 1/92 Sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

La Asociación de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil ha trasladado su preocupación por la no tramitación por parte de la Delegación del Gobierno de Illes Balears de los expedientes resultantes de las incautaciones de drogas efectuados en el archipiélago desde finales del 2006. Desde la mencionada Delegación del Gobierno se está haciendo caso omiso a la referida Ley Orgánica, la cual, en su artículo 25,1, establece que constituyen infracciones graves a la seguridad ciudadana el consumo en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos, así como la tenencia ilícita, aunque no estuviera destinada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que no constituya infracción penal, así como el abandono en los sitios mencionados de útiles o instrumentos utilizados para su consumo. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Baleares han cumplido con este mandato, si bien su labor ha sido totalmente inútil al no haberse instruido ningún expediente.

La Unión de Oficiales de la Guardia Civil resalta, no sólo la falta de aplicación de una Ley Orgánica por parte de las Autoridades, sino la preocupante imagen que se traslada a los supuestos infractores, los cuales, al ver que la droga incautada no conlleva infracción alguna, podrían concluir que su actitud no les genera sanción alguna -creando un sentimiento de impunidad-, y que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se apropian indebidamente de la droga. A su vez, reseñar el desprecio hacia la labor de los agentes, los cuales han empleado gran parte de su tiempo y esfuerzo en realizar un arduo trabajo, con el riesgo que esto supone, para que finalmente no sirva para nada.

El problema radica, al parecer, en el Área de Sanidad, donde no se han llevado a cabo los análisis de las sustancias aprehendidas, sin haber, en principio, causa que lo justifique.
Durante los años 2.007, 2008 y 2.009 se realizaron en Baleares 12.721, 14.364 y 10.260 incautaciones de drogas respectivamente, sin que ninguna de estas sustancias (salvo las inmersas en procedimientos judiciales) haya sido analizada para posteriormente tramitar el correspondiente expediente administrativo sancionador.

El Delegado no puede achacar el problema a la falta de personal, ya que en el 2006, año en el que sí se analizaban las sustancias, había destinados en la Delegación de Sanidad: un Jefe de Laboratorio, más dos Técnicos Especialistas de Laboratorio y tres Administrativos. En cambio en el año 2.009, donde no se realizó ningún expediente sancionador, los funcionarios destinados eran más: cuatro Farmacéuticos, un Técnico de Laboratorio, un A.T.S y tres Administrativos.

En la exposición de motivos de la referida Ley de Seguridad Ciudadana se menciona como fin de la misma y en relación a la incautación para posterior sanción, la resocialización y no el carácter exclusivamente retributivo. Está claro, que ni una ni otra función se está logrando en esta Comunidad Autónoma, debido a la pasividad de nuestra Administración. Tampoco se lucha para no facilitar el
consumo de sustancias estupefacientes ni se recauda, dejando de ingresar las arcas públicas un mínimo de 15 millones de euros, dinero éste que podría ser empleado en la lucha contra el tráfico de drogas o la deshabituación de personas drogodependientes.

El motivo o las circunstancias que han llevado al responsable de nuestra Delegación del Gobierno a permitir todo lo expuesto se desconocen. Pero sí se tiene conocimiento fehaciente de que NO se puede alegar ignorancia por la misma, ya que por un lado, en escrito interno del Secretario General de la Delegación del Gobierno, de fecha 31 de Julio de 2.008, se dan instrucciones a los funcionarios responsables de que, ante las continuas prescripciones de las infracciones por falta de análisis de las sustancias estupefacientes, se proceda a la destrucción de las mismas, sin llevar acabo trámite alguno y por otro lado, en el mes de abril de este mismo año el Delegado fue informado directamente del problema que existía con la droga incautada por la Delegación de la U.O. en Baleares, sin que ni antes ni ahora se haya hecho nada al respecto.

Las consecuencias de la actitud de la Delegación del Gobierno de Illes Balears bajo la dirección del Señor Ramón Socias, ha sido provocar el desánimo en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, reflejado en una considerable y significativa disminución de las aprehensiones, pasando de más de 10.000 de media anual en los tres años indicados, a 1.800 en lo que llevamos del 2010. Dicha circunstancia está provocando asimismo la permisividad del consumo de drogas y el descrédito de todas nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, no sólo de la Guardia Civil.

Madrid 31 de agosto de 2010
UNIÓN DE OFICIALES GUARDIA CIVIL PROFESIONAL