Los dos primeros tramos del acuerdo de equiparación, correspondientes a los años 2018 y 2019, ya fueron abonados en esos ejercicios. El pago del tercer tramo, sin embargo, es el que aún está pendiente. En concreto, el tercer tramo conlleva el reparto de 274 millones de euros entre policías nacionales y guardias civiles, una cantidad que, sumada a la de los dos primeros tramos (308 y 249 millones respectivamente en 2018 y 2019), hace un total de 831 millones de euros. En términos más de andar por casa, un policía de base verá incrementado su sueldo mensual en casi 424 euros, en cuanto se haga efectivo el tercer tramo, respecto a lo que cobraba antes del acuerdo de equiparación. Un guarda civil, por su parte, tendrá unos 480 euros más. La cifra aumenta conforme ascendemos en el escalafón.

El tercer tramo que aún queda por abonar se atrancó en las tuberías del Ministerio de Hacienda, que finalmente dio luz verde al desembolso el pasado mayo, en uno de los momentos más controvertidos que ha vivido Grande-Marlaska al frente del departamento que coordina la seguridad del Estado. El ministro anunció el visto bueno de Hacienda en plena crisis institucional de la Guardia Civil, abierta tras la decisión de Grande-Marlaska de destituir al jefe del cuerpo en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, una salida que conllevó una revolución de sables en el seno del instituto armado que ya se ha calmado.

Al permiso de Hacienda para gastar el dinero siguieron una serie de actuaciones administrativas y burocráticas lógicas cuyos trámites han provocado que las cantidades comprometidas con los guardias civiles y policías nacionales, en el marco de ese tercer tramo, aún no hayan sido liquidadas. Fuentes del Ministerio del Interior estiman que el próximo octubre se hará efectiva la cantidad acordada en las nóminas de los funcionarios, que sumará todos los retrasos acumulados desde el pasado mes de enero, lo que engordará sustancialmente la cuenta corriente de los agentes en un momento muy delicado para el resto de empleados de la administración.

La ministra de Economía, Nadia Calviño, no descarta, según se desprende de sus últimas intervenciones públicas, congelar los sueldos de los funcionarios en este momento de crisis económica y sanitaria. Así lo ha dejado entrever la responsable del ramo, que ha entrado en contradicción con otros representantes del Gobierno en esta controvertida materia, lo que ha provocado aún más controversia y nerviosismo entre los afectados. Así lo han transmitido a la opinión pública los diferentes sindicatos que cuentan en sus filas con funcionarios de distintos cuerpos.

La equiparación salarial de las fuerzas de seguridad, sin duda, no tiene nada que ver con esta virtual congelación de sueldos, ya que se trata de una reivindicación histórica. No en vano, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Jupol, logró arrasar en las pasadas elecciones en el seno del instituto armado precisamente con la bandera del discurso de la equiparación salarial en la mano, una muestra de que el bolsillo mueve el voto. Esta asociación reivindica, de hecho, una equiparación continuada para los bolsillos de guardias y policías con el fin de que una supuesta subida de sueldo de los Mossos no vuelva a descompensar la balanza. Su propuesta, sin embargo, es rechazada por el Gobierno.

La Mesa del Congreso de los Diputados, de hecho, tumbó el pasado 3 de marzo la tramitación de una iniciativa legislativa popular emprendida por Jusapol, agrupación que sustenta al sindicato Jupol, para equiparar el salario de todos los cuerpos policiales que operan en el país para siempre y que no haya que estar con negociaciones continuas como la de la presunta subida de los Mossos o la que protagonizaron policías y guardias para repartirse el tercer tramo. El órgano parlamentario se alineó entonces con la disconformidad planteada por el Gobierno en relación con esta propuesta y se negó siquiera a tomarla en consideración. El Ejecutivo argumentó que la iniciativa legislativa pretendía "supeditar la política retributiva del estado a los gobiernos autonómicos y locales, pues pretendía ligar el sueldo de Policía y Guardia Civil a cualquier futura subida salarial de los cuerpos policiales no solo autonómicos, sino incluso locales". En torno a Las Cortes se congregaron ese día alrededor de 30.000 funcionarios, según calculó la organización de Jusapol, una movilización que a juicio de esta última asociación sirvió para visibilizar el malestar que tienen los policías y los guardias.

Los policías y guardias civiles se han unido en torno a Jusapol como nunca lo habían hecho hasta el momento. El empuje de esta asociación sacó a miles de agentes a la calle en manifestaciones que no se habían visto hasta el momento. Jusapol fue creada exclusivamente para luchar por la equiparación, pero la iniciativa se convirtió luego en un sindicato de Policía Nacional, por un lado, que ganó las elecciones internas del cuerpo con una cifra histórica. Su homólogo en la Guardia Civil aún no ha tenido oportunidad de presentarse. El acuerdo de equiparación, sin embargo, fue firmado por los sindicatos que estaban en el Consejo de la Policía y de la Guardia Civil antes de que Jusapol tuviera representación.

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