A principios del pasado mes de julio, se creó la plataforma “No más silencio”, compuesta por las cónyuges de cuatro guardias civiles (dos pertenecientes al Puesto Principal de Arcos de la Frontera y otros dos al Puesto de Ubrique) a los que la Dirección General de la Guardia Civil había impuesto la sanción disciplinaria de pérdida de destino.

Desde dicha plataforma se viene realizando una campaña mediática, recogida en medios de comunicación social tanto nacionales como locales, totalmente infundada, carente del mínimo rigor y con un menosprecio absoluto a la realidad de los acontecimientos que dieron origen a la sanción disciplinaria impuesta, teniendo además como denominador común el acoso indiscriminado e inadmisible hacia el Teniente de Ubrique y el Sargento de Arcos de la Frontera a los que se responsabiliza de la situación.

En este sentido, resulta ridículo justificar la sanción impuesta a los cuatro guardias civiles “por haber declarado en un juicio contra sus mandos” como pretende hacer creer la citada plataforma a base de repetir una y otra vez su versión tergiversada y tendenciosa de los hechos.

Dicha sanción, en realidad, viene impuesta por realizar descalificaciones e  imputaciones muy graves contra sus superiores, que incluso podrían ser constitutivas de delito de injurias y calumnias,  además con trascendencia en diversos medios de comunicación social. Dichas descalificaciones, para más INRI, fueron declaradas como inexactas por sentencia judicial (Sentencia del Juzgado de 1º Instancia e Instrucción Nº 5 de El Puerto de Santa María (Cádiz), demostrando así la falsedad de las acusaciones contra los mandos y obligando a la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) a publicar la oportuna rectificación en los medios en los que se habían difundido.

Sin embargo, AUGC no sólo no rectificó sino que en el Juicio Verbal de rectificación manifestó que se había limitado a publicar lo que sus cuatro asociados le habían comunicado, es decir no se molestó en realizar la más mínima comprobación de la veracidad de los hechos, dejándolos, en consecuencia, expuestos a las repercusiones disciplinarias y legales de sus declaraciones como así ha sucedido.

Desde Unión de Oficiales (UO) consideramos que el fin no justifica los medios y que, por tanto, la defensa de los derechos de estos cuatro guardias civiles no puede nunca estar basada en una campaña difamatoria de acoso y derribo hacia el Teniente, faltando, además, de manera tan ostentosa a la realidad de los acontecimientos.

Por todo ello, trasladamos nuestro apoyo a nuestro asociado ante la desagradable situación que está viviendo, al tiempo que informamos que nuestros servicios jurídicos están estudiando los hechos narrados ante la posible comisión de un delito contra el honor del citado oficial.

UNIÓN DE OFICIALES GUARDIA CIVIL PROFESIONAL

Madrid, 9 de agosto de 2016