Es uno de los numerosos episodios registrados este verano en España con intentos de agresión a los agentes policiales cuando éstos se personaron para disolver concentraciones de chavales que, desafiando las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias para luchar contra la covid-19, bebían alcohol en la calle. En las recientes fiestas del barrio barcelonés de Sants, seis mossos resultaron heridos por los objetos que les lanzaron.

«No da tiempo a mediar palabra. Es acercarse y te reciben a botellazos y pedradas. Últimamente, agredir a la policía forma parte de la diversión del botellón», denuncia el portavoz del Sindicato de Policías de Cataluña (SPC), David Miquel. «Cada vez hay más agresividad, cada vez las calles son más violentas y los patrulleros perciben que la gente va más crecida contra la policía porque no hay contundencia en castigar al agresor», lamenta.

Miquel considera que la situación que se vive ahora es fruto en gran parte de que algunos responsables políticos «no han sido muy beligerantes» contra los agresores de los agentes de la autoridad «por intereses partidistas». «Ha habido formaciones en Cataluña que, cuando se han quemado las calles, han llegado a decir que era un ejercicio de expresión democrática», resalta.

El portavoz del SPC considera determinante para que se haya llegado a la situación actual la «sensación de impunidad» existente por el insuficiente castigo que tiene la agresión a un agente. «Están tratando de imponer su voluntad al margen de las normas que la sociedad se ha dado. La democracia no es hacer lo que te dé la gana», añade.

«Violencia gratuita»

Esta percepción es plenamente compartida por Roberto Seijo, secretario general del sindicato mayoritario en la Ertzaintza (Erne). En su opinión, el incremento de la violencia hacia la policía es consecuencia de la «falta de diligencia» tanto del poder judicial como de los gobiernos, estatal y autonómicos. «Si muchas veces la Fiscalía llega a acuerdos con las defensas para minimizar las condenas y las instituciones no se personan en favor de la seguridad, esas personas ven que la violencia que ejercen es gratuita. No hay un reproche penal o institucional y eso es terrible», se queja.

«Cuando una persona rompe una botella y se encara a un policía eso es atentar contra un agente de la autoridad. Si yo rompo una botella y voy a atacar a un magistrado en un juzgado me acusarían por atentar contra la autoridad. ¿Por qué no se hace lo mismo con los policías?», se pregunta Seijo. El sindicalista vasco recuerda que las fuerzas de seguridad son «el último muro» para el cumplimiento de los derechos y libertades del ciudadano y advierte de que esta barrera «se está quebrando día a día».

«El problema que tenemos los policías es la falta del principio de autoridad. Al perderse, el ciudadano que monta algarabías o no está conforme con las instrucciones que se dictan se rebela», sostiene el secretario general del sindicato Jupol en Cataluña, Marcos Veiras. Y advierte: «Nos vemos limitados a la hora de actuar. Tienes que ir con mucha cautela».

La crítica alcanza también a la actuación de muchos políticos con responsabilidades en la gestión pública, especialmente en Cataluña. El pacto de ERC con la CUP para formar gobierno incluyó un recorte de las competencias de los Antidisturbios de los Mossos d’Esquadra y el compromiso de que el Ejecutivo autonómico no se personaría como acusación en las causas por altercados y desórdenes contra independentistas.

«Yo no he visto a ningún responsable criticar las actitudes violentas y decir que no se van a tolerar esas actuaciones y que van a ponerse serios. Imagine el mensaje que se lanza cuando el responsable político calla», censura David Miquel. Roberto Seijo refuerza esa idea: «Si hay partidos políticos que hacen el avestruz en relación con la condena de esa violencia, esas personas ven que hay una libertad para ejercerla sin reproche y puede ir en aumento».

Falta de efectivos

A la luz de los sucesos de este verano, el SPC ha enviado un nuevo escrito a los responsables de la Generalitat en el que demandan el rediseño de los dispositivos para evitar que se siga poniendo en riesgo «la integridad física de los agentes» que participan en el desalojo de concentraciones masivas por el aumento de la agresividad. «El modelo de orden público no se ha modificado como en los países de orden público, donde si hay 2.000 personas mandan a 4.000 policías. Aquí no, aquí se envía a 200 agentes a un botellón de 5.000 personas porque tienes lo que tienes», censura Miquel. Esa falta de efectivos también se destaca desde Jupol, sindicato mayoritario en la Policía Nacional.