En el día de ayer desayunamos el siguiente titular de un medio de comunicación: “¿Han cometido los agentes de la Guardia Civil un delito de falsedad en el caso 8 M?”

 Como ya ha anunciado esta Asociación profesional, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO), en breve, interpondrá recurso contra el archivo de la causa, pues de la investigación realizada por la Guardia Civil se desprende que hay suficientes indicios que indican que en esas fechas existía suficiente información acerca de la propagación del COVID-19 y habrá que aclarar, si no llegó esa información a la Delegación del Gobierno de Madrid, dónde se cortó esa necesaria información y por qué. Que no se haya dado aún con un responsable, si es que lo hay, no invalida lo investigado hasta ahora y, por mucho que alguien lo pretenda con sus críticas, tenemos que decirle alto y claro que la Guardia Civil no es culpable de la gestión contra la propagación del COVID19.

Una de las líneas de defensa frente a esta causa ha sido el feroz ataque a los investigadores que han trabajado bajo la dirección de una Magistrada-instructora. Se les acusa de “falsedad y manipulación”, pese a que los investigadores han cumplido fielmente con su función como Policía judicial. Cualquier atestado, de la misma manera que una Sentencia, o el propio Boletín Oficial del Estado, puede contener errores que posteriormente son subsanados. Eso dista mucho de una manipulación o de una falsedad. Quienes sostienen esta crítica lo hacen de forma tendenciosa y con ánimo de desacreditar pues saben que los informes de Guardia Civil, incluyen todos los documentos, declaraciones íntegras de los testigos, etc., que evidencian que de haberse producido algún concepto equívoco o error, ha sido de forma involuntaria e, insistimos, aclarados documentalmente en el propio informe.

El artículo al que nos referíamos al inicio en el que se pregunta si los investigadores han cometido delito de falsedad, lo firma el Magistrado del Orden Contencioso Administrativo, don Alfonso Villagómez, y acaba afirmando, literalmente, que “deberían exigirse responsabilidades a los agentes por este cúmulo de falsedades desde la perspectiva del tipo penal de la falsedad ideológica”. En este Artículo, publicado por el portal “Confilegal”, tan sólo incluye esta manifestación, pero no el argumento que le lleva a su autor a emitir una acusación tan grave. Entendemos que el señor Villagómez, Juez de profesión, y ex miembro del Gabinete del en su día Ministro de Justicia de un gobierno del PSOE, simplemente ha debido de estar errado y se ha olvidado de que cualquier aseveración de este calibre, precisa un argumento mínimo, un fundamento similar al que vertebra una resolución judicial.

Confiamos que tome ejemplo de la mayoría de sus compañeros y nos deleite con un mínimo argumento, por aquello de no dañar el trabajo, la familia y los derechos fundamentales del Instructor y Secretario de las diligencias policiales mencionadas o bien, aclare su posición.

A críticas como ésta, se ha sumado el Delegado del Gobierno de Madrid que ha dicho sentirse decepcionado por la investigación, como si ésta hubiese estado destinada a agradarle o desagradarle a él, expresiones que no nos preocupan, pero sí que diga que el informe contenía “manipulaciones”, es decir, la alteración de la verdad con fines particulares.

Hay quienes creen que pueden calumniar o injuriar a la Guardia Civil y sus integrantes sin mayores consecuencias, pero les recordamos que imputar la comisión de un delito es una acusación sumamente grave (máxime cuando estas expresiones las vierten profesionales del Derecho), acusaciones que pueden ser llevadas ante la Justicia.

A diferencia del Delegado del Gobierno a cuya disposición tuvo la Abogacía del Estado y el apoyo de la Fiscalía, no hemos escuchado ni una sola palabra de apoyo por parte del Ministro, Secretario de Estado, Directora General, ni de ningún representante del Poder Judicial, dado que los guardias civiles han actuado como Policía Judicial, en aras a defender su honorabilidad que no han hecho sino cumplir con el mandato de la Juez Instructora.

A esta desprotección se suma que, los puestos de trabajo de investigación como Policía Judicial, Información y determinados jefes de unidad, son puestos de libre designación a los que desde tiempo atrás se les ha alentado a alejarse de las asociaciones profesionales que son las únicas que les pueden ofrecer apoyo y asistencia jurídica en estos casos.

Mientras los Poderes del Estado y la Administración no otorguen la debida protección y nos encontremos con que se está más a buscar “culpables o chivos expiatorios” que a esclarecer la verdad, la UNIÓN DE OFICIALES seguirá siendo UN ESCUDO PARA LA GUARDIA CIVIL y PARA QUIENES LA INTEGRAN, velando por el buen nombre de una Institución patrimonio de todos los españoles.

Madrid, 16 de Junio de 2020

UNIÓN DE OFICIALES GUARDIA CIVIL PROFESIONAL

Una Asociación de Oficiales para Oficiales