Recientemente, diversos medios de comunicación informaban sobre un supuesto acoso a una guardia civil de Chipiona (Cádiz) por negarse a rebajar el riesgo a una víctima de violencia de género tal y como, presuntamente, le indicaron sus superiores.

Si ya de por sí resulta completamente inverosímil que cualquier mando policial, sea del cuerpo que sea, decida por su cuenta y riesgo rebajar la proteccióna una víctima de violencia de género, dada la especial sensibilización al respecto existente en las fuerzas y cuerpos de seguridad, el resto de la noticia y de las declaraciones de la Guardia Civil Luisa María construyen un relato delirante.

La Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO), como asociación profesional de oficiales del Cuerpo, quiere salir en defensa de los mandos afectados, ante las burdas mentiras, que careciendo del más mínimo rigor periodístico, se han publicado y, en particular, contra el Oficial al mando de la Unidad,  atendiendo para ello a narrar los hechos tal y como se han venido sucediendo.

La primera denuncia interpuesta por la víctima de violencia de género no se hizo en enero de 2017, sino en diciembre de 2016. Por entonces, el formulario de Valoración Policial del Riesgo de víctimas de violencia de género (VPR) resultó con riesgo extremo y el Oficial Comandante Accidental del Puesto Principal de Chipiona ordenó la inmediata protección a la víctima, así como las gestiones necesarias para la localización del denunciado, quien resultó detenido tras personarse, de forma voluntaria, en el Puesto. 

Tras la instrucción de diligencias, fue puesto a disposición de la autoridad judicial que dictó orden de protección de la víctima y ordenó la colocación del dispositivo telemático de medidas y penas de alejamiento (pulsera GPS) . En ningún momento, como puede comprobarse, se ordenó rebajar la protección a la víctima pese a que tanto el Alférez como otro de los guardias civiles encargados de la evaluación y seguimiento de víctimas de VIOGEN consideraban desproporcionada la calificación de intensidad de los distintos indicadores del formulario VPR en relación a los hechos denunciados.

No obstante, se estableció la vigilancia permanente de la víctima para su mejor protección, bajando únicamente el riesgo cuando se realizó la Valoración Policial de Evolución del Riesgo (VPER) el día 12 de diciembre, siendo determinante para ello que el agresor fuese detenido, que fue puesto en libertad tras valoración de la Autoridad Judicial, y que se le colocó  pulsera GPS para su constante localización.

El día 13 de enero de 2017, la misma víctima interpuso denuncia por agresión, amenazas e insultos del mismo agresor. Declaró entonces que días después de la denuncia de 9 de diciembre de 2016 reanudó la relación sentimental con su expareja, llegando a comparecer ella en el Juzgado para “retirar” la denuncia y reconociendo que ella dejaba en su casa el terminal del dispositivo GPS de la víctima cuando iba a casa del denunciado a fin de evitar su activación . En este caso, volvió a ordenarse la inmediata protección a la víctima, hasta que, días después de la nueva detención del agresor, la VPER volvió a rebajarse a nivel medio dado que el mismo estaba en prisión por orden judicial. 

Por otra parte, un ejemplo que ilustra todavía más lo preocupantemente inverosímil del relato publicado en prensa es que, se haga referencia a que no se ha activado el “protocolo de protección de los agentes de la autoridad cuando son amenazados por terceras personas por su condición laboral”, dado que no existe un protocolo así ni nada que se le parezca.  Pese a todo, ante la denuncia efectuada por la Guardia Civil Luisa María sobre un vertido de pintura en su vehículo y unas supuestas amenazas a su persona, por orden expresa del entonces Capitán Comandante interino del Puesto Principal, todas las patrullas en servicio realizaron vigilancias esporádicas de su domicilio y del vehículo particular de Luisa María, constando tales vigilancias en las papeletas de servicio de dichas patrullas, no produciéndose nuevos daños desde entonces. 

Por último, conviene precisar que a la agente Luisa María se le solicitó la entrega del arma oficial tras la activación del protocolo por conductas anómalas, dado el comportamiento extravagante que venía desarrollando y de diversos incidentes en los que se había visto involucrada.

A consecuencia de ello, por su reiterada e injustificada negativa a someterse a reconocimiento médico legítimamente ordenado por autoridad competente, es por lo que se la ha instruido expediente disciplinario por falta muy grave y no, como torticeramente afirma, por ser acosada por sus superiores. No hay que olvidar que estos reconocimientos médicos pretenden evitar riesgos para terceros, pero también para la propia afectada como, por ejemplo, autolesiones o incluso el suicidio.

Unión de Oficiales Guardia Civil desea que quienes ejercen la necesaria labor informativa lo hagan con la máxima responsabilidad y rigor, evitando casos como éste, donde el sensacionalismo del titular fácil ha puesto en duda la integridad de un gran profesional y ha ensalzado a quien tantas sombras presenta en su quehacer diario.

Para leer la noticia original pulse aquí

 UNIÓN GUARDIA CIVIL PROFESIONAL